miércoles, 14 de marzo de 2018

Las pintadas del 8M sí son un síntoma del mal-estar

Foto tomada en Barrio Luján, el 9 de marzo de 2018. Foto: Henry Picado Cerdas
Fabiola Pomareda García (*)

-Opinión-

El intento de criminalización de las personas que rayaron las paredes en San José después de la Marcha del 8M y la complicidad de los medios de comunicación, no pueden esconder el enorme malestar de miles de personas de este país. Porque al final de cuentas, el grafiti seguirá estando vivo en medio de esta democracia controlada y vigilante.

Como se sabe, el 8 de marzo las paredes de las iglesias de Nuestra Señora de La Merced, La Soledad, Nuestra Señora de Barrio Luján, la Catedral Metropolitana, y el Museo Nacional fueron pintadas con mensajes claros y directos, como “Educación sexual ya”, “Iglesia machista y sexista”, “Estado laico ya”, “Picha violadora a la licuadora”, y “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, entre varios otros.

Esto desató una reacción, no sólo de condena hacia los grafitis desde el Gobierno, redes sociales y prensa, hacia estas pintadas, sino una criminalización de las personas que lo hicieron.

Yo me pregunto: ¿En qué país viven?, ¿desde cuándo sufren demencia y ¿por qué el escándalo?

El grafiti fue, es y seguirá siendo ira popular e insultos, si así se desea. Recuerdo en los 90s ver tantísimas paredes de la capital rayadas. “Prensa vendida”, “Jueces narcos”, “Alto al terrorismo de Estado”, “Nadie cumple, vote por Nadie” y “Seremos libres” y todas las condenas durante el gobierno de José María Figueres (1990-1994) como “Figueres-Calderón, la misma cuecha son” y el de Miguel Ángel Rodríguez (1994-1998). Ataques, insultos, y mucha poesía también.
Vinieron luego los años del Combo del ICE en el del 2000; las pintas del NO al TLC en el 2007 y las que estaban contra la Ley del Fotocopiado en el 2012.

Siempre va a seguir siendo así. Se trata de revelar una disconformidad con el poder y por eso están y se hacen en el lugar donde el poder opera, porque si no, ¿cuál es el sentido?

El Gobierno sacó un comunicado en el que condenaba “los actos vandálicos cometidos contra varias iglesias católicas y otros edificios que son patrimonio histórico nacional”. “Tales actos son inaceptables en un país que defiende el respeto a todas las opiniones y creencias; especialmente en momentos en que debe prevalecer la unidad nacional y la reflexión sensata acerca del futuro de la nación”.

Perdón; pero no estoy de acuerdo. Si fuera así, no tendríamos por qué estar escuchando mensajes de discriminación hacia las personas gays y de la diversidad sexual en general, desde las radioemisoras evangélicas.

Además, ¿Qué quieren? ¿Que la gente sólo siga rayando sus muritos de Facebook con fondos de pantalla de colores? Eso es parte de lo que ha venido pasando, que la gente se ha tragado entero el cuento de que ejercen y viven en una democracia partiticipativa porque opinan en redes o sociales, o lo que es peor, creen que protestan o se manifiestan en contra de algo sólo porque lo ponen en el estado de su perfil de Facebook. Ya sabemos que eso no es más que una plataforma de domesticación.

Si la gente quiere rayar paredes y está dispuesta a comerse la bronca, o a ejercer un voto nulo de protesta consciente porque de veras cree que es una farsa tener que escoger entre el menos peor, o si tiene la valentía de vestirse de criada para hacer una demostración en las calles a vivo y a todo color de las amenazas de los fundamentalismos religiosos, o si  no le da vergüenza desnudarse y ensangrentarse las piernas envuelta en una bolsa de plástico negro para denunciar los femicidios, pues que lo hagan.

Ahora resulta que un amplio sector de la sociedad y medios de comunicación están inconsolables por la destrucción de patrimonio nacional. Pero yo no los vi denunciando la misma destrucción de patrimonio nacional por parte del estado y de los grupos corporativos, cuando se han demolido o abandonado a su suerte otros edificios de gran riqueza histórica y cultural.

Un periódico de circulación nacional publicó un editorial titulado “Vandalismo irresponsable”, donde dice: “Los vándalos lesionaron la fe y la cultura para no mencionar la propiedad, pero también exacerbaron las tensiones de un momento político delicado”. Continúa: “Los lemas pintados en las iglesias del centro de San José son una expresión inequívoca de intolerancia religiosa y una agresión contra los católicos".

Pero para terminar, el editorial cierra diciendo que “la semilla que siembra (esta gente de las pintadas supuestamente), está envenenada y no se puede permitir su germinación”.

¿No suena esto a un llamado  exterminador?

En general, creo que todos estos son intentos por opacar la Marcha del 8M y por querer hacer ver los grafitis como hechos aislados de personas “vándalas”, cuando en realidad son acciones feministas contra el sistema capitalista patriarcal, en defensa de los derechos de las mujeres y en contra del fundamentalismo religioso.

Si las pintadas aparecen en las paredes es por algo. No traten de esconderlo bajo el tapete, igual que la homofobia y la discriminacion, o el odio de clase camuflado. No traten de medicarlo. No traten de fingir que seguimos en un país de paz pura vida de democracia participativa que esta mejor que el resto de Centroamérica, porque todo esto es síntoma del mal-estar popular acumulado de años.

 (*) Periodista. Trabaja en la Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, en San José, Costa Rica. Correo: pomaredafabiola@gmail.com

viernes, 25 de agosto de 2017

“Casa en Tierra Ajena”: Escarba en las causas de la migración forzada

Foto: Cortesía Casa en Tierra Ajena

Un documental relata las historias y los sueños de personas centroamericanas en procesos de migración forzada hacia Estados Unidos y recupera las voces de quienes se han quedado en sus países, resistiendo e intentando transformar sus realidades.

Fabiola Pomareda García (*)

La mayoría de documentales que abordan el tema de la migración la ven como un fenómeno descolgado de las políticas de desarrollo en nuestros países y desligado de los factores de expulsión. En el filme “Casa en Tierra Ajena”, en cambio, se exponen y cuestionan los contextos de despojo, empobrecimiento y violencia de larga data, asi como los proyectos extractivistas de empresas que llevan años de desmantelar las economías campesinas e indígenas en Centroamérica y México.

En este documental, producido en Costa Rica por un equipo de dos universidades públicas, también se buscó trascender el relato del viaje, de lo que le pasa al migrante en la carretera, en el desierto, en el tren. Más allá de la ruta de la migración, se hizo un esfuerzo por mostrar la paradoja existente entre las políticas que obligan a migrar y las políticas que quieren contener esa migración, que exponen a las personas migrantes a más peligros.

El documental expone los factores de expulsión que fuerzan a las personas a salir de Guatemala, El Salvador y Honduras; los mecanismos de control cada vez más violentos y represivos que se imponen para intentar retener a los migrantes; y la solidaridad que se teje sin fronteras.

El proyecto parte de una investigación larga, rigurosa, exhaustiva. Surge del libro “No más muros, migración forzada en  Centroamérica”, escrito por el investigador y docente costarricense Carlos Sandoval García, quien tiene una larga trayectoria de investigación en el tema de migración.

La migración es principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, en el documental se plantea que ese mismo gobierno estadounidense es el que financió las guerras en Centroamérica contra los movimientos de izquierda, el que obligó a los países centroamericanos a firmar los tratados comerciales, y el que quiere seguir levantando muros.

Sandoval, investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el documental se construye sobre tres preguntas: “¿Por qué se siguen yendo a Estados Unidos las personas centroamericanas si cada vez es más peligroso cruzar la frontera?; ¿por qué la política migratoria se ha endurecido tanto y cada vez hay más trabas para migrar?; y ¿por qué a lo largo de la ruta migratoria la gente más humilde es la más solidaria, tanto en México como en Estados Unidos?”

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) registró 578 indocumentados desaparecidos o muertos entre Centroamérica y Estados Unidos en 2016. En las últimos dos décadas, la OIM observó que más de 60 mil migrantes murieron o desaparecieron en su camino por México. Asimismo, se estima que cada año más de 450 mil personas, principalmente centroamericanas, cruzan México hacia EE.UU, señala la OIM.

El documental fue estrenado en marzo de este año en San José, Costa Rica, y se sigue presentando en el resto de Centroamérica, México, EE.UU. y Europa. Se difunde en un momento en el que arrecian las políticas anti-inmigrantes por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump; y las acciones y resistencia de parte de la comunidad inmigrante y las organizaciones de activistas en todo el país.

Historias que son parte de un relato colectivo


Foto: Cortesía Casa en Tierra Ajena


Una característica diferenciadora del documental es que no se quería hablar de historias de países, sino de la historia de migración de una región. Son historias contadas por la gente que las vivió en carne propia; por la gente en los territorios. No las cuentan los economistas, ni los sociólogos, ni los investigadores. Son parte de un relato colectivo, donde no hay un narrador o narradora, sino que el narrador es la voz colectiva de las y los migrantes. De ahí que el documental es contado desde ellas y ellos.

En Guatemala, por ejemplo, se entrevistó a Marcelino López, sobreviviente de las masacres de Cuarto Pueblo en el contexto del conflicto armado interno; a Rubén Herrera, defensor de los ríos y la tierra, que forma parte de la resistencia al proyecto hidroeléctrico de la empresa española Hidraliaeconer, en Santa Cruz Barrillas; a Yolanda Oquelí, defensora de los derechos de los pueblos y el derecho a la tierra y parte de la Resistencia Pacífica contra la minera La Puya, en San José del Golfo.

En Zaculeo, Huehuetenango, se entrevistó a Lorena Cabnal, mujer indígena maya-xinca, que analiza los distintos factores que llevan a la migración forzada en Guatemala. Y en las Brigadas de Paz se conversó con Jorge Sologaistoa, fundador de OASIS y quien explicó el aumento de la migración de personas que huyen de la discriminación por diversidad sexual.

En El Salvador, se entrevistó a familiares de migrantes desaparecidos o fallecidos organizados en el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); a Marisa Martínez, fundadora de la Fundación Monseñor Romero, sobre la relación entre el tema de la violencia de pandillas y el empobrecimiento con la migración; y a  una joven madre de cinco hijos, cuyo marido migró a Estados Unidos forzado por la presión de las pandillas que extorsionan hasta a los trabajadores más humildes. Actualmente su esposo forma parte de los migrantes desaparecidos que busca el COFAMIDE.

En Honduras se entrevistó a padres y madres de menores migrantes deportados; a personas de las comunidades de Tornabé y Barra Vieja sobre el impacto del megaturismo en la migración forzada; y a representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), sobre la migración infantil y lo que la comunidad garífuna explica como el tercer destierro.

En el Aguán entrevistaron a campesinos y campesinas miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos sobre el Aguán y de las Cooperativas organizadas para la recuperación de tierras. Conversaron sobre la relación entre el golpe de Estado de 2009 y el despojo de tierras campesinas con la migración forzada en Honduras; y también abordaron el tema de la persecución a defensores de derechos humanos.

En México se entrevistó a Artemio Velasco, fundador de la Casa para Migrantes “Casa Mambré”, una iniciativa autogestionada donde don Artemio puso a disposición el patio de su propia casa y junto a miembros de las Comunidades Eclesiales de Base levantaron en 2013 un albergue para migrantes en tránsito por México. También conversaron con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula y con el padre Pedro Pantoja y la hermana María Guadalupe Argüello sobre la labor realizada por la Casa del Migrante de Saltillo en Coahuila. Entrevistaron a jóvenes migrantes de Centroamérica detenidos en la Estación Migratoria de Saltillo Coahuila del Instituto Nacional de Migración (INM) de Coahuila; y al padre José Guadalupe Valdés  y Guillermo Taylor de la Casa del Migrante de Piedra Negras “Casa Emaus”.

Villalobos señaló que las y los protagonistas son las personas que se enfrentan al drama de la migración forzada; aquellas que se quedan en sus países luchando por la transformación social para una vida digna y también aquellas que se solidarizan con las personas migrantes en el camino. “Son historias que debemos conocer para comprender las verdaderas dimensiones de la emergencia humanitaria de la migración en Centroamérica”, afirmó.

Foto: Cortesía Casa en Tierra Ajena


Un trabajo colaborativo de tejer redes y tocar puertas

“Casa en Tierra Ajena” vio la luz después de un proceso de tres años de investigación, pre-producción, producción y post-producción. Se decidió ir a los países de Centroamérica donde migra más gente para ver por qué la gente se va de sus países. El equipo de producción filmó en Honduras, El Salvador, Guatemala y México y recorrió 4,200 kilómetros.

Santiago Martínez. Foto: Cortesía


El financiamiento fue aportado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) al proyecto llamado “Producción y difusión de un documental sobre migración en Centroamérica”, realizado en co-producción entre la UNED y la UCR.

El equipo de producción está formado por Ivannia Villalobos, Carlos Sandoval, Michele Ferris y Santiago Martínez, además de un talentoso grupo de personas que realizaron la post-producción.

Foto: Cortesía Casa en Tierra Ajena


Como contó Ivannia Villalobos, productora audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y directora del documental, fue un trabajo colaborativo de tejer redes y tocar puertas. Se tenían contactos por trabajos previos, se buscaron organizaciones comunitarias y otras que trabajaban con migrantes, se seleccionaron las comunidades según los factores de expulsión. Luego se buscaron productores de campo en cada país. “Había gente que estaba deseando poder contar sus historias y hacer sus denuncias, que les facilitáramos el proceso de comunicación, visibilizar a las organizaciones y a las personas defensoras de derechos humanos, para reivindicar su papel”, dijo.

Las causas de la migración forzada siguen intactas

Villalobos señaló que “las y los protagonistas son las personas que se enfrentan al drama de la migración forzada; principalmente aquellas ubicadas en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador)” y agregó: “Los protagonistas son también quienes se quedan en sus países luchando por la transformación social para una vida digna y también logramos retratar a aquellos que se solidarizan con las personas migrantes en el camino”. “Son historias que debemos conocer para comprender las verdaderas dimensiones de la emergencia humanitaria de la migración en Centroamérica”.

La migración responde a contextos de despojo, empobrecimiento y violencia de larga data. Estos son recrudecidos porque cuando aumentan los factores de expulsión que llevan a las migraciones forzadas, a su vez aumentan los mecanismos de control y represión que levantan muros contra quienes se mueven en la búsqueda por sobrevivir.

Si bien hay factores de expulsión diferentes en cada país, en Guatemala se pueden mencionar la pobreza, la desigualdad, el despojo y la violencia causada por megaproyectos (minería a cielo abierto, hidroeléctricas y turismo) en comunidades indígenas. Muchas de las personas que migran desde Guatemala ya no tienen  acceso a la tierra ni a fuentes de trabajo.

En Guatemala también son causas del desplazamiento migratorio la criminalización y persecución de líderes comunitarios y defensores de la vida y de la tierra; y la impunidad.

En Honduras, las principales causas de la migración son el despojo de bienes y de territorio, la concentración de la tierra, la violencia y represión contra campesinos e indígenas, los proyectos turísticos oligárquicos, la inseguridad y el desempleo.

Si bien hay factores de expulsión diferentes en cada país, en El Salvador se pueden mencionar la violencia como problema estructural, las pandillas, las extorsiones, la pobreza, la desigualdad, el despojo y la violencia causada por megaproyectos.

En el caso de Guatemala y El Salvador, se suman otros factores más históricos como los conflictos armados durante la década de 1980 y sus secuelas.
Al respecto, Sandoval comentó que “las causas que generan la migración siguen intactas; las condiciones de vida, el desempleo y la violencia han empeorado; las personas siguen intentando cruzar la frontera, aunque sea cada vez más difícil”.

No hay un final feliz

El equipo de producción del filme pudo conocer acerca de todas las problemáticas que enfrenta una persona migrante en el camino hacia el Norte: violaciones, extorsiones, secuestros, viajes exhaustivos con poco dinero y la persecución del crimen organizado. Si aún así, la persona logra llegar a EE.UU. y hace una vida allá, eso no garantiza nada. Pueden vivir durante años en EE.UU. con su esfuerzo, trabajo y sacrificios; pero luego muchas personas son deportadas a sus países, donde no tienen oportunidades y terminan tomando la decisión de enfrentar nuevamente el viaje, con toda su crudeza.

Foto: Cortesía Casa en Tierra Ajena


Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, un promedio de 2.5 millones de guatemaltecos -uno de cada diez- vive fuera de su país, una cifra mucho mayor al promedio global de migrantes por nación, que es de un 3% de la población. Asimismo, las deportaciones de guatemaltecos vía aérea desde México y EE.UU. han aumentado. Sólo entre 2012 y 2014, se registraron 250 mil casos.

Según organismos de derechos humanos, unos 100 hondureños salen a diario hacia Estados Unidos, pagando a traficantes de personas grandes cantidades de dinero. De acuerdo con el "Informe estadístico de las personas repatriadas/retornadas a Honduras", los municipios con mayor migración de hondureños a EE.UU. eran Francisco Morazán Distrito Central; Cortés, San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba; y Olancho, Catacamas.

La migración en Honduras está afectando mucho a menores de edad. Según el informe "Niñez y Adolescencia Migrante no acompañada retornada", de la OIM, el 51,9 % de los menores deportados emigró por su propia cuenta y un 39,8 % con un traficante de personas.

Asimismo, 5,000 hondureños han sido deportados desde México y EE.UU. en lo que va de 2017 informó la Cancillería, a través de un informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho).

Por eso es que el documental también ha buscado posicionar el derecho a no migrar. ¿Por qué la gente tiene que ver la migración como la única opción?, ¿Por qué romper sus lazos o romper sus relaciones con el territorio? 

Como dice la feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal en el filme: “Viajas con tu empobrecimiento. No es automáticamente que se te transforma la vida. Tendrás que trabajar impresionantemente cuántas jornadas laborales, llegar y no hablar el idioma, no vestir el traje, dejar a los hijos e hijas en otros países, tratar de interpretar los nuevos códigos culturales y vivir el racismo”.


Aquí está disponible de forma pública el documental:
https://www.youtube.com/watch?v=AkrZIumTRjI

(*) Fabiola Pomareda García es periodista freelance, vive en San José Costa Rica y colabora con la Asociación Voces Nuestras. Correo: pomaredafabiola@gmail.com

domingo, 10 de julio de 2016

Finca Chánguena: El triunfo legal no repara todo el daño causado

Foto: Fabiola Pomareda


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Muchos compartimos con alegría la noticia de que un Tribunal resolvió que legalmente no se puede desalojar a las familias campesinas que viven en Finca Chánguena y Cuadrante 3, en Palmar Sur.

Pero esa victoria no borra todo lo que ha pasado y creo que en este conflicto hay varias personas que deberían salir a dar la cara y explicar bajo qué circunstancias y siguiendo órdenes de quién se dieron las acciones violentas de desalojo, destrucción y represión de los últimos dos años.

El pasado viernes 8 de julio un Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que las órdenes de desalojo planteadas por el empresario Óscar Echeverría Heigold se dirigían a otras familias que ya no viven ahí y que, por lo tanto, ningún desalojo actual sería legal. Es decir, que el Estado no puede desalojar a nadie y si lo hace estaría cometiendo un abuso.

Bien por las y los abogados y demás personas que le dieron seguimiento a este caso y que trabajaron para que se lograra ese resultado.

Pero recordemos que a estas familias les violentaron injustamente. Les voltearon sus casas patas arriba, les rompieron muebles, les tiraron la ropa, les robaron refrigeradores, motosierras, bicicletas.
Recordemos cuando les machetearon y les arrancaron sus matas de plátano, yuca, arroz frijoles, maíz, tiquisque, ñampí y ayote y cuando les quemaron los ranchitos que tenían en sus patios.

¿Se acordarán los oficiales de la Fuerza Pública y los antimotines cuando golpearon a sus propios vecinos en el puente sobre el río Térraba y les reventaron la cabeza?
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La historia de Finca Chánguena es una historia de desesperación. De la desesperación de muchas personas ante un sistema violento y desigual donde el Gobierno y grupos económicos de poder promueven la desigualdad y la concentración de tierras en pocas manos, escudándose en la cultura democrática hipócrita y de defensa de la propiedad privada.

El Tribunal Contencioso Administrativo dijo que el desalojo no tiene razón de ser, porque las personas que estaban en la lista para ser desahuciadas en el 2001, no son las mismas que viven el terreno hoy en día. Como bien dice el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, “la gran pregunta es ¿cómo fue que hicieron el primer desalojo si no se aplica a esa gente y precisamente eso es lo que hemos estado diciendo?”

Estamos hablando de esta gente que apenas tiene para comprar las cosas básicas para comer, y aún así durante años estuvieron viendo a ver cómo se pagaban los pases para viajar en bus hasta el Juzgado de Corredores a ver si podían frenar el desalojo, o viniendo a reuniones ridículas e inútiles con gente del Gobierno y mediadores a San José.

Y además de esa pregunta que plantea el diputado, también hay otras que todavía están sin responder. ¿Quién es Oscar Echeverría Heigold y por qué y cómo tuvo poder para conseguir que el Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, la Procuraduría, el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública y funcionarios de tribunales hicieran exactamente lo que él quería? Sería interesante hacer una lista de todas las personas que durante este tiempo le han seguido el cuento y lo defendían.

¿Acaso la gente que está dirigiendo este país no tiene la capacidad para darse cuenta de que se estaba cometiendo una injusticia y que los argumentos que defendían estaban llenos de sinsentidos y absurdos legales?
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Cuando la United Fruit Company se fue en 1984, pedazos de estas fincas pasaron a la Cooperativa Autogestión de Productores de Palma y Cacao de Palmar Sur (COOPALCA). En 1991, esta cooperativa las arrendó a las empresas Bananera Chánguena y Bananera Térraba, propiedad de Echeverría Heigold, que explotaron las tierras por 10 años, hasta que quebraron. En el 2001 y después de haber dejado de recibir sus salarios, los trabajadores de Bananera Térraba se fueron a huelga. Después de dos meses de huelga fueron despedidos sin responsabilidad patronal. Fue cuando tomaron posesión de la tierra para cultivarla y compensar la deuda que su patrono no les honró. El empresario gestionó un desalojo; pero pasaron los años y el proceso se estancó. En el 2014 Echeverría Heigold amenazó con demandar al Estado si no ejecutaba el desalojo. El Procurador General reactivó el proceso y firmó un acuerdo conciliatorio con el empresario. Empresario que por cierto aparece relacionado con seis sociedades anónimas con morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La deuda de Bananera Chánguena con la CCSS es de ¢165.304.738, y la de Bananera del Térraba S.A. es de ¢315.173.585.

A fines de julio de 2015 un Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la ejecución del desalojo y fue cuando personas de COOPACALCA escoltadas por la Fuerza Pública arremetieron contra las familias y sus viviendas y cultivos.

Luego vino la primera toma del puente sobre el río Térraba, en agosto. Las familias campesinas afectadas cerraron un carril de la carretera Interamericana para pedir al Gobierno que detuviera la medida. La segunda toma fue en noviembre de ese año. Y otra más en febrero de este año, que terminó con varias personas arrestadas.
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El diputado Edgardo Araya dice que se empezará una investigación para ver dónde está la responsabilidad de los hechos y cómo se hizo el desalojo el año pasado. También dijo que el acuerdo conciliatorio entre la Procuraduría y Echeverría Heigold, no tiene validez y que se pudo haber impugnado. Léase, el Gobierno pudo haberlo impugnado.

Después de lo que pasó el 8 de julio y bastante tarde por cierto, el INDER declara que hay conflicto agrario en esa finca y que según la Ley de Tierras y Colonización durante un año no se puede hacer ningún desalojo hasta que ellos no decidan si compran la finca o reubican a las personas.


Ha quedado más que claro de lado de quién ha estado el Gobierno en este conflicto. Lo que no queda claro es por qué. Celebramos el triunfo legal del viernes en este caso; pero sobre todo celebramos que las familias campesinas de Finca Chánguena ya no creen en explicaciones vacías y cobardes de las autoridades de este país.

viernes, 17 de junio de 2016

Canales de tele y frecuencias de radio: Cada vez en menos manos


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

La falta de control y acciones del Estado durante años y la ausencia de una legislación actualizada ha permitido que unos pocos grupos de poder económico en Costa Rica concentren varios canales de televisión y frecuencias de radio.

Los mismos datos actualizados de concesionarios de frecuencias en AM, FM y canales de televisión, provistos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) así lo muestran. Para el 2016 había en el país 74 frecuencias de radio AM; 55 en FM y 73 frecuencias televisivas. Otoche SRL tiene 5 canales de televisión; The Worldwide University Network Radio tiene 7 frecuencias de radio;
y la Iglesia Católica 8 frecuencias y 2 canales. La Televisora Cristiana TBN o Enlace TV tiene 7 canales. Pero el caso más claro sigue siendo el de la empresa Representaciones Televisivas (REPRETEL), que tiene 8 canales de televisión y 13 frecuencias de radio, incluyendo a su subsidiaria Sociedad Central de Radios CDR S.A (Ver cuadro).

La concentración de la propiedad de medios en radio y televisión en Costa Rica -al igual que en el resto del mundo- es de suma importancia en el debate actual sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación, en cuanto influye en el mensaje que dan estos medios a través de sus programas y con las noticias que difunden, acordes con sus intereses.

Es de importancia porque son las empresas mediáticas más fuertes las que controlan lo que cada vez mas personas ven, escuchan o leen, debido a los volúmenes de audiencia que manejan. Eso también significa, como han explicado expertos, que controlan lo que piensa la gente: es un tipo de programación mental. A través del control del espectro radioeléctrico, un bien público, nos muestran el mundo a través de un solo un lente, que refleja una realidad muy limitada.




Concentración de la propiedad de los medios

¿Cuántas frecuencias son concentración? Aunque no existe una definición última de concentración, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que el pluralismo es un espacio en el que se desarrolla una amplia gama de valores sociales, políticos y culturales, opiniones, información e intereses, que encuentran un espacio de difusión a través de los medios de comunicación. Según la Relatoría, la concentración es concebida como la negación de la pluralidad, signo distintivo de la libertad de expresión. Dentro de este marco, se ha señalado que “sin pluralidad de voces y opiniones, los medios de comunicación masiva no pueden desarrollar un papel positivo dentro de una democracia” dado que “el pluralismo es una regla fundamental dentro de las políticas [...] vinculadas a los medios de comunicación social”.

Según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones de Costa Rica, de 2008, se entiende por concentración “la fusión, la adquisición del control accionario, las alianzas o cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido independientes entre sí”.

“Previo a realizar una concentración, los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán solicitar la autorización de la Sutel, a fin de que 28 esta evalúe el impacto de la concentración sobre el mercado. Dicha autorización se requerirá con el fin de evitar formas de prestación conjunta que se consideren nocivas a la competencia, los intereses de los usuarios o la libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones”, continúa.

Recientemente se le consultó a la SUTEL cuáles eran los índices que manejaban ellos de cuánto era técnicamente concentración. A través de su encargado de prensa respondieron lo siguiente:
“Para analizar la concentración del espectro como un recurso se utiliza el índice de Herfindahl (HHI) o índice de Herfindahl-Hirschman que consiste en una suma del cuadrados de la cantidad de asignaciones del recurso que se está valorando”. Esa definición fue bastante confusa.

¿Quién dice que hay concentración?

En Costa Rica "existe una evidente concentración de las frecuencias más rentables para la provisión de servicios de telecomunicaciones en unos pocos concesionarios, algunos de los cuales deberán ser motivo de estudios específicos para determinar la congruencia entre el título de servicio privado y el uso real que se le da a las respectivas frecuencias". Así lo señala el Informe Nº DFOE-IFR-IF-6-2012 del 30 de julio de 2012 de la Contraloría General de la República.

Lo comprobó igualmente una investigación de la periodista Gianina Segnini, quien elaboró el capítulo de Costa Rica del libro “Los monopolios de la verdad. Descrifrando la estructura y concentración de los medios en Centroamérica y República y Dominicana”.

“En Costa Rica”, señaló, “cinco grupos empresariales concentran dos o más frecuencias de radio”. Segnini, experiodista del diario La Nación, actualmente dirige la Maestría de concentración de datos en la Escuela de Periodismo de la Universidad Columbia, en Nueva York.

Otra investigación también detalla que en la última década ha aumentado la concentración de la propiedad en la radio en Costa Rica y esto ha estado determinado por la trasnacionalización de los medios, que después de distintos procesos de compra-venta, fusiones y adquisiciones, han pasado a formar parte de grandes conglomerados transnacionales. Se trata del artículo “Los dueños de la palabra en Costa Rica en un contexto de reforma neoliberal”, de Francisco Robles Rivera y Koen Voorend publicado en la revista Rupturas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en el 2012.

¿Por qué se ha dado?

Una de las razones de la concentración de medios de comunicación tiene que ver con el desorden con que se ha manejado el espectro radioeléctrico en el país; es decir, esa especie de carretera por donde viajan las ondas radiales y las señales televisivas.

Una de las conclusiones del “Informe técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica” es que “El control del espectro fue escaso, lo que facilitó el otorgamiento de frecuencias demasiado amplias y prácticamente gratuitas para usos tecnológicamente inadecuados, permitió numerosos incumplimientos de los concesionarios en cuanto a los usos y condiciones establecidas en las licencias, traspasos y cesiones de títulos sin contar con las debidas autorizaciones, alquileres de frecuencias, concentraciones de frecuencias, uso ineficiente de las mismas, entre otros.”

Dicho informe fue elaborado en el año 2009 por el Programa Sociedad de la Información y Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según otra investigación sobre la radiodifusión en Costa Rica, realizada también por el PROSIC, los grupos o cadenas radiales empezaron con una emisora matriz consolidada históricamente, y a partir de ahí se expandieron comprando y renovando otras emisoras.

Lo cierto es que la forma en que las frecuencias radiales en Costa Rica han pasado de mano en mano denota una curiosa promiscuidad, por la manera en que han sido “cedidas” sin ningún control y por los montos ridículos que el Estado ha recibido por estas concesiones de un bien público, propiedad de toda la sociedad costarricense, como lo es el espectro radioeléctrico.

Por otra parte, en la última década ha aumentado la concentración de la propiedad en la radio determinado por la trasnacionalización de los medios, que después de distintos procesos de compra-venta, fusiones y adquisiciones, han pasado a formar parte de grandes conglomerados transnacionales. Así lo detallan Francisco Robles Rivera y Koen Voorend en su artículo.

El libro “Los monopolios de la verdad. Descrifrando la estructura y concentración de los medios en Centroamérica y República y Dominicana” también confirma que existe una importante penetración extranjera en Costa Rica, tanto en la propiedad de las emisoras como en los contenidos de los canales.
Esta investigación del fondo The Trust for the Americas y el Instituto Prensa y Sociedad apunta a que en Costa Rica la radio llega a muchos hogares “ticos”; sin embargo, no existen tantas emisoras como en otros países de la región.

¿Cómo ocurrió exactamente? (Ver cuadro)





Para el historiador y escritor Oscar Aguilar Bulgarelli, en efecto en Costa Rica hay una indiscutible concentración de medios de comunicación, y especialmente el fenómeno se ha dado en la radio y en la televisión en los últimos años.

Desde que empezaron a operar las primeras radios a partir de 1930 y hasta entrada la década de los 90, había emisoras individuales, muchas de ellas familiares.

“Se sabía cuál era la emisora de los Aguilar, de los Barahona, de los Sotela, de los Alfaro; y a. través de sus noticieros había diferentes maneras de pensar, desde posiciones de extrema derecha hasta de la extrema izquierda. La radio ofrecía un ámbito muy amplio de programas de opinión, de discusión. Es decir, la radio era realmente una radio muy democrática”, enfatizó Aguilar.

En 1920 Armando Céspedes Marín construyó su primera estación de radio de comunicación internacional conocida como “La Voz de Costa Rica”, la cual perfeccionó y se convirtió en la primera radioemisora de onda corta que se estableció en América Latina. Así lo registra Enrique Tovar en su artículo “Cronología de la radiodifusión en Costa Rica”. En diciembre de 1927 Céspedes hizo la primera transmisión de onda larga del país.

Radio Athenea, por ejemplo, era propiedad de Rogelio Sotela Bonilla y se mantuvo activa hasta la década de 1970. Fue la primera en sostener la transmisión diaria durante las 24 horas, según Tovar.
Sin embargo, la entrada de la televisión al país afectó a la radio en lo financiero y, de acuerdo con Aguilar, esto significó el inicio de la concentración en la radio, tanto por una razón económica como tecnológica, porque empezaron a instalar las repetidoras. Esto hizo que algunas cadenas como Radio Columbia y Radio Monumental empezaran a concentrar frecuencias, aunque sus noticieros se mantenían independientes uno del otro.


Radio Columbia, por ejemplo, nació en los años 50s como una emisora capitalina que cubría 10 cuadras a la redonda. Según el artículo “Ida y vuelta el liderazgo en la historia del Grupo Columbia”, don Francisco Córdoba fundó la radio y posteriormente ésta fue comprada por el empresario Carlos Alfaro McAdam. En los 60s nace la idea de las repetidoras para ampliar la cobertura y surgen así emisoras Columbia en Puntarenas, Liberia, Nicoya, Turrialba, San Isidro de El General, San Carlos y Limón.  

La expansión de la empresa comenzó en 1975. Primero con la creación de Columbia Estéreo y luego con Radio Uno. Varias personas de cierta edad recordamos el famosísimo “Concierto para enamorados”, con Rupert Alvarado con su “Amor en el aire...”; o mejor aún, “Los 30 rapiditos de Tosty”. En el 2007 Columbia vende Radio Uno a Central de Radios.

Posteriormente, a fines de los 90s y después de la quiebra de las empresas de Calixto Chavez, varias emisoras, junto con otras empresas de Chavez, pasaron a ser propiedad del grupo económico de don Óscar Arias Sánchez, según Aguilar. Luego estas emisoras fueron vendidas -específicamente la cadena de Radio Monumental-.

Radio Monumental fue fundada por don Gonzalo Pinto Hernández en 1929 y quedaba en el centro de Tibás. Después de su muerte, su hijo traslada la emisora a San José y puso la famosa pizarra fuera del edificio. En 1999 Radio Monumental pasa a ser Grupo Monumental y lanza ZFM, de música latina. Empieza a alquilar espacios a Radio Fabulosa y Radio Favorita. Luego lanzan Exa... En fin: en el 2004 asumen la operación de Radio Reloj y Radio Emperador y continúan los cambios.

Mientras esto ocurría por un lado, por otro surgió Central de Radios en el 2006 y sacó al aire Radio Disney. En setiembre del 2006 Central de Radios adquiere Grupo Monumental. En la reseña histórica publicada en la página web de CDR se cita: “Al formar parte de Central de Radios nos hacemos 'hijos' de una corporación mayor a nivel internacional, Alba Visión”.  

Entre los grupos radiofónicos del país, Central de Radios (CDR), de Representaciones Televisivas S.A. (Repretel), es el más grande y de mayor audiencia en Costa Rica, como ellos mismos se definen. Agrupa a emisoras como Best (103.5FM), Disney (101.1FM), La Mejor (99.1FM), Reloj (94.3FM), Zeta (95.1FM) Monumental (93.5FM), Exa (102.7FM), Radio Managua (670 AM), Radio Pacífico (730AM) y Planchaton (980AM), entre otras.

“El grupo Central de Radios realmente es la concentración de frecuencias de radio más grande que hay en el país. Además, paulatinamente ha ido concentrando la opinión que se emite por esas frecuencias. Los programas de opinión libres e independientes prácticamente quedan bajo una misma forma de pensar”, añadió Aguilar.

“Hace algunos años Costa Rica tenía 80 emisoras de radio; hoy esas emisoras individualizadas no llegan a 40”, agregó. Para él, la concentración es preocupante además porque las emisoras que se dedicaban a la parte informativa, formativa y de opinión prácticamente quedaron concentradas en un sólo grupo mediático.

“Me parece que en este momento la única emisora que prácticamente queda con un criterio y una actitud más amplia es Radio Gigante y la 107.1, que por un sistema meramente de comercialización, porque venden los espacios, tienen programas de noticias y de pensamiento diferente. Competir en ese caso con los grandes medios concentrados en empresas es sumamente complejo”, fustigó.

En el caso específico de la televisión, ésta comenzó sus emisiones en Costa Rica en 1960 y quedó organizada bajo un régimen privado con fines de lucro. Una medida que alteró el panorama y tuvo un fuerte impacto en la televisión fue permitir el ingreso de capitales extranjeros en el sector. A esto se le suma un histórico déficit en producción de contenidos de televisión, lo cual hace al país altamente dependiente de la producción extranjera.

Para Aguilar, en Costa Rica es verdaderamente preocupante la concentración en la propiedad de los canales de televisión.

“En este país la gente ve mayoritariamente a través del VHF, o sea, ve los canales del 2 al 13. de esos canales en este momento salvo el canal 7 y el canal 13, todos los demás pertenecen a Repretel porque esta empresa concentra la mayor cantidad de canales de televisión que hay en el país. Si usted ve canal 6 es cierto que hay noticieros diferentes que en el 11; pero acaban de hacer una reforma para tener una sola plataforma de información y personal y a partir de ahí se nutre editorialmente a ambos canales. A su vez es la que dicta la línea de pensamiento a Central de Radios y eso genera uniformidad de pensamiento, a una sola manera de ver las cosas”, resaltó Aguilar.

El conglomerado Repretel empezó sus actividades en 1993 y 22 años después posee 13 emisoras de radio (de Central de Radios) y 8 canales de televisión, que incluyen a las repetidoras. Repretel forma parte de Alba Visión, operadora de televisión y radio, propiedad del empresario mexicano Ángel González y conformada por 26 canales de televisión y 82 estaciones de radio en Centroamérica y Sudamérica, como confirma el documento “La radiodifusión en Costa Rica”, del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC).

Otro caso es el de la Televisora Cristiana TBN o Enlace TV. En 1981, Jonás González Rodríguez visita la NASA en Houston, Texas y allí tiene la visión para construir una red de televisión cristiana latinoamericana. Recibe este llamado de parte de Dios, según se indica en la página web de la empresa. En 1986 le dan la frecuencia del canal 23. En 1988, Paul Crouch, presidente de Trinity Broadcasting Network (TBN), dona un transmisor de 10 watts, al canal 23. La primera señal fue emitida desde el Barrio Los Ángeles en San José, en lo que fueron las instalaciones de la fábrica de pastas Lucema.

En 1992 se instalan repetidoras en Limón, Santa Elena y Cerro de la Muerte. Se inicia la construcción del primer estudio de canal 23. Entre 1996 y el 2007 empieza a transmitir con distintos satélites para llegar a más regiones del mundo. Actualmente, Enlace tiene más de 5,000 puntos de transmisión en 120 países, y cubre al mundo a través del Internet.

Más concentración = menos diversidad

La concentración de medios de comunicación en pocas empresas de poder económico influye en el contenido; en lo que vemos y escuchamos, afirman expertos. Se refleja a nivel de información y de discurso en Costa Rica.

En Costa Rica la radio sigue llegando a muchos hogares; pero como muestran los datos, en los últimos años se ha dado un incremento en las fusiones y adquisiciones por parte de las principales empresas; las radios comunitarias tienen poco peso; los montos que pagan los concesionarios por las frecuencias de radio son mínimos; no existe claridad en los trámites para usar o traspasar las frecuencias; y existe una importante penetración extranjera en la propiedad de las emisoras. Todo esto tiene un impacto en lo que escuchamos y en lo que se permite -y es viable- producir desde el punto de vista radiofónico.

A más de una persona -de esas que aún escuchan radio- le pasa que mueve la perilla de un lado a otro del dial y le cuesta un mundo encontrar música nueva, o programas de debate o noticias que de veras le hagan querer quedarse en esa radioemisora. Mucha gente ya no escucha radio porque le da pereza que algunas parrillas tienen la misma música de hace 20 años o porque lo que se está transmitiendo no tiene absolutamente nada que ver con su cotidianeidad, con su comunidad, con sus intereses.

Según investigaciones de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), un 73% de las frecuencias de FM en Costa Rica se usan con fines comerciales, un 9% con fines religiosos, un 4% para uso mixto y el 5% para fines públicos o comunitarios. Un 71% de la franja AM se usa para fines comerciales, un 21% para religiosos y un 4% para fines públicos, en su mayoría por medios que repiten contenidos de FM o se encuentran fuera del aire. En el caso de la banda de televisión, el 78% de los canales matriz son de índole comercial, el 17% de índole religioso y el 5% son de carácter público.

De hecho la RedMICA presentó a la ciudadanía costarricense un proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, que entre muchas otras cosas, propone un límite a la concentración. En dicho texto establece que “se prohíbe la concentración de frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva”.

Señala que “existe concentración de frecuencias cuando una misma persona física o jurídica o un mismo grupo económico posea, controle o explote, ya sea directamente o mediante una tercera persona más de tres frecuencias principales de televisión analógica con sus respectivas repetidoras; más de tres canales de transmisión de televisión digital terrestre, con sus respectivas repetidoras; más de cuatro frecuencias de radio con sus respectivas repetidoras en FM; o más de cinco en la banda AM”.

En el caso de la televisión, la concentración también influye en lo que vemos en la pantalla; pero más aún, se homogeneiza lo que la gente opina y se van normalizando actos, eventos, actores.

Adrián Vergara, profesor universitario y experto en análisis de discurso, explicó que si uno pasa de un canal a otro puede ver que los mismos acontecimientos son lo único que es noticia, como si en el país no pasara nada más.

“El problema que yo veo es que la perspectiva en que se cuentan o reconstruyen esos acontecimientos es la misma y lo vemos en los canales de televisión, incluso entre empresas distintas. Si vemos la reconstrucción que se hace de un acontecimiento en Teletica, es muy similar a la que se hace en Repretel o en La Nación. Se va construyendo el mismo discurso y no tenemos voces distintas”, señaló.

Si bien existen voces o fuentes distintas en el país, y medios que presentan los mismos acontecimientos desde otra perspectiva o presentan otros acontecimientos, éstos no tienen el mismo alcance que Repretel, Teletica, La Nación o Grupo Extra, dijo Vergara en entrevista.

“Ese acaparamiento de todo el mercado en unas pocas empresas le hace muy mal a la posibilidad de escuchar diversidad de discursos sobre lo que está pasando en Costa Rica, a nivel informativo por lo menos”, agregó.

Por su parte, el profesor universitario e investigador Carlos Sandoval, afirmó que “una estructura oligopólica tiene influencia en la oferta y estamos ante una oferta muy poco diversa”.

“Cuanto más concentrada está, menos diversa es la oferta. No garantiza la diversidad de contenidos, que es un derecho que tiene la ciudadanía. Es algo que tiene que ser tutelado. Si los medios exigen rendición de cuentas a las clases políticas, debería también se les debería exigir rendición de cuentas a los medios. Es importante que los medios le expliquen a la sociedad cuáles son los criterios bajo los cuales definen prioridades en términos de oferta programática o de parrilla”, argumentó Sandoval.

Oscar Aguilar Bulgarelli, quien es uno de los fundadores del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), comentó que la relación evidente entre la línea editorial de varios periódicos de circulación nacional y de la línea editorial de los canales de televisión de más audiencia, “nos hace que estemos viviendo una conformación de la manera de pensar del costarricense que a nivel mundial se conoce como el pensamiento único, y es el pensamiento orientado hacia el neoliberalismo”.

“El costarricense tiene 30 años de estar recibiendo una enorme cantidad de información orientada ideológicamente hacia los postulados económicos y políticos del neoliberalismo y por eso es que a la gente se le da apenas lo necesario para que conozca lo que está sucediendo; pero no para que pueda tener un criterio propio”, dijo Aguilar, quien está escribiendo un libro que se llama “Costa Rica: dictadura mediática”.

Barrera al ejercicio de la libertad de expresión

La tendencia monopólica en los medios de comunicación en el país -tanto en televisión y radio como en prensa- riñe con los principios de equidad, representación y democracia de los que tanto se jacta Costa Rica.

La concentración mediática es una de las principales barreras al ejercicio de la libertad de expresión porque es un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones. Esto lo ha afirmado también el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM).

En otros países de América Latina, como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Uruguay y El Salvador se están dando intensos debates sobre la necesidad y legitimidad de políticas públicas aplicadas por el Estado para evitar el acaparamiento de los medios, por el impacto que representa en la calidad del debate democrático.

“Existe un vacío respecto a temas centrales como cuáles serían las medidas adecuadas para prevenir y disminuir la concentración, incluyendo la propiedad cruzada, el establecimiento de reservas del espectro para medios sociales y comunitarios, las acciones afirmativas para promover al sector comunitario y el sector público no gubernamental, entre otros temas”, afirma Gustavo Gómez, Director General del OBSERVACOM, quien visitó el país el año pasado.

Por su parte, Omar Rincón, director del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de Los Andes, Colombia, quien dio la conferencia “¿Cómo democratizar la comunicación?”, el 3 de diciembre pasado, en la Universidad de Costa Rica (UCR), la empezó diciendo: “La libertad de expresión es la cancha donde se juega la democracia”.

“Este es el reto: lograr que los ciudadanos entiendan lo que significa la libertad de expresión”, subrayó Rincón.

“Para esto es necesario que se negocie y se discuta sobre estos asuntos. Temas como el sistema de medios de cara a la convergencia digital, comprender la libertad de expresión, no como un control a los contenidos sino a la generación de más medios, la importancia de evitar la concentración en los medios privados, encontrar una forma de financiamiento de los medios públicos que sea sostenible y lograr, también, el financiamiento y la creación de espacios para los medios ciudadanos”, dijo Rincón.

lunes, 25 de enero de 2016

Guacimal: Se mantiene fuerte defensa del río Veracruz

Río Veracruz. Fotos: Fabiola Pomareda

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Guacimal, Puntarenas.- Verdes y densas montañas con bosque, y parcelas donde pasta ganado rodean a la comunidad de Guacimal, donde vive el río Veracruz. Sus aguas son un torrente que baja en medio de grandes piedras grisáceas.

Lo que se conoce como la cuenca del río Guacimal, que tiene 35 kilómetros de largo, es alimentada por varias quebradas y ríos. Las quebradas Sucia y Máquina drenan los centros urbanos más grandes de la zona, que son Santa Elena y Cerro Plano; mientras que la quebrada Cuecha, viene directamente de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Las quebradas Cambronero y Socorro drenan las tierras de bosque y pastoreo de las comunidades de Monteverde y San Luis. Más abajo, tres ríos alimentan la cuenca de Guacimal: los ríos San Luis, Acapulco y Veracruz.

Precisamente habitantes de Guacimal y pueblos cercanos se mantienen en defensa del río Veracruz, ya que un grupo solicitó una concesión para un proyecto de riego; pero éste no cuenta con permisos de construcción ni viabilidad ambiental.

Imágenes tomadas del documento “Water Resources of the Upper Rio Guacimal Watershed”, Justin Welch. University of Georgia Costa Rica Campus, Monteverde.
 
Fue en el año 2010 que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal pidió una concesión para tomar 163 litros por segundo del río Veracruz, durante 10 años, para un proyecto de riego que cubriría 175 hectáreas de 30 agricultores que tienen cítricos, hortalizas, maíz, pasto y actividad lechera. El proyecto sería desarrollado por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).

Daniel Villalobos, joven activista y miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, hizo un recuento de cómo comenzó la lucha.

La comunidad se sintió violentada. Esta Sociedad llegó y pidió una concesión para un proyecto de riego que supuestamente iba a beneficiar a Guacimal y a Los Ángeles pero el proyecto no se propuso en la comunidad. Al final los permisos se tramitaron para un proyecto el triple de grande que iba a llevar agua hasta fincas en Coyolar y Sardinal de Puntarenas. Iba a explotar una gran cantidad de agua que iba a amenazar la condición crítica de los ríos de la zona, que han sido muy afectados sobre todo en época seca por el cambio climático”, explicó Villalobos. 

Pero no sólo por el cambio climático. Mucha de la gente tiene miedo de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones porque básicamente han visto morir a otros ríos y han experimentado el sufrimiento de no tener agua. Un triste ejemplo es el río Acapulco, uno de los que alimentaba la cuenca del Guacimal.

Ver video:


MINAE otorgó concesión y empezó la disputa

La Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (MINAE) otorgó a la Sociedad citada una concesión sólo por 74 l/s. La Sociedad apeló esa concesión y en el 2011 el MINAE les dio la concesión que querían por 163 l/s. Obtuvieron el permiso de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) únicamente con una declaración jurada de compromisos ambientales.
 

Verónica Sheehan, activista y co-fundadora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guacimal, criticó esas declaraciones juradas y la falta de control por parte de la SETENA.

“Hasta ahorita lo único que se han hecho son declaraciones juradas de compromisos ambientales, donde el desarrollador dice en un formulario 'sí, yo juro que no hay afectación a la flora y fauna; yo juro que no hay oposición de los vecinos, yo juro que no hay problema con este proyecto' y esa declaración de uno se utiliza como un instrumento para dar la viabilidad”, dijo Sheehan.

Después de que ocurrió eso, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal interpuso un recurso de amparo y en el 2014 la Sala IV anuló la concesión de 163 l/s y dejó vigente sólo la de 74 l/s. La Sala IV también anuló la viabilidad ambiental y ordenó hacer el estudio de impacto ambiental.

“El pueblo no estaba satisfecho”, continuó Villalobos, “entonces interpuso el recurso de amparo por la amenaza al derecho a un ambiente sano, porque la gran concesión amenazaba con dejar seco el río Veracruz, que es un río muy preciado por la comunidad por la calidad de su agua, porque es un río de agua limpia, que proviene de zonas donde no hay asentamientos poblacionales”.

Es un río sano y de gran riqueza

Tom Shahady es un estadounidense que lleva varios meses realizando biomonitoreo para ver qué tan sanos son los ríos de la zona. Conocimos a Shahady, quien es profesor de la Universidad de Lynchburg, en Virginia, tomando muestras de agua a las orillas del río Veracruz.

El investigador, con ayuda de estudiantes y en alianza con la Universidad de Georgia (Estados Unidos), analiza la calidad del agua, su temperatura, caudal, insectos, nivel de oxígeno, entre otras cosas.

Shahady está monitoreando los ríos Guacimal, Aranjuez y Lagarto, que forman parte del Corredor Biológico Pájaro Campana (desde Monteverde hasta Chomes en la costa). También está analizando la presión de las fincas, la contaminación y los conflictos de agua en las comunidades. Los resultados de esta investigación estarán listos este año.



Según Shahady, el río Veracruz es uno de los ríos más sanos de la zona, de acuerdo con los resultados preliminares.

“Actualmente el río Veracruz es muy sano, según la información que tenemos. Esto es importante para la comunidad porque ellos tienen una buena fuente de agua de excelente calidad y es muy difícil de encontrar en otros ríos. La comunidad puede desarrollar herramientas para protegerlo y usar esta información”, apuntó Shahady.

De hecho la comunidad ha denunciado sobre todo los efectos ambientales del proyecto de riego que se quiere construir y cómo afectaría la flora y fauna de la zona, como la nutria, especie amenazada de extinción, y el pez machín.

En una reciente visita a Guacimal, conversamos con vecinos que asistían a la Feria Rural. Algunos de ellos temen que si se construye el proyecto, es muy posible que se seque el cauce del río Veracruz. Doña Juana Emilce Loría, por ejemplo, vive en el pueblo de El Alto Fernández, en Guacimal.

“Resulta que ahora el río se lo quieren llevar, pero no para uso humano, sino para engrandecerse ellos con más dinero del que ya tienen. La idea de nosotros es pelear con las uñas pero que este río no se mueva de aquí. Si fuera para beneficio de la gente está bien, pero es para unos ricachos”, dijo doña Juana.

Su esposo, Juan Rafael Sánchez Elizondo habló de de los usos que le da la comunidad al río vivo.

“Algunos traen el ganado a beber agua, y se usa para pescar, para pasar las calores del verano, llevar los nietos para que almuercen ahí, y se bañen; los nietos aprendieron a nadar en este río”, contó.

El más reciente argumento

A pesar de la poca viabilidad social, la Sociedad de Usuarios abrió otro expediente ante la SETENA con un nuevo nombre: Proyecto de Riego SUDAGUA.

La comunidad volvió a interponer denuncias, a recoger firmas y a presionar a la SETENA para que no aprobara el proyecto. Finalmente la SETENA les dijo a los desarrolladores que necesitaban el estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, el nuevo argumento de los desarrolladores es que el proyecto de riego está ahora bajo la sombrilla del Decreto Nacional de Emergencias (No 38642-MP-MAG), emitido por el Gobierno en el 2014. Este dice que los proyectos incluidos en el Plan General de Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país “están exentos de trámites ordinarios ante las entidades competentes” y que no tienen que cumplir ningún procedimiento ambiental para ser construidos.

En julio de 2015 la SETENA resolvió no evaluar ambientalmente el proyecto, después de que los desarrolladores le solicitaron cancelar esta evaluación. 

Así fue como la Sociedad de Usuarios se preparó para iniciar la construcción del proyecto lo más pronto posible. En una visita reciente a Guacimal, pudimos observar más de 20 tubos de color verde claro y de unos 40 cm de diámetro apilados en una de las fincas cercanas, listos para el inicio de la construcción.

 
Pero Verónica Sheehan destacó que en el Plan General de Emergencia el proyecto tiene una categoría “ordinaria”, no de “excepción” y que en el 2010 la Sala IV se pronunció sobre un caso parecido, “donde se pretendía usar un decreto de emergencia como carta blanca para hacer cualquier cosa”.

La Sala indica que emergencias son necesidades urgentes o imprevista en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, son situaciones transitorias y urgentes, y son para mantener los servicios públicos. El proyecto no responde directamente a la sequía ni es proporcional el supuesto daño ocurrido para operar con esta urgencia sin viabilidad ambiental. Sin embargo la Comisión Nacional de Emergencia insiste en respaldar esta medida de excepción sin una verificación de campo”, indicó en un comunicado la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del Cantón Central de Puntarenas, a la que pertenece Sheehan.

El 14 de diciembre más de 120 personas bloquearon parcialmente la carretera Interamericana, para exigir a la Municipalidad de Puntarenas la documentación de los permisos del proyecto de riego.

Danny Villalobos confirmó: “Con la documentación logramos confirmar que el proyecto no tiene permiso de construcción de parte de la Municipalidad, y eso es un requisito de ley. En una reunión comunal decidimos que íbamos a paralizar los trabajos hasta que alguna autoridad diera respuesta de por qué estaban permitiendo construir sin autorización de la Municipalidad y sin la viabilidad ambiental, que es lo que desde hace tiempo veníamos reclamando”.

Cuando los vecinos se enteraron de que estaban descargando maquinaria pesada y grandes tuberías cerca del cruce a Santa Rosa, a 4 kilómetros de Guacimal, bloquearon el paso de la maquinaria y exigieron a la Municipalidad que paralizara las obras. Esto ocurrió el 7 de enero. Ese día, finalmente, el Gobierno intervino.


Gobierno convoca a proceso de diálogo

Foto: Josué Segura
 
El pasado lunes 18 de enero se realizó una reunión en Casa Presidencial, como parte de un proceso de diálogo entre la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico de Puntarenas, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, autoridades del SENARA, Dirección de Aguas del MINAE, Municipalidad de Puntarenas, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de la Presidencia.

Ese día SENARA accedió a mantener la paralización de las obras por 15 días más. En la reunión también participaron Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), y Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa del Frente Amplio. Ellos informaron que se acordó hacer un monitoreo de las concesiones actuales que tiene el río, legales e ilegales. El proceso de diálogo continuará el 25 de enero, con la audiencia de los argumentos de la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles.

En varias ocasiones hemos intentado comunicarnos con Anais Madrigal, representante legal de la Sociedad de Usuarios, pero no ha contestado el teléfono ni devuelto los mensajes.



domingo, 8 de noviembre de 2015

Manifestación de la “clase media”: “Soy tico, odio a RECOPE y al Estado”


 
Plaza de la Democracia, 8 de noviembre 2015. Foto: Fabiola Pomareda
Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Hoy domingo, alrededor de las 10 y media de la mañana, la Plaza de la Democracia parecía ser la sede de una convocatoria para ver un partido de la Sele. La gente vestía camisetas blancas, muy pacíficas, y otros camisetas con la bandera de Costa Rica. Unos fueron más allá y se pintaron la bandera en la cara, para que no quedara duda.

Sobre la avenida segunda habría por lo menos 30 motocicletas muy bonitas estacionadas. Se paraban vehículos, hermosos y limpios todos ellos, a bajar a las señoras que también venían a la manifestación. Pude ver de esos Land Rover de lujo, tipo Defender; de esas Toyota Land Cruiser. Y la gente toda muy feliz de encontrarse con sus amigos.

Este público fue convocado a través de las redes sociales por personas que se agrupan como Grupo Cívico Costa Rica a La Calle y están “en contra del despilfarro y de los abusos con las convenciones colectivas de las instituciones del Estado”.

Su discurso es en defensa de la “clase media” y en contra de los “paquetazos de impuestos”. Fue muy interesante escuchar a uno de los oradores, que se quejaba del Estado maligno y daba su solución para acabar con la desigualdad en el país:

“A la empresa que está comenzando, y tiene problemas de capital de trabajo, le quitan la posibilidad de recursos para comprar nuevos activos y para exportar, para tratar de vender nuestros productos y llevarlos si es posible a Europa, o a Asia. Le cortamos las alas a esa empresa. Le quitamos recursos. El Estado no ayuda en nada. Solo quita. Supone que hay utilidades y que sobra y que eso está para repartírselo. Nos quita el capital de trabajo con los impuestos progresivos. Los que graban las altas utilidades, la eficiencia”.

“¿Qué es el impuesto regresivo? El que pagamos la mayoría, el que afecta a todos directamente, cuando comemos en una soda, cuando desayunamos, cuando nos tomamos un refresco, estamos pagando impuesto de ventas, son impuestos regresivos”.

“Nosotros podemos proponer un nuevo impuesto. Podría ser que sí. “¿Por qué no? Pensemos en un impuesto que no sea ni progresivo ni regresivo. “¿Qué les parece? Que no dañe a nadie. Que sea sano. El Estado no se preocupa por lo sano, quiere que paguemos todos y punto. Esa es la solución, soltando, soltando”.

“Pensemos en un impuesto sano. Calculemos el promedio del salario que ganamos todos los empleados de la empresa privada, lo que es la sociedad civil. Calculemos ese salario y el que reciba mayor retribución que eso, empleado público o de empresa descentralizada o autónoma, pagará como mínimo el 50% de impuesto sobre esa renta y terminamos con el problema de los privilegios, con la desigualdad, con el robo a nuestros hogares y con el saqueo a nuestros niños”.

A pocas cuadras de ahí, un grupo de personas se manifestaban en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y en contra de la criminalización de la protesta. Pero los vendedores de agua, los vendedores de copos y los vendedores de todo preferían el público de la Plaza de la Democracia.

El público estaba compuesto por personas que cargaban bajo el brazo libros para ser exitosos, como el del emprendedor social de moda Muhammad Yunus; por ersonas que firmaron lo que les pidieron y que cantaron La Patriótica antes de irse para la casa.

Según el Grupo Cívico Costa Rica a La Calle Nuestro, su movimiento “es cívico, sin fines de lucro y sin ataduras de color político”. Su fin “es unir los diferentes grupos sociales y seguidores de los diferentes partidos políticos democráticos bajo la bandera de Costa Rica”. Están “en contra de los abusos salariales, el despilfarro de fondos públicos por parte del gobierno, de instituciones como RECOPE que desangran al país, en contra de la corrupción y la impunidad que se ha dado por muchos años”. Dice “No” a “los nuevos impuestos que los llevará sobre sus hombros la clase media y la de menor ingresos”.

Y en sus filas militan personas como Andrés Pozuelo, quien escribió en redes sociales dando su apoyo a la manifestación de hoy y dejando este mensaje de cierre: “Los políticos como cualquier vendedor, toman órdenes políticas de sus clientes concentrados y dispersos. Las ideologías son simples eslóganes evolutivos, y no existe político que no esté dispuesto a cambiar de ideas y mensajes, si este percibe que tienen resonancia en la gente. Por eso, la batalla de ideas debe ser clara en contra del estatismo y más impuestos, y si suficiente gente se adhiere a estas ideas, pronto todos los políticos lo harán también”.

Aquí un video:

Las pintadas del 8M sí son un síntoma del mal-estar

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