La costa es su hogar. Habitantes de territorios costeros siguen a la deriva de desalojos

Manuel Chacón, habitante de Tárcoles, Puntarenas. Foto: Fabiola Pomareda

Artículo publicado originalmente en Voces Nuestras: Gobierno convoca proyecto de ley para habitantes de territorios costeros

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Los habitantes de las zonas costeras y territorios insulares del país siguen enfrentando los desalojos ordenados por las Municipalidades, que de unos años para acá decidieron poner en orden las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). En días pasados el Gobierno tomó acción para que avance en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para beneficio de estos habitantes. No obstante, mientras, estas familias siguen a la deriva.

Manuel Chacón Rojas nació en Tárcoles, Puntarenas, y tiene 55 años de vivir allí. Le cuida las lanchas a sus hijos, que llevan gente en recorridos por el río Tárcoles a que vean a los cocodrilos. En Tárcoles, donde viven alrededor de 1.800 personas, la mayoría siempre ha vivido de la pesca, dijo Chacón; y otros del turismo.

“Nosotros vivimos en la parte costera y la otra parte la tienen abarcada los hoteles y las fincas. No hay dónde poder vivir. La tierra la tienen los grandes”, contó.

Cuando los padres de Chacón llegaron a Tárcoles, lo que había eran terrenos baldíos y la gente fue levantando sus casas ahí. Actualmente los únicos que tienen escritura son los finqueros, según el hombre. La gran parte de los habitantes de estos territorios costeros viven con la incertidumbre de que les llegue una orden de desalojo.

“En cualquier momento la Municipalidad puede echar a cualquiera o deshabitarlo porque ellos tienen otros proyectos, que no sabemos con qué beneficio o con qué lucro. La Municipalidad tiene plan regulador pero es al antojo de ellos”, dijo Chacón.

“No es estable en ciertas partes del área lo del plan regulador. Porque hoy el mar está cerca y mañana está largo. Cuando hay mareas grandes o inundaciones suceden esas cosas”, explicó.

Es decir, hay pobladores cuyas viviendas a veces están dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y a veces están fuera.

La Ley de ZMT de 1977

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), del 2 de marzo de 1977, los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público. No se permite construir dentro de los primero 50 metros; pero los otros 150 metros pueden ser concesionados por un período determinado de tiempo.

Costa de Pájaros. Foto: Cortesía Frente Nacional de Comunidades Costeras.

Un territorio costero comunitario  es aquel que está en los 150 metros que se pueden dar en concesión, tanto en la costa Pacífico como Caribe. Las familias que viven ahí deben someterse al plan regulador que haga la Municipalidad, solicitar una concesión y pagar un canon por la concesión.

Estos intentos recientes de hacer cumplir la ley de ZMT han dejado a miles de habitantes de las costas en un limbo. Muchos de ellos son pescadores artesanales de bajos recursos. Esta gente ha heredado el lugar donde viven de generación en generación; pero debido a lo dispuesto en la ley de ZMT no pueden dárseles títulos de propiedad ni decirles que tienen derecho de posesión. Algunas Municipalidades están implementando ahora sus planes reguladores y han ejecutado órdenes de desalojo.

La moratoria

En el año 2012, se aprobó la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, mejor conocida como la moratoria, que pide suspender el desalojo de las personas que viven en estas zonas costeras y la demolición de sus casas.

Según el documento, se suspendería por 24 meses el desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades y proyectos en la ZMT, la zona fronteriza y en zonas de patrimonio natural del Estado.

La moratoria venció en octubre de 2014 y actualmente hay intentos legislativos por renovarla.

Pero esa moratoria no excluía dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas si se estaba causando daño ambiental. Tampoco significaba otorgar derechos de ningún tipo a los ocupantes de esas zonas. Asimismo, la normativa autoriza a las Municipalidades a aplicar la moratoria según acuerde el concejo municipal respectivo.

Para Rigoberto Umaña, vecino de Dominicalito de Osa, da igual que exista o no la moratoria. Esto por cuanto no se obliga a las municipalidades a acogerse a ella; sólo se les recomendaba hacerlo y si no había un acuerdo municipal al respecto, los desalojos continuarían.

“Por lo menos en Osa, en el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó la moratoria y se dieron desalojos. La moratoria terminó en octubre pasado y ahorita en Dominicalito y en Dominical de Osa están notificando a la gente de los desalojos. Pero da igual que exista o no porque le dejaron ese portillo abierto a las Municipalidades”, señaló Umaña.

“Hoy me siento decepcionado. No sé por qué el gobierno da tantas vueltas con esta 'carambada'. Mientras tanto tenemos gente que está enfrentando los desalojos y enfrentando los tribunales”, expresó el hombre.

El proyecto de ley TECOCOS

Desde el año 2009, el partido Frente Amplio y las comunidades costeras introdujeron a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, más conocido como TECOCOS. La legislación reconoce el derecho de habitar en la ZMT a quienes demuestren que han vivido allí más de 10 años.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras, indicó que el objetivo del proyecto de ley es crear un régimen especial para las comunidades que ya están en esos territorios costeros por medio de una concesión por 35 años, prorrogable.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras.

El proyecto otorga a las personas el derecho a solicitar un bono de vivienda y a construir una casa nueva, entre otras cosas.

A fines de marzo el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias dicho proyecto, cuyo nombre se ha modificado a Ley de Creación de un Régimen Especial para el Otorgamiento de Concesiones en Territorios Costeros Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios.

La convocatoria fue apoyada por diputados del Frente Amplio, del PAC, del Movimiento Libertario y el presidente del Congreso, Henry Mora. El proyecto ya está en el plenario, listo para que se negocie y el FA espera que se apruebe este mes.

De acuerdo con el documento, las municipalidades serán las que declararán qué zonas son territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios y serán las encargadas de dar los contratos de concesión “de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico”.

El trámite de la declaratoria lo podrán iniciar el 50% de los ocupantes de un territorio. La Municipalidad tendrá seis meses después de que entre en vigencia la ley para hacer un censo de ocupación de los territorios a concesionar. Luego la Municipalidad podrá empezar la formulación o actualización del plan regulador.

El plan regulador deberá preservar la identidad cultural, el uso sostenible de los recursos naturales y las características propias de las comunidades, se lee en el documento.

Las Municipalidades no podrán dar en concesión las áreas de uso común, las que están en zona pública, las que bloqueen el libre acceso a la zona pública, ni las que afecten el patrimonio natural del Estado.

Para recibir una concesión los habitantes tendrán que haber “ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo no menor de diez años”. Una vez aprobada esta ley se emitirá un reglamento que definirá el monto del canon a pagar en cada zona, con base en criterios técnicos sobre el valor del terreno, uso autorizado y el valor de las viviendas y construcciones.

No podrán otorgarse concesiones a personas no contempladas en el censo de ocupación que se haga; a personas que vivan en el extranjero; a personas extranjeras con condición administrativa irregular ni en condición de rentistas; a personas que ya tengan concesión según la Ley 6043 de ZMT; ni para la operación de marinas turísticas.

“Aquí se mueven muchas presiones y muchos intereses”, dijo Wilmar Matarrita. Las cámaras que se han manifestado en contra del proyecto son la de Turismo, la de la Construcción, y grupos de empresarios. “Pero hemos logrado avanzar muchísimo”, dijo el dirigente. “No estamos en la situación oscura de antes”.