sábado, 14 de marzo de 2015

El fenómeno de Piketty y las dinastías familiares en Costa Rica


 
Podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza –herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica; y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país, sobre todo teniendo claro que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

La pregunta de ¿a dónde va a parar la riqueza?, que plantea el libro “El Capital en el siglo XXI” del francés Thomas Piketty y el análisis de fuentes históricas y estadísticas que hace sobre el capital, ayudan a entender la realidad mundial y lo que está ocurriendo en Costa Rica, reflexionaron expertos reunidos en días pasados en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El joven economista francés Piketty escribió un libro de 700 páginas sobre desigualdad económica y cuyo principal argumento es que el capital invertido en la bolsa de valores, en propiedades o en maquinaria, crecerá más rápido que el ingreso. Obviamente que para tener capital invertido, ya hay que tener dinero y si usted depende sólo de un salario, como la mayoría de personas, nunca podrá ponerse al corte con la riqueza de los que ya son ricos.

Es un libro que no sólo cuestiona una de las premisas básicas del capitalismo, sino que puede explicar las causas de la creciente desigualdad. Costa Rica presentó en el 2013 la desigualdad más alta de los últimos 28 años, según el XX Informe del Estado de la Nación.

El libro de Piketty, por su parte, documenta la creciente concentración de los ingresos en las manos de una pequeña élite económica –a nivel mundial- y explica las causas.

 

Lo que menos interesa en la actualidad para alcanzar y acumular riqueza es el mérito, según Piketty. No interesa el talento, ni la capacidad, ni el esfuerzo, ni el trabajo duro y honrado. Lo que interesa para alcanzar y acumular riqueza es la propiedad.

Piketty utiliza una definición amplia del capital, de modo que sea la misma que la riqueza. Todo lo que sea maquinaria, propiedades, acciones bursátiles o dinero en efectivo constituye el capital o la riqueza de las personas.

 

Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se refirió a esta dinámica sistémica de “patrimonialización de la riqueza” o capitalismo patrimonial.

 

Según Vargas, “el capitalismo que estamos viviendo se está moviendo hacia un orden donde lo que menos importa es el mérito”. “Lo que queda claro es que el que hereda un patrimonio tiene todas las de ganar. Ahí el mérito no interesa para nada. Desaparece la retribución al riesgo y a la innovación. Ya no es el discurso de que el que arriesga e innova es el que va a recibir riqueza”.

Así, Piketty se trae abajo la tesis de los conservadores, de muchos economistas estadounidenses, de políticos y empresarios costarricenses, y de motivadores por excelencia, que basan todo en la meritocracia; es decir, en esa idea de que la riqueza la gana quien la merece.

Paul Krugman, economista y profesor estadounidense, ha indicado que Piketty argumenta muy bien que estamos en una época en la que se ha regresado al “capitalismo patrimonial”, donde los más altos estratos económicos están ocupados, no por personas talentosas, sino por dinastías familiares.

 

Esos dueños del planeta tienen nombre

 

Alejandro Muñoz Villalobos, académico e investigador de la Universidad Nacional (UNA), recalcó que el libro de Piketty es una densa exploración en el tema de los salarios, y coincide con el francés en que “sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida con certeza, porque se sabe exactamente qué hace cada uno”. Mientras tanto, a los super ejecutivos con altos salarios es muy difícil medirles la productividad; “sus salarios son antojadizos, arbitrarios y responden a una construcción ideológica”, dijo Muñoz.

 

El investigador hizo un pequeño ejercicio para mostrar cómo se manifiesta este fenómeno de los salarios en Costa Rica. Presentó un cuadro sobre desigualdad, con base en los ingresos, que abarca el período entre el año 2002  y el 2014. Las cifras fueron tomadas de la Encuesta General de Propósitos Múltiples y de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Hay una variación muy tremenda en los datos”, subrayó Muñoz. “Pueden ver lo que decía Piketty en Costa Rica. Un 16 por ciento de la población costarricense se apropia del más del 50 por ciento del ingreso nacional; y le dejan sólo un 50% por ciento al resto de la población –al otro 84%-, que son más de 3 millones de personas”.

Según Muñoz, si estos datos se desagregaran aún más “le pondríamos nombre a los dueños del país”. Asimismo, este análisis sólo tomó en cuenta los ingresos; pero si se incluyera todo lo que Piketty llama capital o riqueza -propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- probablemente esas diferencias serían muchísimo mayores, agregó el académico.

Los datos del XX Informe Estado de la Nación 2014 son similares. En el 2013 los ingresos netos promedio del 20% de los hogares más ricos de Costa Rica fueron 13 veces mayores que los del 20% de hogares más pobres. Al dividir la población por ingresos en cinco grupos, cada uno llamado quintil, se muestra que el ingreso mensual de las familias del último quintil llegó a ¢2,5 millones, mientras que el de las familias del primer quintil fue de ¢196.758.

 

Las políticas que apoyan el capitalismo patrimonial

Algunas de las maneras que propone Piketty para romper esta dinámica, ya han sido planteadas en el país. Piketty, por ejemplo, propone un mecanismo político basado en una reforma al régimen de impuestos.

Alejandro Muñoz mencionó que Piketty propone un impuesto progresivo aplicado en todas las economías mundiales. “Pero una iniciativa como esta requiere una gran capacidad de gestión política y aplicar un impuesto de este tipo requeriría una coordinación fiscal que puede considerarse utópica. Si queremos realizar cambios se requiere una nueva ética en la economía, fundada en una nueva conciencia”.

“La única forma de romper este círculo es la vía política”, dijo Luis Paulino Vargas, y agregó: “Es necesario expresarse a través de acuerdos internacionales de los estados, de la movilización social, de la participación ciudadana, de las leyes”.

Pero también se necesitan reformas, mecanismos o iniciativas a nivel internacional en cuanto a la contabilización de la riqueza y en los indicadores de la acumulación.

En los comentarios que el economista Paul Krugman ha escrito al respecto del libro de Piketty destaca que el francés ha dejado claro que las políticas públicas pueden hacer una diferencia, si los estamentos políticos de un país deciden frenar el poder de estas dinastías familiares. Sobre todo cuando a veces pareciera que más bien una parte sustancial de la clase política está trabajando activamente para restaurar el capitalismo patrimonial que describe Piketty. Krugman puntualizó además que esto se deja ver cuando se miran las fuentes de las donaciones de campaña y el poder detrás del cabildeo, que viene de estas dinastías familiares.

Hace muchos años que los que concentran mucho del ingreso, concentran la riqueza en Costa Rica y, como reconocieron los expositores, en los tiempos que vienen, los que van a dominar el mundo van a ser los capitalistas de las herencias, no los de la producción, mediante un mecanismo en el que “el pasado devora el porvenir”.


Estando claros en la forma en que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas, podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país.

martes, 10 de marzo de 2015

Milano sigue consumiendo agua contaminada por piñeras

Xinia Briceño, presidenta de la ASADA de Milano. (Fotos: Fabiola Pomareda)

Los habitantes de la comunidad de Milano, en el cantón de Siquirres, siguen consumiendo agua contaminada con residuos de plaguicidas, 12 años después de que se detectara el problema causado por las empresas piñeras.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com
Este artículo fue publicado originalmente en Voces Nuestras:

“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32. Poco después de cruzar el río Destierro, pasando Pocora, hay una ancha entrada a mano izquierda, con extensos sembradíos de piña: es el camino que lleva a Milano.

En la entrada está la planta de Corrugados del Atlántico, donde se fabrican empaques de cartón para banano, piña, melones y sandía. Luego de cruzar la línea del tren empiezan a verse pequeñas parcelas con viviendas y algún ganado, perros y gallinas. Abajo a la izquierda se distingue un bosque y una de las tantas quebradillas que hay en la zona. Briceño vive con su esposo y su hija en una de esas parcelitas, rodeados de varios árboles frutales.


Después de casi 12 años de que se detectara la contaminación por bromacil en las fuentes de agua de Milano, sus habitantes siguen consumiendo agua contaminada por la industria piñera.


Los más recientes resultados de análisis de agua de las cinco nacientes y del tanque de almacenamiento de Milano muestran que el nivel detectado del herbicida bromacil es de hasta 3,47 microgramos por litro (ugL). El nivel permitido para consumo humano es de 0,70 ugL.

 

Las pruebas fueron hechas en septiembre pasado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa Rica (UCR), a pedido del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA).

Además de bromacil, los análisis también detectaron hasta 0,22 ugL y y 0,13 ugL de los fungicidas triadimefón y metalaxil, respectivamente.

Los habitantes de esa comunidad siguen exponiendo su salud al no tener acceso a agua potable. Mientras, las empresas piñeras que operan en la zona no se han hecho responsables, ni las autoridades han encontrado mecanismos para sancionarlas por violar el derecho humano de acceso al agua.
“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32.
 

Todos se bañan con esa agua

Briceño es presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Milano. Explica que toda la gente del pueblo usa el agua del acueducto –que está contaminada- para bañarse. El agua de los camiones cisterna que gestionó Aya y que llegan a Milano cada dos o tres días, sólo la usan para cocinar o para tomarla.

“Todas las personas de la comunidad tenemos que bañarnos con esa agua porque el agua que nos dan con el camión cisterna es relativamente poca para utilizarla para bañarnos”, explicó Briceño en una entrevista con Voces Nuestras realizada el pasado 7 de marzo.

En el pueblo de Milano viven unas 700 personas. La mayoría trabaja en Corrugados del Atlántico, como peones en fincas, en una porqueriza o en la planta de FruitLight. Unos pocos trabajan en las piñeras.

 

Según Briceño, los pobladores de Milano ya experimentan problemas en la piel, muchos dolores de cabeza y dolores musculares. También se han dado abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“Pero nosotros no tenemos algo que nos pruebe a ciencia cierta que eso es ocasionado por el agua. Las que hemos podido consultar a un médico nos hemos dado cuenta de que cuando le decimos que en nuestra comunidad el agua está contaminada nos dice que puede ser eso; pero nadie nos da un dictamen médico que lo afirme”, aclaró.

También contó que en el 2013, de los 67 estudiantes que había en la escuela, diez niños tenían gastritis y creen que eso tiene relación con los químicos.
 

De acuerdo con Cle­mens Rue­pert, es­pe­cia­lis­ta del IRET-UNA, existe una discusión sobre cuál es el nivel seguro de bromacil en el agua. Los países de la Unión Europea no quieren que las poblaciones de sus países consuman agua que contenga más de 0,1 ugL; pero esta cantidad no está basada en un análisis toxicológico, sino en un concepto de precaución, dijo a Voces Nuestras.

Para el investigador, las preguntas que deberían plantearse son si el estado quiere aceptar que las aguas están siendo contaminadas por la producción de piña y si está prohibido o no contaminar las aguas subterráneas del país.

“Se quiere presentar agua potable con residuos de plaguicidas a la población, independientemente del nivel del plaguicida encontrado o no se quiere?”, cuestionó Ruepert.

 

Las primeras alertas

 

Desde 1996 el ingeniero Moisés Bermúdez advirtió sobre el riesgo de contaminación en el acueducto de Milano, afirmó Soledad Castro, consultora ambiental en CEDARENA.

 

En el 2003, el IRET realizó pruebas que comprobaron la contaminación con los agroquímicos diurón, bromacil y triadimefón.

 

El acueducto que abastece a Milano se conecta con el acuífero de Milano y cinco nacientes, en el sector de Finca Babilonia, donde sembraba piña la empresa Frutex. Posteriormente la finca fue comprada por Corporación Del Monte. Por la ubicación, la pendiente y el uso intensivo de plaguicidas en el monocultivo de la piña, los residuos de éstos se conectan directamente con el manto acuífero que da origen a las nacientes.

 

En el 2004, estudios hidrogeológicos del Aya mostraron que podía haber contaminación; sin embargo, no se tomaron medidas por parte de las autoridades.

En el 2007 se hizo público el caso. La Ministra de Salud de esa época, María Luisa Ávila, dijo que el agua no podía usarse para tomar y se ordenó al Aya a repartir agua con camiones cisterna. El 22 de agosto del 2007 fue la primera vez que el camión cisterna entró a Milano.

La piña estaba sembrada a 20 metros de las fuentes de agua, explicó Briceño. Actualmente está sembrada a 100 metros de distancia, por orden del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). También se le ordenó a la compañía reforestar la zona para proteger las nacientes de agua; pero lo que sembraron fue eucalipto, según se comprobó en una visita al sitio.

“Lo que sembraron fue eucalipto, que no son árboles aptos para 'sembrar' agua, ni son de la zona. En vez hubieran sembrado guarumo, gavilán o algún tipo de espavel”, consideró la mujer.
 

Los responsables

A lo largo de los últimos años, varias empresas piñeras han sido denunciadas en Costa Rica por operar fincas sin viabilidad ambiental, por invadir zonas de recarga acuífera, por destruir áreas de protección de las nacientes y quebradas, por violar derechos laborales y por contaminar las aguas, superficiales y subterráneas.

 

Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, enfatizó el caso de las comunidades de Siquirres: "Desde julio del 2007 tenemos a más de 6.000 personas abastecidas en El Cairo, Francia, Luisiana y Milano con un camión cisterna del AyA todos los días, a un costo estimado de 27.000 dólares mensuales. A la fecha, el Estado no ha entablado ninguna acción legal contra los responsables de la contaminación de los acuíferos”.

 

Se le consultó al MINAE al respecto y a través de su departamento de prensa se informó que la Dirección de Aguas del MINAE sólo otorga permisos de vertidos, para que las empresas puedan verter sus aguas residuales a un cuerpo de agua superficial (río o quebrada). Se indicó que la Corporación Del Monte no cuenta con permiso de vertidos ya que ellos reutilizan el agua tratada, y que el permiso para este proceso lo otorga Ministerio de Salud.

 

Soledad Castro, de CEDARENA, destacó que el principio de quien contamina paga no aplica en este caso, porque ese principio se aplica en el canon por vertidos, sólo al solicitar permisos de manera preventiva.

 

“En este caso aplica el tema de responsabilidad por daños ambientales. Sin embargo, lo que sucede es que se necesita una condena en tribunales y luego solicitar la ejecución de la sentencia, por lo que ha sido difícil lograr el pago de dichos daños”, dijo Castro. 


El 29 de mayo del 2009 la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso interpuesto contra Frutex S.A., el Ministerio de Salud, el AYA, el MINAE y la Municipalidad de Siquirres.

 

En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación del MINAE, del Ministerio de Salud y del Aya de hacer un plan de acción y atender la contaminación del agua en esta zona. También se indicó que el  Ministerio de Salud podría prohibir a las empresas el uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, si incumplieran las órdenes que se les dieran. No obstante, el Ministerio de Salud no ha llegado a esto.

 

Según informó el Aya a través de su vocero de prensa, dos estudios hidrogeológicos realizados en la zona –uno por la empresa Hidrogeotecnica y otro por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), concluyeron que el problema en la zona no era sólo por el bromacil, sino que “debido a las características de los suelos, podría aparecer cualquier plaguicida en el agua”.

 

Por otro lado, el Aya sólo dijo que ya están listos los planos y el diseño del acueducto integrado El Cairo-Herediana; pero este no incluye a la comunidad de Milano.
 
 

Comunidad ha puesto más de 16 millones de colones

Hartos de la falta de acción por parte de las autoridades y de la impunidad para con las empresas piñeras, los habitantes de Milano no se iban a quedar esperando.

Briceño detalló que en el 2009 la ASADA de Milano empezó a negociar con el Aya para hacer una nueva captación de agua en el cantón. Encontraron 12 nacientes; pero sólo una resultó apta por las condiciones hidrogeológicas. Se empezó a negociar la compra del terreno con el dueño de la finca,  don Walter Abarca.

Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo para la compra porque Abarca pedía ¢50 millones por una hectárea y el avalúo del terreno fue de ¢20 millones por esa área. Abarca accedió a venderla por ¢35 millones; pero aun así no podía hacerse la compra con dineros públicos por un monto superior al determinado por el avalúo. Finalmente, después de dos años de negociaciones, la ASADA solicitó al Aya que se empezara el trámite de expropiación.

Actualmente la ASADA está esperando que se apruebe el trámite de expropiación. Hasta la fecha se han pagado casi ¢16 millones por el depósito que debe darse para la expropiación del terreno donde está la fuente de agua; un terreno para el tanque de almacenamiento; y una servidumbre de paso.

Estos fondos fueron pagados por la comunidad, a través de un alza en el servicio de agua y algunas donaciones de la empresa privada, declaró Briceño.

¿Y la piñera?

“La piñera hizo un aporte de 400 mil colones y un pedazo del área de servidumbre de paso”, agregó.

El acueducto sería construido por el Aya con fondos de Asignaciones Familiares.

Todo esto ha generado un conflicto interno “increíble” en la comunidad, reconoció Briceño. Esto por cuanto han tenido que sacar dinero de donde no tienen y además la cuota del servicio por agua –que está contaminada- tuvo que aumentarse de ¢3.000 mensuales a ¢5.000.

“La comunidad siempre ha dicho que ellos no son responsables y que no tienen por qué pagar por el servicio si el agua que está llegando a sus casas está contaminada. Pero si nosotros no hacemos el menor esfuerzo, estando en la situación que estamos, en que no se está condenando a quien se debería condenar, que es a las empresas que vinieron a hace el daño, nosotros tenemos que hacer algo, porque si no, vamos a seguir en lo mismo”, opinó Briceño.
 

Denuncia a nivel internacional

 

Como la situación de varias comunidades como Milano continúa sin resolverse, CEDARENA trabajó con Francisco Rivera, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara en California, Estados Unidos, y se logró que esta problemática se tradujera en una denuncia a nivel internacional.

 

El próximo 20 de marzo se verá el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

 

Allí, vecinos y representantes del acueducto rural de Milano expondrán sus quejas y el Gobierno costarricense deberá explicar qué está haciendo para garantizar el suministro de agua potable en esas zonas.

 

“La idea es sentar un precedente y que esto no siga pasando en otros sectores como vemos que está pasando. Pasó en Milano, pasó en El Cairo, pasó en Luisiana”, expresó Briceño, quien es una de las personas que testificará en la audiencia.

Para Briceño, las autoridades de gobierno son responsables por haber dado los permisos y las piñeras lo son por contaminar los recursos naturales. “Saben lo que están haciendo, que es matando a la comunidad día con día con los agroquímicos que están llegando a nuestras casas. ¿Qué va a pasar con esta comunidad a futuro?”.
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