lunes, 25 de enero de 2016

Guacimal: Se mantiene fuerte defensa del río Veracruz

Río Veracruz. Fotos: Fabiola Pomareda

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Guacimal, Puntarenas.- Verdes y densas montañas con bosque, y parcelas donde pasta ganado rodean a la comunidad de Guacimal, donde vive el río Veracruz. Sus aguas son un torrente que baja en medio de grandes piedras grisáceas.

Lo que se conoce como la cuenca del río Guacimal, que tiene 35 kilómetros de largo, es alimentada por varias quebradas y ríos. Las quebradas Sucia y Máquina drenan los centros urbanos más grandes de la zona, que son Santa Elena y Cerro Plano; mientras que la quebrada Cuecha, viene directamente de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Las quebradas Cambronero y Socorro drenan las tierras de bosque y pastoreo de las comunidades de Monteverde y San Luis. Más abajo, tres ríos alimentan la cuenca de Guacimal: los ríos San Luis, Acapulco y Veracruz.

Precisamente habitantes de Guacimal y pueblos cercanos se mantienen en defensa del río Veracruz, ya que un grupo solicitó una concesión para un proyecto de riego; pero éste no cuenta con permisos de construcción ni viabilidad ambiental.

Imágenes tomadas del documento “Water Resources of the Upper Rio Guacimal Watershed”, Justin Welch. University of Georgia Costa Rica Campus, Monteverde.
 
Fue en el año 2010 que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal pidió una concesión para tomar 163 litros por segundo del río Veracruz, durante 10 años, para un proyecto de riego que cubriría 175 hectáreas de 30 agricultores que tienen cítricos, hortalizas, maíz, pasto y actividad lechera. El proyecto sería desarrollado por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).

Daniel Villalobos, joven activista y miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, hizo un recuento de cómo comenzó la lucha.

La comunidad se sintió violentada. Esta Sociedad llegó y pidió una concesión para un proyecto de riego que supuestamente iba a beneficiar a Guacimal y a Los Ángeles pero el proyecto no se propuso en la comunidad. Al final los permisos se tramitaron para un proyecto el triple de grande que iba a llevar agua hasta fincas en Coyolar y Sardinal de Puntarenas. Iba a explotar una gran cantidad de agua que iba a amenazar la condición crítica de los ríos de la zona, que han sido muy afectados sobre todo en época seca por el cambio climático”, explicó Villalobos. 

Pero no sólo por el cambio climático. Mucha de la gente tiene miedo de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones porque básicamente han visto morir a otros ríos y han experimentado el sufrimiento de no tener agua. Un triste ejemplo es el río Acapulco, uno de los que alimentaba la cuenca del Guacimal.

Ver video:


MINAE otorgó concesión y empezó la disputa

La Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (MINAE) otorgó a la Sociedad citada una concesión sólo por 74 l/s. La Sociedad apeló esa concesión y en el 2011 el MINAE les dio la concesión que querían por 163 l/s. Obtuvieron el permiso de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) únicamente con una declaración jurada de compromisos ambientales.
 

Verónica Sheehan, activista y co-fundadora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guacimal, criticó esas declaraciones juradas y la falta de control por parte de la SETENA.

“Hasta ahorita lo único que se han hecho son declaraciones juradas de compromisos ambientales, donde el desarrollador dice en un formulario 'sí, yo juro que no hay afectación a la flora y fauna; yo juro que no hay oposición de los vecinos, yo juro que no hay problema con este proyecto' y esa declaración de uno se utiliza como un instrumento para dar la viabilidad”, dijo Sheehan.

Después de que ocurrió eso, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal interpuso un recurso de amparo y en el 2014 la Sala IV anuló la concesión de 163 l/s y dejó vigente sólo la de 74 l/s. La Sala IV también anuló la viabilidad ambiental y ordenó hacer el estudio de impacto ambiental.

“El pueblo no estaba satisfecho”, continuó Villalobos, “entonces interpuso el recurso de amparo por la amenaza al derecho a un ambiente sano, porque la gran concesión amenazaba con dejar seco el río Veracruz, que es un río muy preciado por la comunidad por la calidad de su agua, porque es un río de agua limpia, que proviene de zonas donde no hay asentamientos poblacionales”.

Es un río sano y de gran riqueza

Tom Shahady es un estadounidense que lleva varios meses realizando biomonitoreo para ver qué tan sanos son los ríos de la zona. Conocimos a Shahady, quien es profesor de la Universidad de Lynchburg, en Virginia, tomando muestras de agua a las orillas del río Veracruz.

El investigador, con ayuda de estudiantes y en alianza con la Universidad de Georgia (Estados Unidos), analiza la calidad del agua, su temperatura, caudal, insectos, nivel de oxígeno, entre otras cosas.

Shahady está monitoreando los ríos Guacimal, Aranjuez y Lagarto, que forman parte del Corredor Biológico Pájaro Campana (desde Monteverde hasta Chomes en la costa). También está analizando la presión de las fincas, la contaminación y los conflictos de agua en las comunidades. Los resultados de esta investigación estarán listos este año.



Según Shahady, el río Veracruz es uno de los ríos más sanos de la zona, de acuerdo con los resultados preliminares.

“Actualmente el río Veracruz es muy sano, según la información que tenemos. Esto es importante para la comunidad porque ellos tienen una buena fuente de agua de excelente calidad y es muy difícil de encontrar en otros ríos. La comunidad puede desarrollar herramientas para protegerlo y usar esta información”, apuntó Shahady.

De hecho la comunidad ha denunciado sobre todo los efectos ambientales del proyecto de riego que se quiere construir y cómo afectaría la flora y fauna de la zona, como la nutria, especie amenazada de extinción, y el pez machín.

En una reciente visita a Guacimal, conversamos con vecinos que asistían a la Feria Rural. Algunos de ellos temen que si se construye el proyecto, es muy posible que se seque el cauce del río Veracruz. Doña Juana Emilce Loría, por ejemplo, vive en el pueblo de El Alto Fernández, en Guacimal.

“Resulta que ahora el río se lo quieren llevar, pero no para uso humano, sino para engrandecerse ellos con más dinero del que ya tienen. La idea de nosotros es pelear con las uñas pero que este río no se mueva de aquí. Si fuera para beneficio de la gente está bien, pero es para unos ricachos”, dijo doña Juana.

Su esposo, Juan Rafael Sánchez Elizondo habló de de los usos que le da la comunidad al río vivo.

“Algunos traen el ganado a beber agua, y se usa para pescar, para pasar las calores del verano, llevar los nietos para que almuercen ahí, y se bañen; los nietos aprendieron a nadar en este río”, contó.

El más reciente argumento

A pesar de la poca viabilidad social, la Sociedad de Usuarios abrió otro expediente ante la SETENA con un nuevo nombre: Proyecto de Riego SUDAGUA.

La comunidad volvió a interponer denuncias, a recoger firmas y a presionar a la SETENA para que no aprobara el proyecto. Finalmente la SETENA les dijo a los desarrolladores que necesitaban el estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, el nuevo argumento de los desarrolladores es que el proyecto de riego está ahora bajo la sombrilla del Decreto Nacional de Emergencias (No 38642-MP-MAG), emitido por el Gobierno en el 2014. Este dice que los proyectos incluidos en el Plan General de Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país “están exentos de trámites ordinarios ante las entidades competentes” y que no tienen que cumplir ningún procedimiento ambiental para ser construidos.

En julio de 2015 la SETENA resolvió no evaluar ambientalmente el proyecto, después de que los desarrolladores le solicitaron cancelar esta evaluación. 

Así fue como la Sociedad de Usuarios se preparó para iniciar la construcción del proyecto lo más pronto posible. En una visita reciente a Guacimal, pudimos observar más de 20 tubos de color verde claro y de unos 40 cm de diámetro apilados en una de las fincas cercanas, listos para el inicio de la construcción.

 
Pero Verónica Sheehan destacó que en el Plan General de Emergencia el proyecto tiene una categoría “ordinaria”, no de “excepción” y que en el 2010 la Sala IV se pronunció sobre un caso parecido, “donde se pretendía usar un decreto de emergencia como carta blanca para hacer cualquier cosa”.

La Sala indica que emergencias son necesidades urgentes o imprevista en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, son situaciones transitorias y urgentes, y son para mantener los servicios públicos. El proyecto no responde directamente a la sequía ni es proporcional el supuesto daño ocurrido para operar con esta urgencia sin viabilidad ambiental. Sin embargo la Comisión Nacional de Emergencia insiste en respaldar esta medida de excepción sin una verificación de campo”, indicó en un comunicado la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del Cantón Central de Puntarenas, a la que pertenece Sheehan.

El 14 de diciembre más de 120 personas bloquearon parcialmente la carretera Interamericana, para exigir a la Municipalidad de Puntarenas la documentación de los permisos del proyecto de riego.

Danny Villalobos confirmó: “Con la documentación logramos confirmar que el proyecto no tiene permiso de construcción de parte de la Municipalidad, y eso es un requisito de ley. En una reunión comunal decidimos que íbamos a paralizar los trabajos hasta que alguna autoridad diera respuesta de por qué estaban permitiendo construir sin autorización de la Municipalidad y sin la viabilidad ambiental, que es lo que desde hace tiempo veníamos reclamando”.

Cuando los vecinos se enteraron de que estaban descargando maquinaria pesada y grandes tuberías cerca del cruce a Santa Rosa, a 4 kilómetros de Guacimal, bloquearon el paso de la maquinaria y exigieron a la Municipalidad que paralizara las obras. Esto ocurrió el 7 de enero. Ese día, finalmente, el Gobierno intervino.


Gobierno convoca a proceso de diálogo

Foto: Josué Segura
 
El pasado lunes 18 de enero se realizó una reunión en Casa Presidencial, como parte de un proceso de diálogo entre la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico de Puntarenas, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, autoridades del SENARA, Dirección de Aguas del MINAE, Municipalidad de Puntarenas, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de la Presidencia.

Ese día SENARA accedió a mantener la paralización de las obras por 15 días más. En la reunión también participaron Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), y Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa del Frente Amplio. Ellos informaron que se acordó hacer un monitoreo de las concesiones actuales que tiene el río, legales e ilegales. El proceso de diálogo continuará el 25 de enero, con la audiencia de los argumentos de la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles.

En varias ocasiones hemos intentado comunicarnos con Anais Madrigal, representante legal de la Sociedad de Usuarios, pero no ha contestado el teléfono ni devuelto los mensajes.



domingo, 8 de noviembre de 2015

Manifestación de la “clase media”: “Soy tico, odio a RECOPE y al Estado”


 
Plaza de la Democracia, 8 de noviembre 2015. Foto: Fabiola Pomareda
Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Hoy domingo, alrededor de las 10 y media de la mañana, la Plaza de la Democracia parecía ser la sede de una convocatoria para ver un partido de la Sele. La gente vestía camisetas blancas, muy pacíficas, y otros camisetas con la bandera de Costa Rica. Unos fueron más allá y se pintaron la bandera en la cara, para que no quedara duda.

Sobre la avenida segunda habría por lo menos 30 motocicletas muy bonitas estacionadas. Se paraban vehículos, hermosos y limpios todos ellos, a bajar a las señoras que también venían a la manifestación. Pude ver de esos Land Rover de lujo, tipo Defender; de esas Toyota Land Cruiser. Y la gente toda muy feliz de encontrarse con sus amigos.

Este público fue convocado a través de las redes sociales por personas que se agrupan como Grupo Cívico Costa Rica a La Calle y están “en contra del despilfarro y de los abusos con las convenciones colectivas de las instituciones del Estado”.

Su discurso es en defensa de la “clase media” y en contra de los “paquetazos de impuestos”. Fue muy interesante escuchar a uno de los oradores, que se quejaba del Estado maligno y daba su solución para acabar con la desigualdad en el país:

“A la empresa que está comenzando, y tiene problemas de capital de trabajo, le quitan la posibilidad de recursos para comprar nuevos activos y para exportar, para tratar de vender nuestros productos y llevarlos si es posible a Europa, o a Asia. Le cortamos las alas a esa empresa. Le quitamos recursos. El Estado no ayuda en nada. Solo quita. Supone que hay utilidades y que sobra y que eso está para repartírselo. Nos quita el capital de trabajo con los impuestos progresivos. Los que graban las altas utilidades, la eficiencia”.

“¿Qué es el impuesto regresivo? El que pagamos la mayoría, el que afecta a todos directamente, cuando comemos en una soda, cuando desayunamos, cuando nos tomamos un refresco, estamos pagando impuesto de ventas, son impuestos regresivos”.

“Nosotros podemos proponer un nuevo impuesto. Podría ser que sí. “¿Por qué no? Pensemos en un impuesto que no sea ni progresivo ni regresivo. “¿Qué les parece? Que no dañe a nadie. Que sea sano. El Estado no se preocupa por lo sano, quiere que paguemos todos y punto. Esa es la solución, soltando, soltando”.

“Pensemos en un impuesto sano. Calculemos el promedio del salario que ganamos todos los empleados de la empresa privada, lo que es la sociedad civil. Calculemos ese salario y el que reciba mayor retribución que eso, empleado público o de empresa descentralizada o autónoma, pagará como mínimo el 50% de impuesto sobre esa renta y terminamos con el problema de los privilegios, con la desigualdad, con el robo a nuestros hogares y con el saqueo a nuestros niños”.

A pocas cuadras de ahí, un grupo de personas se manifestaban en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y en contra de la criminalización de la protesta. Pero los vendedores de agua, los vendedores de copos y los vendedores de todo preferían el público de la Plaza de la Democracia.

El público estaba compuesto por personas que cargaban bajo el brazo libros para ser exitosos, como el del emprendedor social de moda Muhammad Yunus; por ersonas que firmaron lo que les pidieron y que cantaron La Patriótica antes de irse para la casa.

Según el Grupo Cívico Costa Rica a La Calle Nuestro, su movimiento “es cívico, sin fines de lucro y sin ataduras de color político”. Su fin “es unir los diferentes grupos sociales y seguidores de los diferentes partidos políticos democráticos bajo la bandera de Costa Rica”. Están “en contra de los abusos salariales, el despilfarro de fondos públicos por parte del gobierno, de instituciones como RECOPE que desangran al país, en contra de la corrupción y la impunidad que se ha dado por muchos años”. Dice “No” a “los nuevos impuestos que los llevará sobre sus hombros la clase media y la de menor ingresos”.

Y en sus filas militan personas como Andrés Pozuelo, quien escribió en redes sociales dando su apoyo a la manifestación de hoy y dejando este mensaje de cierre: “Los políticos como cualquier vendedor, toman órdenes políticas de sus clientes concentrados y dispersos. Las ideologías son simples eslóganes evolutivos, y no existe político que no esté dispuesto a cambiar de ideas y mensajes, si este percibe que tienen resonancia en la gente. Por eso, la batalla de ideas debe ser clara en contra del estatismo y más impuestos, y si suficiente gente se adhiere a estas ideas, pronto todos los políticos lo harán también”.

Aquí un video:

martes, 4 de agosto de 2015

Buenos Aires: Ese extraño sur


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

“Subte línea B y me alejo más del cielo
ahí escucho el tren, ahí escucho el tren
estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo”
(“Mañana en el abasto”, Luca Prodan)



La mayoría de las veces tomábamos el micro; otras el metro o subte; y otras nos íbamos en el tren hasta la estación de Retiro. En Retiro podían ser las nueve de la noche y el calor seguía siendo insoportable. El andén estaba hirviendo; la gente resignada y unos chicos se metían al tren por la ventana.


En Retiro siempre había parada obligatoria en el kiosko. Los kioskos de libros y revistas en Buenos Aires son todo un microuniverso y quienes los atienden unos personajes. Ahí se encontraba cualquier cosa. Diarios, pósters, gatos desparramados dormidos sobre las revistas, novelillas eróticas, libros de Roland Barthes, un niño comiendo un enorme sándwich de jamón sentado sobre las cajas, revistas de fútbol El Gráfico y más.

Los primeros días nos quedamos en Vicente López, en el barrio de Florida. Estuvo muy presente todos los días Pepa Pig, este personaje adorado por Liz, la hija de Lili y Mau, que fueron quienes nos recibieron en su casa. Fueron días y noches de calor, de desayunos juntos, de caminatas, de helados, de pláticas y de largos viajes en micro.

En Buenos Aires estuvimos con mucha gente linda: Lili y Mau, mi primo Gabriel, Celeste, Alba, Carolina, y por supuesto Jeymer y Elena. Para llegar al apartamento de estos últimos, recibimos estas instrucciones:

“Quedemos para mañana tipo 13 horas, pero no pasa nada si llegás un poco más tarde o un poco antes. (…) Desde Avenida Corrientes al 5100 tenés que caminar hasta la esquina con Scalabrini Ortiz (en esa esquina vas a ver un monumento de unos músicos, son tipo como unos muñecos, es una banda de tango, adjunto una foto, es un monumento a Pugliese, el maestro ciruelo, cantante de tango del barrio y uno de los primeros miembros del partido comunista en Argentina). En esa esquina como que Corrientes se divide y comienza una pequeña calle que se llama Luis María Drago, caminás por esa calle hasta la esquina (hay un puesto de flores ahí) y ahí está Araóz, doblás a la derecha y a 20 metros está el edificio donde vivo (a la par de la verdulería)”.

Efectivamente llegamos y fue un día alucinante.

...

“Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido
y veo el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona
llena de dulzura (…)
La sangre del compañero
golpea más fuerte que bombas y metrallas.
Así golpeará nuestro puño nuevamente”

(“Somos cinco mil”, Víctor Jara)


A la mañana siguiente no hubo tiempo para dormir. Fuimos a conocer el centro de tortura clandestino Automotores Orletti.
Orquesta típica El Afronte





Los vimos en la tarde en una calle cerca de la Feria de San Telmo y a la noche los fuimos a buscar a este pequeño teatro en el segundo piso de un edificio. Su voz era destructiva, arrebatada. Los músicos caían sobre los bandoneones y se iban a negro al final de cada canción. Demasiada tristeza.

...

La noche del 31 de diciembre fue donde Alba y Osvaldo y la cena fue en el patio en la azotea de su casa. De comer hubo asado -lomito, pollo, costillas-, tomates rellenos con atún, ensalada de remolacha y zanahoria, pan, huevos duros y cus-cus. También pusieron cintas de colores colgadas de una cuerda y en cada cinta un papel en el que cada uno escribió un deseo. Luego vimos los fuegos artificiales por entre los edificios vecinos. Toda la casa estaba rodeada de altos edificios y ahí resistía.


La vida en los parques

En el Parque Centenario hay decenas de libreros; uno de ellos habla de Marx mientras cinco compradores lo escuchan atento. Ahí están esos libros que se encuentran por casualidad, sin buscarlos. Se ve de todo: ropa nueva y usada, antigüedades, casetes, camisetas de equipos de fútbol, bolsos, muñecos de personajes de caricaturas, como los ositos cariñosos, los simpsons, batman, el hombre araña y he-man. El parque enorme está lleno a reventar.



Primero de enero, 2015. Fuimos al cine a Caballito y a la salida caminamos hasta el Parque Rivadavia. La calle estaba casi vacía y todos los puestos de libros usados cerrados; sólo uno abierto e iluminado por un bombillo. El vendedor tenía una camiseta negra y el pelo largo, y miraba el monitor de una computadora vieja amarillenta. Afuera, cinco gatos comían de unos platos sucios.




Tres días después volvimos al Parque Rivadavia, pero de día. Esta vez no sólo había libros, sino también música, películas, programas de cómputo y gatos durmiendo detrás de las cajas de los libros. Viejos juegan ajedrez en las mesitas y en uno de los puestos una mujer vende pósters con fotos de Buenos Aires de los años treintas; en otro un rockero sesentón tiene mucha música metal. En los jardines, unas parejas comparten mate y los niños escalan árboles gigantes. Una banda toca salsa y son y la gente baila. Vemos pompas de jabón, al caer la tarde.


“Andábamos sin buscarnos
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”
(Julio Cortázar, “Rayuela”)

...

Al final quedaron anotados en la libreta los recorridos que hacíamos cada día, nuestras rutas de viaje, las direcciones de los colectivos que debíamos tomar. Escribíamos allí en qué esquina subir, en cuál bajar y hacia dónde íbamos. Pequeños mapas dibujados en una libreta...


(16 de diciembre 2014 – 6 de enero 2015. Con Josué Arévalo V.)

sábado, 2 de mayo de 2015

1° de Mayo: A toda esa gente que cada día sobrevive con menos


Vendedores el 1 de Mayo, en San José. Fotos: Fabiola Pomareda

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com


¿Quién estaba en la calle ayer? No estaban las encargadas de mercadeo de las cámaras empresariales, ni tampoco los ingenieros que repudian a los “chancletudos”, ni mis vecinos, que jalaron a la playa pasadas las ocho de la mañana. Tampoco estaban los funcionarios que reciben sobresueldos en instituciones públicas. Ni aquellos convencidos de que viven en un universo paralelo, que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la gente en Costa Rica.

Por supuesto que en la Marcha del Primero de Mayo de ayer tampoco estuvieron todas las personas que tuvieron que entrar a trabajar temprano a los supermercados, ni a las cocinas de los restaurantes que abrieron en este día feriado.

Pero en la gran manifestación que llenó la Avenida Segunda sí estuvieron muchos que vinieron de zonas abandonadas de todo el país. Y caminaron maestras, trabajadores de las cuadrillas municipales, trabajadores de las bananeras, indígenas, jóvenes militantes de la Juventud Vanguardia Popular, del Frente Amplio, del Partido de los Trabajadores, empleados de la Caja, trabajadoras domésticas, trabajadoras de comedores escolares, gente de población sexualmente diversa, del movimiento ecologista, costarricenses que vinieron de Guanacaste, de Siquirres, de Puriscal, de Sarapiquí.

Y muchos trabajadores y trabajadoras que cada día sobreviven con menos.

¿Cómo se puede seguir sobreviviendo en este país con un salario de 278,000 colones al mes? ¿Y pagar la comida, el alquiler, la ropa y los zapatos para los hijos, los pases del bus, la luz, el teléfono?



En los comedores escolares

Las señoras y muchachas que trabajan en comedores escolares vistieron camisetas azules y se protegieron del sol con sus sombrillas. Vinieron de Guatuso, Puriscal, San Marcos de Tarrazú, de la Zona Norte, de Palmares y de San José Centro.

“Lo que nosotras estamos pidiendo y por lo que hemos venido luchando por muchos años es para que nos den el nombramiento, porque plaza que se cerraba porque se pensionaba la compañera o se moría, se quedaba cerrada. Hemos logrado 600 plazas en los últimos tres años”, dijo Rosario Ruiz, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME).

“Pero faltan muchas cosas”, añadió Ruiz. “Falta el respeto a la compañera en su lugar de trabajo porque las compañeras son agredidas, son maltratadas. Tenemos dos grupos, las que están por el Ministerio de Educación y otras por las Juntas de Educación y Administrativas, que son más maltratadas todavía”.

Algunos abusos laborales que viven estas mujeres son que las ponen a hacer cosas que no les corresponde o las dejan trabajando horas de más todos los días, o no les pagan seguro ni lo que deberían estar ganando en realidad.

El salario base de las trabajadoras de comedores escolares contratadas por el MEP es 278,000 colones, más las anualidades. Las que están contratadas por las Juntas de Educación reciben un subsidio de 155,000 colones al mes; pero según Ruiz las Juntas se aprovechan y de ahí les rebajan seguro de salud, póliza de vida y aguinaldo. Actualmente el sindicato -que agrupa a unas 1,200 trabajadoras- está negociando con el Registro Civil y con el Ministerio de Trabajo para que nos hagan una revisión salarial para ver por qué las trabajadoras de comedores escolares.

Ana Patricia Selada Solís, quien se vino de Nicaragua hace ocho años.


Migrantes nicaragüenses

Mientras la multitud caminó desde el Parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, los diputados estuvieron encuartelados en la Asamblea Legislativa, eligiendo el directorio, la mayoría negociando el poder, la minoría haciendo oposición digna; pero definitivamente no pendientes de lo que pasaba en la calle.

Las trabajadoras migrantes nicaragüenses que vinieron de las comunidades de Río Azul y Linda Vista, llegaron acompañadas de sus hijos y vistiendo trajes de baile típicos de Nicaragua.

Ana Patricia Selada Solís es oriunda del municipio de Tipitapa, Managua, y lleva ocho años de vivir aquí. Para esta mujer el Primero de Mayo es importante porque está convencida de que es de las pocas oportunidades que tiene esta población para denunciar ante los diputados los derechos laborales que aún no se garantizan a los trabajadores migrantes.

“Creemos que organizados podemos salir a la calle y creemos que hoy tenemos la oportunidad para que el gobierno nos tome en cuenta”.

Según explicó Selada, si bien los artículos transitorios de la Ley de Migración y Extranjería permitieron la legalización de muchos nicaragüenses; miles quedaron por fuera por diversos motivos.

“Necesitamos que los diputados reformen la ley. Hay mucha gente nicaragüense que trabaja, que tiene a su familia completa aquí y aún no pueden tener una cédula de residencia.

La mujer obtuvo su cédula de residencia por vínculo familiar, pues tiene un hijo costarricenses de tres años. De esa forma arreglaron su situación migratoria ella, su esposo y su hija de 18 años; pero no pudo sacarle la cédula a su otro hijo de 10 años por falta de dinero.

“Es muy costoso. Le pedimos a los diputados que bajen los costos, porque hay familias muy numerosas, tal vez de siete u ocho personas y de esas siete tal vez sólo dos pudieron documentarse. Es mucha plata”, expresó.

“Yo, por ejemplo, soy trabajadora doméstica. Tengo un salario mínimo y con tres hijos, uno de escuela, otro de colegio y otro de tres años y pagando casa se nos hace difícil. Entonces le pedimos a los diputados que bajen los costos para que las demás personas podamos tener acceso a la documentación”, indicó Selada.

El costo del trámite varía. La mujer pagó 130 dólares por arreglar sus papeles; pero su hija de 18 años tuvo que pagar 550 dólares.

“Entonces es mucha plata para nosotros los pobres”, afirmó.

Pablo Villalta Sandoval, de Naranjal de Río Viejo de Sarapiquí.


De las bananeras

Durante la marcha, tres jóvenes de la Juventud del Frente Amplio realmente impactaron. Llevaban sus rostros pintados de plateado y se movían como robots. Una representaba a una trabajadora de un McDonalds, otra a una operadora telefónica de un call-center y otro era un trabajador del campo con su equipo de fumigación.

Los trabajadores de las bananeras y plantaciones piñeras también estuvieron representados ayer.

Pablo Villalta Sandoval, trabaja en una finca de Bandeco en Naranjal, Puerto Viejo de Sarapiquí

“Estoy aquí por la violación que hay a los derechos de los trabajadores bananeros y piñeros. Los patronos nacionales y también transnacionales violan nuestros derechos, no nos dan libertad sindical. Nuestros recursos económicos día a día son menos en lugar de ser más, mientras que los precios de la canasta básica suben”, denunció Villalta.

Entre los riesgos a la salud que enfrentan el hombre contó que a veces hay fincas donde mandan a trabajadores a zonas donde están haciendo fumigación aérea, sin avisarles. Cando los jerarcas se dan cuenta lo que hacen es botar al trabajador y al capataz no le hacen nada.

“En muchas ocasiones muchos trabajadores trabajan nueve o diez horas diarias y les pagan un salario insignificante, incluso por debajo de la hora, y hay que estar peleando constantemente para que les paguen lo que les deben. La gente que trabaja por periodo (sin estabilidad laboral, les dan un periodo de prueba de 3 meses y medio) no pueden decir nada porque si reclaman sus derechos los botan”, añadió.

Villalta y sus compañeros siguieron bajando por la Avenida Segunda, llevando sol y cargando su gran manta.
 








 

viernes, 10 de abril de 2015

A 15 años del Combo del ICE, los ecos de la resistencia


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD
 

Por Fabiola Pomareda

La lucha contra el Combo del ICE fue el momento en que el desencuentro se radicalizó en Costa Rica. Las manifestaciones contra la aprobación legislativa del proyecto de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hace 15 años mostraron la profunda desvinculación entre la dirigencia política de Costa Rica y la gente. Hoy hacemos memoria.

 

Muchas veces se ha dicho que las protestas sociales empezaron a mediados de marzo del 2000 cuando los agricultores bloquearon la carretera a Cartago en el Alto de Ochomogo; pero todo empezó a gestarse mucho antes.

 

Antes del año 2000 hubo varios intentos de debilitar, vender o regalar el ICE, como con el caso Millicom a fines de los 80s y principios de los 90s. Fue en el primer gobierno de Oscar Arias cuando mediante un decreto ejecutivo, se le permitió a Millicom operar en el país, usando la frecuencia para operar telefonía celular. A fines de 1993 la Sala Constitucional emitió un dictamen y se ordenó a Millicom suspender operaciones en el país. En todo momento la dirigencia sindical y los y las trabajadoras del ICE, mantuvieron una constante oposición y procuraron el apoyo nacional.

 

En 1999 empecé a trabajar como reportera en el Semanario UNIVERSIDAD y recuerdo que desde ese año el periódico ya se dedicaba de lleno a cubrir  cualquier posibilidad de apertura, privatización de los mercados o venta de activos del ICE, las denuncias acerca de los peligros ambientales provocados por la generación eléctrica privada o la producción geotérmica en Parques Nacionales y la posibilidad de un aumento desmesurado en las tarifas eléctricas.

 

Pero la gota que derramó el vaso fue la introducción a la corriente legislativa del proyecto de “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, un plan que fundía tres proyectos y que venía a desmantelar al ICE, a privatizar las telecomunicaciones  y a ampliar la participación privada en la generación de energía.

 

Las luchas contra el Combo simbolizaron el hartazgo de esa época y el final desencuentro entre los estamentos políticos y la realidad de la gente. Todo el país se levantó.

 

Lo que pasó: 17 días de protestas

 

Cubrimos los días del Combo en el Semanario UNIVERSIDAD, los periodistas William Vargas, María Florez-Estrada, Eduardo Ramírez, , Rafael Ugalde; y en los días de las protestas sociales se sumó todo el equipo, Fabiola Ruiz, Lisbeth Huertas, Carlos Alvarado, Bértold Salas, Paulo Aguilar, Gilberto Lopes y muchos otros.

 

Estábamos en el gobierno neoliberal de Miguel Ángel Rodríguez cuando el 20 de marzo del 2000 se aprobó en primer debate el "Combo energético", con el voto de 45 diputados del "PLUSC" (PUSC +PLN). Para esto se usaron tácticas que se pueden calificar de autoritarias para forzar el debate y la aprobación en la Asamblea Legislativa, cuya implementación estuvo a cargo del presidente del directorio legislativo en ese momento, Carlos Vargas Pagán, con el respaldo de la mayoría mecánica del "PLUSC". Me refiero a la realización de sesiones maratónicas, el desalojo de las barras donde el público observa las sesiones del plenario, la toma de las instalaciones legislativas por fuerzas policiales y la misma votación del 20 de marzo.

 

Esto constituyó en última instancia el detonante de la desobediencia civil masiva. La explosión fue inorgánica y casi espontánea. Se manejaron unos niveles de conciencia como nunca antes.

 

El documental “Combo Callejero”, producido por Pablo Cárdenas, es una memoria de esta movilización social:



 

Empezó entonces la quemazón de llantas. Se dio un levantamiento popular y de resistencia. Se usaron métodos de desobediencia civil pacífica como los paros laborales, las huelgas, las concentraciones y marchas, las vigilias de oración, las caravanas de automóviles, los bloqueos de calles, la huelga de hambre, la recolección de firmas, la publicación de manifiestos en periódicos y la distribución de volantes.

 

La gente bloqueó el puente sobre el río Tempisque, la calle frente a la sede de la UCR en Liberia, hubo tomas de puentes en Pérez Zeledón, en el Alto de Ochomogo. Decenas de comunidades hartas de lo que estaba pasando políticamente salieron a la calle en Guanacaste, Limón, Puntarenas y la Zona Sur. Y que se diga en San José.

 

Los y las protagonistas: Trabajadores del ICE y del resto del sector público, ambientalistas, estudiantes universitarios y de secundaria, pastorales sociales, agricultores, artesanos, intelectuales y profesionales.

 

La marcha del 23 de marzo del 2000 ha sido una de las manifestaciones más importantes de la historia.

 

Se quebró el sistema. Llegó a haber hasta 17 bloqueos simultáneos en todo el país. Luego vino la violencia; todas las acciones de bombardeos con gases lacrimógenos, garrotazos y arrestos, ordenadas por el entonces Ministro de Seguridad Rogelio Ramos.

 

Toda esta movilización obligó al poder político a retirar de la agenda legislativa el controversial proyecto. El día 4 de abril el Gobierno accedió a conformar una Comisión Especial Mixta para analizar el futuro del ICE. Posteriormente, una resolución de la Sala IV declaró inconstitucional el primer debate en que se había aprobado el proyecto, por razones de procedimiento.

 

No fue la batalla final

 

José Merino del Río, quien en esa época era diputado de Fuerza Democrática, lo resumió muy bien en una compilación publicada por la Revista Aportes, en el año 2000, y titulada “De Combo en Combo, lecciones importantes”.

 

Escribió Merino, presidente fundador del Frente Amplio: “La lucha popular se dio en el contexto de un profundo malestar de un creciente número de personas con las políticas neoliberales y la corrupción”.

 

En esos años, los políticos tradicionales estaban bajo una permanente sospecha de la población, que los hacía responsables por el deterioro de sus condiciones de vida -la economía crecía; pero la riqueza no se redistribuía-, y por numerosos casos de corrupción que comenzaron con el fraude del Fondo de Emergencias, con los Incentivos Turísticos, el Fondo de Desarrollo Agrícola (FODEA), el Banco Anglo, BICSA, Aviación Civil, FODESAF, Compensación Social y los CAT. Y que aún continúan.

 

“Es evidente que la existencia de este descontento social creciente dio un gran aliento a la lucha contra el Combo”, apuntó Merino, fallecido en el año 2012.

 

Luis Paulino Vargas, hoy director del Centro de Investigación y Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), también relató en la Revista Aportes: “Los opositores éramos representados como una manga de ignorantes, retardados al punto de ni tan siquiera poder estudiar, mucho menos entender, esas leyes. Y se reiteraba que eran estúpidos, tanto los estudiantes de secundaria y universidad o los sindicalistas y empleados públicos, como los catedráticos universitarios y las gentes de las más variadas y remotas comunidades de Costa Rica” que se opusieron al Combo del ICE.

 

Días después de la conformación de la Comisión Especial Mixta se realizó el foro “Combo del ICE, lecciones aprendidas y alcances para la sociedad civil”. Ese día Rodrigo Carazo expresó: “Yo no creo que con el Combo dimos la batalla final; creo que falta mucho por hacer y que para poder hacer esto, la educación es fundamental, la participación popular alrededor de una agenda que nos lleve a nuestros agricultores, que nos lleve a quienes combaten la minería a cielo abierto, las exploraciones petroleras, todos aquellos que en estos momentos están sufriendo la amenaza de una mercantilización de nuestra sociedad, de una materialización absoluta de nuestra institucionalidad…”

 

Han pasado tantas cosas en estos 15 años.

 

Esta semana se llevaron a cabo varias actividades para conmemorar estas luchas. Eva Carazo, activista política y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) en ese entonces, hablo en una entrevista con Voces Nuestras de la importancia de mantener en la memoria el aprendizaje que supuso la lucha contra el Combo.

Entrevista a Eva Carazo - Voces Nuestras


Está claro que el triunfo social del año 2000 ocurrió en un contexto muy distinto del actual. “En la lucha contra el Combo logramos articular una enorme diversidad de sectores de la sociedad, gente de zonas rurales, de zonas urbanas, trabajadores del ICE, comunidades organizadas, sector estudiantil empresarial, académico”, dijo Carazo, y agregó: “Otro aspecto positivo que tuvo la lucha contra el Combo fue vincular la discusión con la idea de desarrollo, el tipo de estado, el tipo de país en el que vivimos”.

 

“Para los movimientos populares es muy importante recordar la historia, recordar los caminos que hemos recorrido, los aprendizajes, las lecciones, las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal también. Y es parte de lo que somos y tendemos a tener memorias muy cortas, a vivir muy en lo inmediato y a olvidar que muchas de las luchas que estamos dando tienen raíces profundas”, declaró Carazo.

Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
 
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.

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Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.



 




 

 

lunes, 6 de abril de 2015

La costa es su hogar. Habitantes de territorios costeros siguen a la deriva de desalojos

Manuel Chacón, habitante de Tárcoles, Puntarenas. Foto: Fabiola Pomareda


Artículo publicado originalmente en Voces Nuestras: Gobierno convoca proyecto de ley para habitantes de territorios costeros

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Los habitantes de las zonas costeras y territorios insulares del país siguen enfrentando los desalojos ordenados por las Municipalidades, que de unos años para acá decidieron poner en orden las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). En días pasados el Gobierno tomó acción para que avance en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para beneficio de estos habitantes. No obstante, mientras, estas familias siguen a la deriva.

Manuel Chacón Rojas nació en Tárcoles, Puntarenas, y tiene 55 años de vivir allí. Le cuida las lanchas a sus hijos, que llevan gente en recorridos por el río Tárcoles a que vean a los cocodrilos. En Tárcoles, donde viven alrededor de 1.800 personas, la mayoría siempre ha vivido de la pesca, dijo Chacón; y otros del turismo.

“Nosotros vivimos en la parte costera y la otra parte la tienen abarcada los hoteles y las fincas. No hay dónde poder vivir. La tierra la tienen los grandes”, contó.

Cuando los padres de Chacón llegaron a Tárcoles, lo que había eran terrenos baldíos y la gente fue levantando sus casas ahí. Actualmente los únicos que tienen escritura son los finqueros, según el hombre. La gran parte de los habitantes de estos territorios costeros viven con la incertidumbre de que les llegue una orden de desalojo.

“En cualquier momento la Municipalidad puede echar a cualquiera o deshabitarlo porque ellos tienen otros proyectos, que no sabemos con qué beneficio o con qué lucro. La Municipalidad tiene plan regulador pero es al antojo de ellos”, dijo Chacón.

“No es estable en ciertas partes del área lo del plan regulador. Porque hoy el mar está cerca y mañana está largo. Cuando hay mareas grandes o inundaciones suceden esas cosas”, explicó.

Es decir, hay pobladores cuyas viviendas a veces están dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y a veces están fuera.

La Ley de ZMT de 1977

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), del 2 de marzo de 1977, los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público. No se permite construir dentro de los primero 50 metros; pero los otros 150 metros pueden ser concesionados por un período determinado de tiempo.

Costa de Pájaros. Foto: Cortesía Frente Nacional de Comunidades Costeras.


Un territorio costero comunitario  es aquel que está en los 150 metros que se pueden dar en concesión, tanto en la costa Pacífico como Caribe. Las familias que viven ahí deben someterse al plan regulador que haga la Municipalidad, solicitar una concesión y pagar un canon por la concesión.

Estos intentos recientes de hacer cumplir la ley de ZMT han dejado a miles de habitantes de las costas en un limbo. Muchos de ellos son pescadores artesanales de bajos recursos. Esta gente ha heredado el lugar donde viven de generación en generación; pero debido a lo dispuesto en la ley de ZMT no pueden dárseles títulos de propiedad ni decirles que tienen derecho de posesión. Algunas Municipalidades están implementando ahora sus planes reguladores y han ejecutado órdenes de desalojo.

La moratoria

En el año 2012, se aprobó la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, mejor conocida como la moratoria, que pide suspender el desalojo de las personas que viven en estas zonas costeras y la demolición de sus casas.

Según el documento, se suspendería por 24 meses el desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades y proyectos en la ZMT, la zona fronteriza y en zonas de patrimonio natural del Estado.

La moratoria venció en octubre de 2014 y actualmente hay intentos legislativos por renovarla.

Pero esa moratoria no excluía dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas si se estaba causando daño ambiental. Tampoco significaba otorgar derechos de ningún tipo a los ocupantes de esas zonas. Asimismo, la normativa autoriza a las Municipalidades a aplicar la moratoria según acuerde el concejo municipal respectivo.

Para Rigoberto Umaña, vecino de Dominicalito de Osa, da igual que exista o no la moratoria. Esto por cuanto no se obliga a las municipalidades a acogerse a ella; sólo se les recomendaba hacerlo y si no había un acuerdo municipal al respecto, los desalojos continuarían.

“Por lo menos en Osa, en el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó la moratoria y se dieron desalojos. La moratoria terminó en octubre pasado y ahorita en Dominicalito y en Dominical de Osa están notificando a la gente de los desalojos. Pero da igual que exista o no porque le dejaron ese portillo abierto a las Municipalidades”, señaló Umaña.

“Hoy me siento decepcionado. No sé por qué el gobierno da tantas vueltas con esta 'carambada'. Mientras tanto tenemos gente que está enfrentando los desalojos y enfrentando los tribunales”, expresó el hombre.

El proyecto de ley TECOCOS

Desde el año 2009, el partido Frente Amplio y las comunidades costeras introdujeron a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, más conocido como TECOCOS. La legislación reconoce el derecho de habitar en la ZMT a quienes demuestren que han vivido allí más de 10 años.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras, indicó que el objetivo del proyecto de ley es crear un régimen especial para las comunidades que ya están en esos territorios costeros por medio de una concesión por 35 años, prorrogable.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras.


El proyecto otorga a las personas el derecho a solicitar un bono de vivienda y a construir una casa nueva, entre otras cosas.

A fines de marzo el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias dicho proyecto, cuyo nombre se ha modificado a Ley de Creación de un Régimen Especial para el Otorgamiento de Concesiones en Territorios Costeros Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios.

La convocatoria fue apoyada por diputados del Frente Amplio, del PAC, del Movimiento Libertario y el presidente del Congreso, Henry Mora. El proyecto ya está en el plenario, listo para que se negocie y el FA espera que se apruebe este mes.

De acuerdo con el documento, las municipalidades serán las que declararán qué zonas son territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios y serán las encargadas de dar los contratos de concesión “de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico”.

El trámite de la declaratoria lo podrán iniciar el 50% de los ocupantes de un territorio. La Municipalidad tendrá seis meses después de que entre en vigencia la ley para hacer un censo de ocupación de los territorios a concesionar. Luego la Municipalidad podrá empezar la formulación o actualización del plan regulador.

El plan regulador deberá preservar la identidad cultural, el uso sostenible de los recursos naturales y las características propias de las comunidades, se lee en el documento.

Las Municipalidades no podrán dar en concesión las áreas de uso común, las que están en zona pública, las que bloqueen el libre acceso a la zona pública, ni las que afecten el patrimonio natural del Estado.

Para recibir una concesión los habitantes tendrán que haber “ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo no menor de diez años”. Una vez aprobada esta ley se emitirá un reglamento que definirá el monto del canon a pagar en cada zona, con base en criterios técnicos sobre el valor del terreno, uso autorizado y el valor de las viviendas y construcciones.

No podrán otorgarse concesiones a personas no contempladas en el censo de ocupación que se haga; a personas que vivan en el extranjero; a personas extranjeras con condición administrativa irregular ni en condición de rentistas; a personas que ya tengan concesión según la Ley 6043 de ZMT; ni para la operación de marinas turísticas.

“Aquí se mueven muchas presiones y muchos intereses”, dijo Wilmar Matarrita. Las cámaras que se han manifestado en contra del proyecto son la de Turismo, la de la Construcción, y grupos de empresarios. “Pero hemos logrado avanzar muchísimo”, dijo el dirigente. “No estamos en la situación oscura de antes”.




sábado, 14 de marzo de 2015

El fenómeno de Piketty y las dinastías familiares en Costa Rica


 
Podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza –herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica; y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país, sobre todo teniendo claro que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

La pregunta de ¿a dónde va a parar la riqueza?, que plantea el libro “El Capital en el siglo XXI” del francés Thomas Piketty y el análisis de fuentes históricas y estadísticas que hace sobre el capital, ayudan a entender la realidad mundial y lo que está ocurriendo en Costa Rica, reflexionaron expertos reunidos en días pasados en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El joven economista francés Piketty escribió un libro de 700 páginas sobre desigualdad económica y cuyo principal argumento es que el capital invertido en la bolsa de valores, en propiedades o en maquinaria, crecerá más rápido que el ingreso. Obviamente que para tener capital invertido, ya hay que tener dinero y si usted depende sólo de un salario, como la mayoría de personas, nunca podrá ponerse al corte con la riqueza de los que ya son ricos.

Es un libro que no sólo cuestiona una de las premisas básicas del capitalismo, sino que puede explicar las causas de la creciente desigualdad. Costa Rica presentó en el 2013 la desigualdad más alta de los últimos 28 años, según el XX Informe del Estado de la Nación.

El libro de Piketty, por su parte, documenta la creciente concentración de los ingresos en las manos de una pequeña élite económica –a nivel mundial- y explica las causas.

 

Lo que menos interesa en la actualidad para alcanzar y acumular riqueza es el mérito, según Piketty. No interesa el talento, ni la capacidad, ni el esfuerzo, ni el trabajo duro y honrado. Lo que interesa para alcanzar y acumular riqueza es la propiedad.

Piketty utiliza una definición amplia del capital, de modo que sea la misma que la riqueza. Todo lo que sea maquinaria, propiedades, acciones bursátiles o dinero en efectivo constituye el capital o la riqueza de las personas.

 

Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se refirió a esta dinámica sistémica de “patrimonialización de la riqueza” o capitalismo patrimonial.

 

Según Vargas, “el capitalismo que estamos viviendo se está moviendo hacia un orden donde lo que menos importa es el mérito”. “Lo que queda claro es que el que hereda un patrimonio tiene todas las de ganar. Ahí el mérito no interesa para nada. Desaparece la retribución al riesgo y a la innovación. Ya no es el discurso de que el que arriesga e innova es el que va a recibir riqueza”.

Así, Piketty se trae abajo la tesis de los conservadores, de muchos economistas estadounidenses, de políticos y empresarios costarricenses, y de motivadores por excelencia, que basan todo en la meritocracia; es decir, en esa idea de que la riqueza la gana quien la merece.

Paul Krugman, economista y profesor estadounidense, ha indicado que Piketty argumenta muy bien que estamos en una época en la que se ha regresado al “capitalismo patrimonial”, donde los más altos estratos económicos están ocupados, no por personas talentosas, sino por dinastías familiares.

 

Esos dueños del planeta tienen nombre

 

Alejandro Muñoz Villalobos, académico e investigador de la Universidad Nacional (UNA), recalcó que el libro de Piketty es una densa exploración en el tema de los salarios, y coincide con el francés en que “sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida con certeza, porque se sabe exactamente qué hace cada uno”. Mientras tanto, a los super ejecutivos con altos salarios es muy difícil medirles la productividad; “sus salarios son antojadizos, arbitrarios y responden a una construcción ideológica”, dijo Muñoz.

 

El investigador hizo un pequeño ejercicio para mostrar cómo se manifiesta este fenómeno de los salarios en Costa Rica. Presentó un cuadro sobre desigualdad, con base en los ingresos, que abarca el período entre el año 2002  y el 2014. Las cifras fueron tomadas de la Encuesta General de Propósitos Múltiples y de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Hay una variación muy tremenda en los datos”, subrayó Muñoz. “Pueden ver lo que decía Piketty en Costa Rica. Un 16 por ciento de la población costarricense se apropia del más del 50 por ciento del ingreso nacional; y le dejan sólo un 50% por ciento al resto de la población –al otro 84%-, que son más de 3 millones de personas”.

Según Muñoz, si estos datos se desagregaran aún más “le pondríamos nombre a los dueños del país”. Asimismo, este análisis sólo tomó en cuenta los ingresos; pero si se incluyera todo lo que Piketty llama capital o riqueza -propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- probablemente esas diferencias serían muchísimo mayores, agregó el académico.

Los datos del XX Informe Estado de la Nación 2014 son similares. En el 2013 los ingresos netos promedio del 20% de los hogares más ricos de Costa Rica fueron 13 veces mayores que los del 20% de hogares más pobres. Al dividir la población por ingresos en cinco grupos, cada uno llamado quintil, se muestra que el ingreso mensual de las familias del último quintil llegó a ¢2,5 millones, mientras que el de las familias del primer quintil fue de ¢196.758.

 

Las políticas que apoyan el capitalismo patrimonial

Algunas de las maneras que propone Piketty para romper esta dinámica, ya han sido planteadas en el país. Piketty, por ejemplo, propone un mecanismo político basado en una reforma al régimen de impuestos.

Alejandro Muñoz mencionó que Piketty propone un impuesto progresivo aplicado en todas las economías mundiales. “Pero una iniciativa como esta requiere una gran capacidad de gestión política y aplicar un impuesto de este tipo requeriría una coordinación fiscal que puede considerarse utópica. Si queremos realizar cambios se requiere una nueva ética en la economía, fundada en una nueva conciencia”.

“La única forma de romper este círculo es la vía política”, dijo Luis Paulino Vargas, y agregó: “Es necesario expresarse a través de acuerdos internacionales de los estados, de la movilización social, de la participación ciudadana, de las leyes”.

Pero también se necesitan reformas, mecanismos o iniciativas a nivel internacional en cuanto a la contabilización de la riqueza y en los indicadores de la acumulación.

En los comentarios que el economista Paul Krugman ha escrito al respecto del libro de Piketty destaca que el francés ha dejado claro que las políticas públicas pueden hacer una diferencia, si los estamentos políticos de un país deciden frenar el poder de estas dinastías familiares. Sobre todo cuando a veces pareciera que más bien una parte sustancial de la clase política está trabajando activamente para restaurar el capitalismo patrimonial que describe Piketty. Krugman puntualizó además que esto se deja ver cuando se miran las fuentes de las donaciones de campaña y el poder detrás del cabildeo, que viene de estas dinastías familiares.

Hace muchos años que los que concentran mucho del ingreso, concentran la riqueza en Costa Rica y, como reconocieron los expositores, en los tiempos que vienen, los que van a dominar el mundo van a ser los capitalistas de las herencias, no los de la producción, mediante un mecanismo en el que “el pasado devora el porvenir”.


Estando claros en la forma en que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas, podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país.