sábado, 14 de marzo de 2015

El fenómeno de Piketty y las dinastías familiares en Costa Rica


 
Podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza –herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica; y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país, sobre todo teniendo claro que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

La pregunta de ¿a dónde va a parar la riqueza?, que plantea el libro “El Capital en el siglo XXI” del francés Thomas Piketty y el análisis de fuentes históricas y estadísticas que hace sobre el capital, ayudan a entender la realidad mundial y lo que está ocurriendo en Costa Rica, reflexionaron expertos reunidos en días pasados en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El joven economista francés Piketty escribió un libro de 700 páginas sobre desigualdad económica y cuyo principal argumento es que el capital invertido en la bolsa de valores, en propiedades o en maquinaria, crecerá más rápido que el ingreso. Obviamente que para tener capital invertido, ya hay que tener dinero y si usted depende sólo de un salario, como la mayoría de personas, nunca podrá ponerse al corte con la riqueza de los que ya son ricos.

Es un libro que no sólo cuestiona una de las premisas básicas del capitalismo, sino que puede explicar las causas de la creciente desigualdad. Costa Rica presentó en el 2013 la desigualdad más alta de los últimos 28 años, según el XX Informe del Estado de la Nación.

El libro de Piketty, por su parte, documenta la creciente concentración de los ingresos en las manos de una pequeña élite económica –a nivel mundial- y explica las causas.

 

Lo que menos interesa en la actualidad para alcanzar y acumular riqueza es el mérito, según Piketty. No interesa el talento, ni la capacidad, ni el esfuerzo, ni el trabajo duro y honrado. Lo que interesa para alcanzar y acumular riqueza es la propiedad.

Piketty utiliza una definición amplia del capital, de modo que sea la misma que la riqueza. Todo lo que sea maquinaria, propiedades, acciones bursátiles o dinero en efectivo constituye el capital o la riqueza de las personas.

 

Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se refirió a esta dinámica sistémica de “patrimonialización de la riqueza” o capitalismo patrimonial.

 

Según Vargas, “el capitalismo que estamos viviendo se está moviendo hacia un orden donde lo que menos importa es el mérito”. “Lo que queda claro es que el que hereda un patrimonio tiene todas las de ganar. Ahí el mérito no interesa para nada. Desaparece la retribución al riesgo y a la innovación. Ya no es el discurso de que el que arriesga e innova es el que va a recibir riqueza”.

Así, Piketty se trae abajo la tesis de los conservadores, de muchos economistas estadounidenses, de políticos y empresarios costarricenses, y de motivadores por excelencia, que basan todo en la meritocracia; es decir, en esa idea de que la riqueza la gana quien la merece.

Paul Krugman, economista y profesor estadounidense, ha indicado que Piketty argumenta muy bien que estamos en una época en la que se ha regresado al “capitalismo patrimonial”, donde los más altos estratos económicos están ocupados, no por personas talentosas, sino por dinastías familiares.

 

Esos dueños del planeta tienen nombre

 

Alejandro Muñoz Villalobos, académico e investigador de la Universidad Nacional (UNA), recalcó que el libro de Piketty es una densa exploración en el tema de los salarios, y coincide con el francés en que “sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida con certeza, porque se sabe exactamente qué hace cada uno”. Mientras tanto, a los super ejecutivos con altos salarios es muy difícil medirles la productividad; “sus salarios son antojadizos, arbitrarios y responden a una construcción ideológica”, dijo Muñoz.

 

El investigador hizo un pequeño ejercicio para mostrar cómo se manifiesta este fenómeno de los salarios en Costa Rica. Presentó un cuadro sobre desigualdad, con base en los ingresos, que abarca el período entre el año 2002  y el 2014. Las cifras fueron tomadas de la Encuesta General de Propósitos Múltiples y de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Hay una variación muy tremenda en los datos”, subrayó Muñoz. “Pueden ver lo que decía Piketty en Costa Rica. Un 16 por ciento de la población costarricense se apropia del más del 50 por ciento del ingreso nacional; y le dejan sólo un 50% por ciento al resto de la población –al otro 84%-, que son más de 3 millones de personas”.

Según Muñoz, si estos datos se desagregaran aún más “le pondríamos nombre a los dueños del país”. Asimismo, este análisis sólo tomó en cuenta los ingresos; pero si se incluyera todo lo que Piketty llama capital o riqueza -propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- probablemente esas diferencias serían muchísimo mayores, agregó el académico.

Los datos del XX Informe Estado de la Nación 2014 son similares. En el 2013 los ingresos netos promedio del 20% de los hogares más ricos de Costa Rica fueron 13 veces mayores que los del 20% de hogares más pobres. Al dividir la población por ingresos en cinco grupos, cada uno llamado quintil, se muestra que el ingreso mensual de las familias del último quintil llegó a ¢2,5 millones, mientras que el de las familias del primer quintil fue de ¢196.758.

 

Las políticas que apoyan el capitalismo patrimonial

Algunas de las maneras que propone Piketty para romper esta dinámica, ya han sido planteadas en el país. Piketty, por ejemplo, propone un mecanismo político basado en una reforma al régimen de impuestos.

Alejandro Muñoz mencionó que Piketty propone un impuesto progresivo aplicado en todas las economías mundiales. “Pero una iniciativa como esta requiere una gran capacidad de gestión política y aplicar un impuesto de este tipo requeriría una coordinación fiscal que puede considerarse utópica. Si queremos realizar cambios se requiere una nueva ética en la economía, fundada en una nueva conciencia”.

“La única forma de romper este círculo es la vía política”, dijo Luis Paulino Vargas, y agregó: “Es necesario expresarse a través de acuerdos internacionales de los estados, de la movilización social, de la participación ciudadana, de las leyes”.

Pero también se necesitan reformas, mecanismos o iniciativas a nivel internacional en cuanto a la contabilización de la riqueza y en los indicadores de la acumulación.

En los comentarios que el economista Paul Krugman ha escrito al respecto del libro de Piketty destaca que el francés ha dejado claro que las políticas públicas pueden hacer una diferencia, si los estamentos políticos de un país deciden frenar el poder de estas dinastías familiares. Sobre todo cuando a veces pareciera que más bien una parte sustancial de la clase política está trabajando activamente para restaurar el capitalismo patrimonial que describe Piketty. Krugman puntualizó además que esto se deja ver cuando se miran las fuentes de las donaciones de campaña y el poder detrás del cabildeo, que viene de estas dinastías familiares.

Hace muchos años que los que concentran mucho del ingreso, concentran la riqueza en Costa Rica y, como reconocieron los expositores, en los tiempos que vienen, los que van a dominar el mundo van a ser los capitalistas de las herencias, no los de la producción, mediante un mecanismo en el que “el pasado devora el porvenir”.


Estando claros en la forma en que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas, podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país.

martes, 10 de marzo de 2015

Milano sigue consumiendo agua contaminada por piñeras

Xinia Briceño, presidenta de la ASADA de Milano. (Fotos: Fabiola Pomareda)

Los habitantes de la comunidad de Milano, en el cantón de Siquirres, siguen consumiendo agua contaminada con residuos de plaguicidas, 12 años después de que se detectara el problema causado por las empresas piñeras.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com
Este artículo fue publicado originalmente en Voces Nuestras:

“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32. Poco después de cruzar el río Destierro, pasando Pocora, hay una ancha entrada a mano izquierda, con extensos sembradíos de piña: es el camino que lleva a Milano.

En la entrada está la planta de Corrugados del Atlántico, donde se fabrican empaques de cartón para banano, piña, melones y sandía. Luego de cruzar la línea del tren empiezan a verse pequeñas parcelas con viviendas y algún ganado, perros y gallinas. Abajo a la izquierda se distingue un bosque y una de las tantas quebradillas que hay en la zona. Briceño vive con su esposo y su hija en una de esas parcelitas, rodeados de varios árboles frutales.


Después de casi 12 años de que se detectara la contaminación por bromacil en las fuentes de agua de Milano, sus habitantes siguen consumiendo agua contaminada por la industria piñera.


Los más recientes resultados de análisis de agua de las cinco nacientes y del tanque de almacenamiento de Milano muestran que el nivel detectado del herbicida bromacil es de hasta 3,47 microgramos por litro (ugL). El nivel permitido para consumo humano es de 0,70 ugL.

 

Las pruebas fueron hechas en septiembre pasado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa Rica (UCR), a pedido del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA).

Además de bromacil, los análisis también detectaron hasta 0,22 ugL y y 0,13 ugL de los fungicidas triadimefón y metalaxil, respectivamente.

Los habitantes de esa comunidad siguen exponiendo su salud al no tener acceso a agua potable. Mientras, las empresas piñeras que operan en la zona no se han hecho responsables, ni las autoridades han encontrado mecanismos para sancionarlas por violar el derecho humano de acceso al agua.
“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32.
 

Todos se bañan con esa agua

Briceño es presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Milano. Explica que toda la gente del pueblo usa el agua del acueducto –que está contaminada- para bañarse. El agua de los camiones cisterna que gestionó Aya y que llegan a Milano cada dos o tres días, sólo la usan para cocinar o para tomarla.

“Todas las personas de la comunidad tenemos que bañarnos con esa agua porque el agua que nos dan con el camión cisterna es relativamente poca para utilizarla para bañarnos”, explicó Briceño en una entrevista con Voces Nuestras realizada el pasado 7 de marzo.

En el pueblo de Milano viven unas 700 personas. La mayoría trabaja en Corrugados del Atlántico, como peones en fincas, en una porqueriza o en la planta de FruitLight. Unos pocos trabajan en las piñeras.

 

Según Briceño, los pobladores de Milano ya experimentan problemas en la piel, muchos dolores de cabeza y dolores musculares. También se han dado abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“Pero nosotros no tenemos algo que nos pruebe a ciencia cierta que eso es ocasionado por el agua. Las que hemos podido consultar a un médico nos hemos dado cuenta de que cuando le decimos que en nuestra comunidad el agua está contaminada nos dice que puede ser eso; pero nadie nos da un dictamen médico que lo afirme”, aclaró.

También contó que en el 2013, de los 67 estudiantes que había en la escuela, diez niños tenían gastritis y creen que eso tiene relación con los químicos.
 

De acuerdo con Cle­mens Rue­pert, es­pe­cia­lis­ta del IRET-UNA, existe una discusión sobre cuál es el nivel seguro de bromacil en el agua. Los países de la Unión Europea no quieren que las poblaciones de sus países consuman agua que contenga más de 0,1 ugL; pero esta cantidad no está basada en un análisis toxicológico, sino en un concepto de precaución, dijo a Voces Nuestras.

Para el investigador, las preguntas que deberían plantearse son si el estado quiere aceptar que las aguas están siendo contaminadas por la producción de piña y si está prohibido o no contaminar las aguas subterráneas del país.

“Se quiere presentar agua potable con residuos de plaguicidas a la población, independientemente del nivel del plaguicida encontrado o no se quiere?”, cuestionó Ruepert.

 

Las primeras alertas

 

Desde 1996 el ingeniero Moisés Bermúdez advirtió sobre el riesgo de contaminación en el acueducto de Milano, afirmó Soledad Castro, consultora ambiental en CEDARENA.

 

En el 2003, el IRET realizó pruebas que comprobaron la contaminación con los agroquímicos diurón, bromacil y triadimefón.

 

El acueducto que abastece a Milano se conecta con el acuífero de Milano y cinco nacientes, en el sector de Finca Babilonia, donde sembraba piña la empresa Frutex. Posteriormente la finca fue comprada por Corporación Del Monte. Por la ubicación, la pendiente y el uso intensivo de plaguicidas en el monocultivo de la piña, los residuos de éstos se conectan directamente con el manto acuífero que da origen a las nacientes.

 

En el 2004, estudios hidrogeológicos del Aya mostraron que podía haber contaminación; sin embargo, no se tomaron medidas por parte de las autoridades.

En el 2007 se hizo público el caso. La Ministra de Salud de esa época, María Luisa Ávila, dijo que el agua no podía usarse para tomar y se ordenó al Aya a repartir agua con camiones cisterna. El 22 de agosto del 2007 fue la primera vez que el camión cisterna entró a Milano.

La piña estaba sembrada a 20 metros de las fuentes de agua, explicó Briceño. Actualmente está sembrada a 100 metros de distancia, por orden del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). También se le ordenó a la compañía reforestar la zona para proteger las nacientes de agua; pero lo que sembraron fue eucalipto, según se comprobó en una visita al sitio.

“Lo que sembraron fue eucalipto, que no son árboles aptos para 'sembrar' agua, ni son de la zona. En vez hubieran sembrado guarumo, gavilán o algún tipo de espavel”, consideró la mujer.
 

Los responsables

A lo largo de los últimos años, varias empresas piñeras han sido denunciadas en Costa Rica por operar fincas sin viabilidad ambiental, por invadir zonas de recarga acuífera, por destruir áreas de protección de las nacientes y quebradas, por violar derechos laborales y por contaminar las aguas, superficiales y subterráneas.

 

Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, enfatizó el caso de las comunidades de Siquirres: "Desde julio del 2007 tenemos a más de 6.000 personas abastecidas en El Cairo, Francia, Luisiana y Milano con un camión cisterna del AyA todos los días, a un costo estimado de 27.000 dólares mensuales. A la fecha, el Estado no ha entablado ninguna acción legal contra los responsables de la contaminación de los acuíferos”.

 

Se le consultó al MINAE al respecto y a través de su departamento de prensa se informó que la Dirección de Aguas del MINAE sólo otorga permisos de vertidos, para que las empresas puedan verter sus aguas residuales a un cuerpo de agua superficial (río o quebrada). Se indicó que la Corporación Del Monte no cuenta con permiso de vertidos ya que ellos reutilizan el agua tratada, y que el permiso para este proceso lo otorga Ministerio de Salud.

 

Soledad Castro, de CEDARENA, destacó que el principio de quien contamina paga no aplica en este caso, porque ese principio se aplica en el canon por vertidos, sólo al solicitar permisos de manera preventiva.

 

“En este caso aplica el tema de responsabilidad por daños ambientales. Sin embargo, lo que sucede es que se necesita una condena en tribunales y luego solicitar la ejecución de la sentencia, por lo que ha sido difícil lograr el pago de dichos daños”, dijo Castro. 


El 29 de mayo del 2009 la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso interpuesto contra Frutex S.A., el Ministerio de Salud, el AYA, el MINAE y la Municipalidad de Siquirres.

 

En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación del MINAE, del Ministerio de Salud y del Aya de hacer un plan de acción y atender la contaminación del agua en esta zona. También se indicó que el  Ministerio de Salud podría prohibir a las empresas el uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, si incumplieran las órdenes que se les dieran. No obstante, el Ministerio de Salud no ha llegado a esto.

 

Según informó el Aya a través de su vocero de prensa, dos estudios hidrogeológicos realizados en la zona –uno por la empresa Hidrogeotecnica y otro por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), concluyeron que el problema en la zona no era sólo por el bromacil, sino que “debido a las características de los suelos, podría aparecer cualquier plaguicida en el agua”.

 

Por otro lado, el Aya sólo dijo que ya están listos los planos y el diseño del acueducto integrado El Cairo-Herediana; pero este no incluye a la comunidad de Milano.
 
 

Comunidad ha puesto más de 16 millones de colones

Hartos de la falta de acción por parte de las autoridades y de la impunidad para con las empresas piñeras, los habitantes de Milano no se iban a quedar esperando.

Briceño detalló que en el 2009 la ASADA de Milano empezó a negociar con el Aya para hacer una nueva captación de agua en el cantón. Encontraron 12 nacientes; pero sólo una resultó apta por las condiciones hidrogeológicas. Se empezó a negociar la compra del terreno con el dueño de la finca,  don Walter Abarca.

Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo para la compra porque Abarca pedía ¢50 millones por una hectárea y el avalúo del terreno fue de ¢20 millones por esa área. Abarca accedió a venderla por ¢35 millones; pero aun así no podía hacerse la compra con dineros públicos por un monto superior al determinado por el avalúo. Finalmente, después de dos años de negociaciones, la ASADA solicitó al Aya que se empezara el trámite de expropiación.

Actualmente la ASADA está esperando que se apruebe el trámite de expropiación. Hasta la fecha se han pagado casi ¢16 millones por el depósito que debe darse para la expropiación del terreno donde está la fuente de agua; un terreno para el tanque de almacenamiento; y una servidumbre de paso.

Estos fondos fueron pagados por la comunidad, a través de un alza en el servicio de agua y algunas donaciones de la empresa privada, declaró Briceño.

¿Y la piñera?

“La piñera hizo un aporte de 400 mil colones y un pedazo del área de servidumbre de paso”, agregó.

El acueducto sería construido por el Aya con fondos de Asignaciones Familiares.

Todo esto ha generado un conflicto interno “increíble” en la comunidad, reconoció Briceño. Esto por cuanto han tenido que sacar dinero de donde no tienen y además la cuota del servicio por agua –que está contaminada- tuvo que aumentarse de ¢3.000 mensuales a ¢5.000.

“La comunidad siempre ha dicho que ellos no son responsables y que no tienen por qué pagar por el servicio si el agua que está llegando a sus casas está contaminada. Pero si nosotros no hacemos el menor esfuerzo, estando en la situación que estamos, en que no se está condenando a quien se debería condenar, que es a las empresas que vinieron a hace el daño, nosotros tenemos que hacer algo, porque si no, vamos a seguir en lo mismo”, opinó Briceño.
 

Denuncia a nivel internacional

 

Como la situación de varias comunidades como Milano continúa sin resolverse, CEDARENA trabajó con Francisco Rivera, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara en California, Estados Unidos, y se logró que esta problemática se tradujera en una denuncia a nivel internacional.

 

El próximo 20 de marzo se verá el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

 

Allí, vecinos y representantes del acueducto rural de Milano expondrán sus quejas y el Gobierno costarricense deberá explicar qué está haciendo para garantizar el suministro de agua potable en esas zonas.

 

“La idea es sentar un precedente y que esto no siga pasando en otros sectores como vemos que está pasando. Pasó en Milano, pasó en El Cairo, pasó en Luisiana”, expresó Briceño, quien es una de las personas que testificará en la audiencia.

Para Briceño, las autoridades de gobierno son responsables por haber dado los permisos y las piñeras lo son por contaminar los recursos naturales. “Saben lo que están haciendo, que es matando a la comunidad día con día con los agroquímicos que están llegando a nuestras casas. ¿Qué va a pasar con esta comunidad a futuro?”.
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viernes, 9 de enero de 2015

Automotores Orletti: Memorias de la dictadura argentina


Charla en el Espacio-memoria Automotres Orletti. Foto: Josué Arévalo
Por Fabiola Pomareda
 
El lugar se conserva muy parecido al año 1976, aunque en claro deterioro. En la planta baja funcionaba el taller mecánico y consiste en un oscuro y frío salón de unos 8 metros de ancho por 30 de largo, con cables y ganchos fijados en el techo, un parlante atado a una viga metálica y horribles bombillos fluorescentes. A mano derecha unas escaleras viejas de madera llevan a la segunda planta. Al entrar sentimos escalofríos; pero no es nada comparado con lo que dentro de poco veríamos y escucharíamos al recorrer la parte de arriba.


El ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti, funcionó en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, en un antiguo taller mecánico ubicado en el número 3519-21 de la calle Venancio Flores, frente a las vías del tren. El barrio es Floresta, tranquilo, de casas bajas, predominantemente residencial. Es aquí donde yacen las memorias de la última dictadura militar en la Argentina y aquí donde están los recuerdos de las atrocidades a las que sometieron a quienes pasaron por este lugar.
 


La cortina metálica del taller Orletti, en diciembre pasado. Foto: Fabiola Pomareda
 
Los detenidos sólo recuerdan que los traían con los ojos vendados y los bajaban del carro. Los subían por una escalera y los metían en una especie de celda. Años después recordarían los detalles y los ruidos, ya que no sabían a dónde los habían llevado. Recordarían el sonido de la cortina metálica del taller, que se enrollaba al abrirse; el ruido del tren que aún pasa enfrente; y las voces y las risas de los niños cuando salen al recreo en el patio de la escuela Mauro Fernández, que colinda con el edificio.
Cuando llegamos, las cortinas metálicas estaban bajadas a la mitad. Nos recibe Alba Pereyra, argentina que trabaja junto a otros activistas en este lugar, denominado Espacio-memoria.
“Esto fue un centro clandestino de detención y la base de la Operación Cóndor”, dijo. Se calcula que aquí estuvieron secuestrados unos 300 ciudadanos uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, cubanos y argentinos. La mayoría continúan desaparecidos.
Orletti ha quedado inmortalizado en los textos producidos por diversos organismos de derechos humanos como la sede de la Operación Cóndor.
El centro funcionó entre el 12 de mayo de 1976 y el 3 de noviembre de 1976, precisamente el año en que se organizó la Operación Cóndor, un plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con la CIA de los Estados Unidos, y que se extendió hasta los años 80s. Consistió en la vigilancia, detención, tortura, traslados entre países y desaparición de personas consideradas subversivas o contrarias al pensamiento político de las dictaduras. Se calcula que durante este período desaparecieron 50,000 personas en el Cono Sur.
Durante la dictadura militar que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 y hasta 1983, Orletti fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio instalados en el país y uno de los 45 que operaron en Buenos Aires. Estuvo bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y la Secretaría de Inteligencia de Estado argentina (SIDE) y fue base de las fuerzas de inteligencia extranjeras, entre ellas el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), ambos uruguayos, y la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DIS).
Celdas, cuartos de interrogatorios y salones de tortura en la segunda planta. Foto: Josué Arévalo
 
Los testimonios, el horror
La segunda planta de Orletti fue en el pasado una vivienda familiar que se conectaba con el taller. Subimos por una escalera y vemos el papel de las paredes descascaradas que llevan a un descansillo y luego a una cocina. Más allá empezamos a ver los cuartos. Tenebrosos, fríos, con marcas en las paredes, focos colgando del techo. Eran habitaciones con aislamiento acústico que fueron usados para los interrogatorios.
Dos salones más grandes tienen techos altos, ventanas con rejas desde las que no se puede ver el exterior y vigas metálicas en el techo. Fueron salas de torturas, donde por más que gritaran, nunca nadie escucharía a los de adentro. Los torturadores mantenían la radio a todo volumen para asegurarse de ello.
Quien nos guía en el recorrido es Ricardo Poggio, activista que trabaja en este Espacio-memoria.
Según nos cuenta Poggio, el primero en hablar de Orletti fue el periodista uruguayo de derecha Enrique Rodríguez Larreta Piera, quien llegó a Argentina buscando a su hijo desaparecido Enrique Rodríguez Larreta Martínez. El hombre fue identificado por los servicios de inteligencia, secuestrado y posteriormente llevado a Orletti, donde tenían a su hijo.
Esta es una parte del testimonio de Rodríguez Larreta en la denuncia judicial que presentó en 1977 en Londres: “La noche siguiente me toca a mí ser conducido a la planta alta donde se me interroga bajo tortura, como a los demás hombres y mujeres que estuvimos allí. Se me desnuda completamente, y, colocándome los brazos hacia atrás, se me cuelga por las muñecas hasta unos 20 minutos a 30 cm del suelo. Al mismo tiempo se me coloca una especie de taparrabos en el que hay varias terminaciones eléctricas. Cuando se le conecta la víctima recibe electricidad por varios puntos a la vez. Este aparato al cual llaman 'máquina' se conecta mientras se efectúan las preguntas  y se profieren amenazas e insultos, aplicándose también golpes en las partes más sensibles (…) No puedo precisar con exactitud durante cuánto tiempo se me torturó. Creo que en mi caso no fue más de media hora, pero en la mayoría de los casos las torturas duraban, según mis cálculos de dos a tres horas”.
Rodríguez Larreta fue eventualmente trasladado a Uruguay y liberado, al igual que su hijo.
Poggio también nos cuenta que en Orletti se dieron muchos casos de robos de bebés, que dieron a luz mujeres detenidas. Una de esas mujeres fue Macarena Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. Vimos la habitación donde, embarazada de siete meses, estuvo detenida y fue torturada Gelman, junto a la cocina en la planta alta. Macarena Gelman, llamada igual que su madre, nació en cautiverio a fines de 1976 y fue entregada a un ex policía a principios de 1977. La joven fue recuperada en el año 2000 tras una incesante búsqueda y en el 2010 rindió testimonio en la causa judicial que se sigue por los crímenes perpetrados en Orletti.

El motivo por el cual se dejó de usar este sitio fue la fuga de Graciela Vidaillac y José Morales, el 3 de noviembre de 1976. Graciela estaba desnuda, amarrada y colgada de una de las vigas del techo, de uno de los salones por los que caminamos. Poggio nos cuenta la historia. Los represores se fueron a comer y cada 15 minutos venían a ver qué pasaba con ella. En un momento dejaron de venir. Ella escuchó que roncaban. Empezó a aflojarse las vendas y se soltó. Graciela encontró a su marido en un cuarto pequeño con otras personas y lo soltó. En ese momento los represores los vieron. Graciela le tiró a su marido una ametralladora que sus captores habían dejado allí y se produjo un tiroteo. Graciela fue herida en la axila izquierda; pero lograron bajar la escalera hasta la calle. A media cuadra había un depósito de camiones y a las 6 de la mañana y ante la vista de los vecinos ocuparon un camión y lograron huir. Después la pareja se exilió en México.
 
Foto: Fabiola Pomareda
 
La memoria histórica
 
Todos estos relatos, que aportan a la construcción de una memoria histórica en Argentina y en Latinoamérica, hacen pensar cómo el terrorismo de estado atravesó a toda una sociedad.
Desde el 2003 la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina inició una campaña legislativa para lograr la expropiación del predio donde está Orletti. El 23 de marzo de 2009 la ciudad de Buenos Aires tomó posesión del inmueble.
Alba Pereyra ha seguido todo el proceso desde sus comienzos. La mujer trabajaba en la oficina central del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y escogió ir a trabajar en el Espacio-memoria Orletti porque tiene varios familiares que estuvieron presos y otros desaparecidos. En particular su padre fue víctima de la Operación Cóndor. Ella y su familia también estuvieron exiliados en Uruguay y posteriormente en España.
En el 2009 empezaron las tareas de investigación, preservación y sistematización de la información en este espacio; pero no fue sino hasta junio de 2014 que el grupo empezó a trabajar allí, organizando visitas guiadas, talleres, debates y ciclos de cine.
“El hecho de que se hayan expropiado estos lugares tiene que ver con una lucha de más de 30 años”, expresó Pereyra. “Es importante que estemos trabajando en estos lugares y hablando de lo que ocurrió aquí. Se ha logrado mucho del 2003 hasta hoy. Yo creo que la sociedad va a tratar de sostener lo que se ha logrado, que sigan apareciendo nietos, que se sostengan los juicios. Todo eso es una fortaleza para resistir a la derecha, porque hay una embestida nuevamente de la derecha en todo el continente”, continuó.
Georgina Andino es otra activista que trabaja en Orletti. Su padre, Jorge Andino, de 79 años,  fue detenido y estuvo encarcelado en un centro similar durante la dictadura. “Es importante que esto esté abierto y que invite a la gente a entrar”, opinó Andino.
Mientras que para Liliana Ferro, la transformación cultural que ha vivido la Argentina durante  los últimos 10 años es irreversible. “Hemos ganado una batalla cultural. Ahora los derechos humanos se enseñan en las escuelas, ahora lo que hizo el terrorismo de estado se enseña en las escuelas; cuando yo fui a la escuela no pasaba eso”, anotó la mujer, quien también guía los recorridos en el sitio.
En cuanto a la discusión de la diferencia entre lo que es un Espacio-memoria como Orletti y un museo, esto aún es un debate abierto en la sociedad argentina, así como la respuesta a la pregunta de ¿Qué contenido se le da a estos Espacios-memoria?
Para Pereyra, “un museo de la memoria puede estar en cualquier lugar y tener elementos traídos de cualquier lugar; mientras que estos espacios se recuperaron. Acá fueron los vecinos con las organizaciones de derechos humanos los que empezaron a hacer actividades para que todos conocieran dónde habían estado estos lugares”.
Poggio señaló que “un museo cuenta hechos precisos que sucedieron a lo largo de un tiempo; mientras que un espacio es un lugar que tiene vida y todo el tiempo se va enriqueciendo con los testimonios, las experiencias, las vivencias”.
“Hay marcas puntuales que hablan de que este es un sitio de memoria. La escalera vieja es uno de los sitios mencionados en todos los testimonios. La cortina metálica, con su sonido. Son confirmaciones del espacio. El gancho que quedó colgando aún es una prueba material que nos dice lo que estaba pasando ahí”, agregó Poggio.
Y enfatizó: “Estamos en una etapa de denuncia permanente y cuando decimos 'nunca más', eso significa denunciar a los responsables.
En marzo de 2011, un Tribunal de Buenos Aires condenó a penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua a cuatro represores que operaron en Automotores Orletti. Desde marzo de 2013 hasta la fecha el mismo tribunal ha juzgado a 25 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor, en perjuicio de 106 víctimas.
Muchas veces las personas desconocen que estos hechos se produjeron y de ahí la importancia de las marcas que invitan a reflexionar sobre el pasado.
Cuando íbamos entrando a Orletti, esa tarde de verano, unos chicos conversaban en un espacio verde al frente del taller. Uno de ellos le dijo al otro: “Ahí mataron gente”.
La cortina metálica del taller Orletti estuvo bajada durante muchos años. Ya no más.

FOTOS: Ex Centro Clandestino Automotores Orletti (Argentina)

FOTOS: Ex Centro Clandestino Automotores Orletti
El ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti, funcionó en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, en un antiguo taller mecánico ubicado en el número 3519-21 de la calle Venancio Flores, frente a las vías del tren. Es aquí donde yacen las memorias de la última dictadura militar en la Argentina y aquí donde están los recuerdos de las atrocidades a las que sometieron a quienes pasaron por este lugar.
(Fotos: Fabiola Pomareda, Buenos Aires, Diciembre 2014)
 
 





 
 













jueves, 11 de diciembre de 2014

La vida de una trabajadora, después del cierre de Cartex


Flor Marín Jiménez, en la cocina de su casa, en Quircot, Cartago. (Foto: Fabiola Pomareda)
 

Por Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com
Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times:

Flor Marín Jiménez tenía la sala de su casa llena de escarcha, fieltro y bolas de estereofón, con los que estaba fabricando decenas de adornos navideños que le encargaron de la escuela Guadalupe para la Fiesta de la Alegría. La mujer, de 36 años, vive en Quircot, de Cartago en una casa que comparte con su esposo, su tía y su primo y en este momento su única entrada es lo que le pagan por estas manualidades navideñas. Ella es una de las 1.250 trabajadores que fueron despedidas de la empresa textilera Hanes Brands Inc.

 

El pasado 7 de noviembre la empresa Hanes Brands Inc concretó el cierre de sus operaciones en Costa Rica. Esto significó el cierre de las plantas Cartex Manufacturera Gretex, en Grecia, y Cartex Manufactura Cartago, después de 28 años de producir ropa interior masculina en el país.

Los 1.250 trabajadores dejaron gran parte de su vida en estas plantas y la mayoría de los afectados son mujeres jefas de hogar y personas jóvenes.

 

Marín entró a trabajar a Cartex el 4 de junio del 2004 y durante 10 años cosió “boxers” (calzoncillos). Antes de eso trabajó en una empresa empacadora de palmito y luego en la textilera Bali, donde cosía brassiers. Fue por su experiencia como costurera que inmediatamente fue contratada en Cartex, contó.

 

La empresa, ubicada en el Parque Industrial de Cartago, ocupaba ocho naves, con aproximadamente 200 máquinas de coser en cada una, describió Marín.

“La mayoría éramos mujeres, madres solteras, jefas de hogar, de 18 años para arriba”, dijo.

Cumpliendo un horario de lunes a viernes, de 7 am a 5pm, Marín ganaba el salario mínimo de ¢52,000 a la semana. De ahí le rebajaban seguro, invalidez vejez y muerte, capitalización, y le quedaban aproximadamente ¢45,000 libres a la semana (unos $337 por mes). Pero si un trabajador sacaba más producción del mínimo que les exigían, recibía un incentivo monetario.

En septiembre la compañía Hanes Brands Inc. anunció que cerraría nueve plantas en cinco países y que recortaría el 12% de su fuerza laboral, ya que iba a reestructurar sus operaciones. En total eliminó 8.100 puestos de trabajo en Estados Unidos y Centroamérica (El Salvador, Honduras y Costa Rica), al tiempo que planeaba agregar 2.000 puestos en Asia.  

En Costa Rica la empresa informó de los cierres y explicó que se mudarían a Asia para reducir sus costos de producción, ya que los proveedores de telas se encontraban en China.

Los 1.250 trabajadores fueron despedidos con todos los derechos legales (liquidación, vacaciones y una bonificación extra para que se mantuvieran un tiempo mientras encontraban otro trabajo). Sin embargo, la situación económica es difícil y más aún para una trabajadora como Marín, quien enfrenta una lesión producto de su trabajo en la textilera.

La mujer contó que al principio hacía sólo una operación, que era el trasero del “bóxer”. Después de dos años hacía también el tiro del “bóxer”. Entonces hacía las dos operaciones, a veces medio día una y medio día la otra. En el 2010 la reentrenaron y fue multiuso o lo que llaman “multifuncional”.

 

 

Fue cuando me empecé a enfermar del hombro, debido a ese cambio que hacían conmigo, que me ponían en las dos operaciones”, contó Marín.

“Tal vez yo estaba medio día en una operación y me tocaban el hombro y me decían 'vaya y haga la otra' y yo tenía que ir, diay era mi trabajo. Ya me habían reentrenado para esa operación; pero no me daban la ergonomía en las máquinas. Yo me sentaba en cualquier máquina. Podían haber máquinas de un tamaño, más grandes que yo y aún así tenía que sentarme”, explicó la trabajadora.

“Yo tenía que amoldar el cuerpo mío a la máquina, con los pies guindando, porque yo trabajaba como jorobada por la máquina. El folder, donde uno mete la tela, estaba al final. Entonces yo tenía que inclinarme. Hay veces me tocaba ahí ocho horas (…) Era demasiado el esfuerzo que yo tenía que hacer y la cambiadera de cuerpo y de posición y las máquinas era totalmente diferente”, indicó la mujer.

Y continuó: “Ahí, vea, yo no aguantaba ni la espalda ni el hombro. Pero ya en la noche, vea, yo me ponía a llorar del dolor del lado izquierdo. Pero ya grave grave, que yo decía 'lo que me va a dar es un infarto', porque yo no aguantaba el pecho ni la paleta [omoplato]”.

“Había otras muchachas igual que yo y más de una se fue porque aguantaron mucho pero no aguantaron como aguanté yo”, se lamentó.

Marín explicó que ya para el 2012 constantemente la cambiaban de una operación a otra y, por lo tanto, de una máquina otra constantemente. “Ya fue cuando me agarraron de su changuito, que vaya aquí, que vaya allá”, dijo.

Fue en ese momento cuando la mujer ya no soportó más el dolor y asistió a una Feria de la Salud, donde pagó para que le hicieran un ultrasonido. Luego acudió al médico de la empresa a contarle de su padecimiento y enseñarle el ultrasonido; posteriormente la remitieron al Instituto Nacional de Seguros (INS). Ahí le dijeron que la iban a incapacitar por 15 días y a hacer otro ultrasonido. Marín fue diagnosticada con bursitis (hinchazón e irritación de un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos) e inflamación del tendón supraespinoso.

“[La doctora ] dijo que yo ya no podía coser más”, afirmó Marín.

En agosto de este año el INS envió una carta a la empresa solicitando la reubicación de la trabajadora. La compañía decidió estudiarla. Marín duró alrededor de tres meses incapacitada.

“Cuando regresé de la incapacidad decidieron despedirme porque según ellos ya no les servía, porque según ellos ya no tenían espacio para mí”, relató.

Marín fue despedida el 26 de agosto. Una semana después anunciaron el cierre de la empresa.

Actualmente Cartex Manufactura cerró sus puertas para siempre en el Parque Industrial de Cartago. Las trabajadoras despedidas buscan empleo donde sea para poder mantener a sus familias. Marín también; sin embargo, al mismo tiempo tiene que lidiar con su lesión, la terapia, los medicamentos y ver si le corresponde una posible indemnización por este daño físico que fue causado mientras trabajaba en la textilera.

Marín recibe un tratamiento que consiste en que le infiltran el brazo; es decir, le introducen una aguja hasta el hueso para inyectarle líquido regenerativo. Su próxima infiltración será en febrero. También está recibiendo terapia física en el INS de Cartago y debe tomar celebra (antiinflamatorio) y amitriptilina. En este momento está a la espera de que cierren su caso en el INS.

“Igual, yo no espero mucho de eso, porque eso es dependiendo, si usted queda ya inválido, ya ellos estudian mucho el caso y ven qué pueden hacer por usted pero en el caso mío, que yo todavía tengo el brazo, que lo puedo mover, es mínimo lo que le van a dar a uno allí”, explicó refiriéndose a una posible indemnización.

“Yo lo que hago es seguir, porque diay, hay que seguir, al menos yo aquí hago la comida, hago oficio, todo lo normal que hace una mujer”, expresó.

Marín está buscando empleo haciendo labores domésticas. Hace años sacó un curso de computación y otro de manipulación de alimentos en el INA. Ahora piensa sacar uno de repostería. “A mí me gusta mucho cocinar; es lo que más me gusta”, afirmó.

Al preguntarle ¿Qué le dejó su trabajo en Cartex? Responde: “Vea, yo no puedo ofender a dios ni nada. Ahí se ganaba con el esfuerzo suyo y yo siempre me esforcé mucho por hacer más del cien, por ganar un poquitito más porque mi sueño siempre fue tener casa”.

 

domingo, 30 de noviembre de 2014

Documental El Codo del Diablo: repensar la narrativa del pasado democrático costarricense

Foto: Cortesía Producciones La Pecera y Ceibita Films


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times:

‘El Codo del Diablo’ forces viewers to rethink narrative of Costa Rica’s democratic past


El recientemente estrenado documental histórico costarricense El Codo del Diablo, un viaje que revela parte de la historia oculta de Limón y los detalles de un terrible crimen que consternó a Costa Rica en 1948, fue premiado como mejor largometraje documental centroamericano, en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro.

 

El próximo lunes 1 de diciembre se exhibirá a las 8:30 pm en el Cine Magaly.

 

El largometraje documental narra la historia de Setico, un niño de 12 años que toma un tren desde Limón a San José en busca de su padre, uno de seis prisioneros políticos que fueron asesinados en un siniestro lugar por donde transcurría sinuoso el ferrocarril que comunicaba San José con el Atlántico.

 

La noche del 19 de diciembre de 1948, seis presos políticos de Limón fueron ejecutados a sangre fría por un grupo de militares en ese punto conocido como el Codo del Diablo. El hecho se dio después de la Guerra del 48, durante el gobierno de la Junta, dirigida por José Figueres Ferrer.

 

En ese momento los asesinos presentaron una débil coartada y si bien el crimen se investigó y se condenó a quienes lo ejecutaron, ninguno cumplió su condena. Todos fueron ayudados a escapar del país por las autoridades y se ha sugerido que nunca se quiso investigar el papel que habrían jugado altas personalidades políticas como Gonzalo Facio y Edgar Cardona.

 

El documental, dirigido por los hermanos Antonio y Ernesto Jara, se centra en el drama humano que vivieron los familiares de las víctimas, especialmente esposas e hijos, y quienes han preservado la memoria histórica de estos hechos.

 

Aquí se puede ver el tráiler:

Trailer El Codo del Diablo from Ceibita Films on Vimeo.


Se filmó en la ciudad de Limón, en Cieneguita, Siquirres, Estrada y el puente sobre el río Matina y fue producido por Producciones La Pecera y Ceibita Films, con un equipo de producción integrado por Alejo Crisóstomo, Kattia González, Clea Eppelin y Marcela Esquivel, entre otros.
 
Contó con el apoyo del Centro Cultural de España, el fondo Cinergia, el programa Proartes del Teatro Melico Salazar y del programa Ibermedia.
 
A continuación un extracto de la entrevista con el historiador Antonio Jara.

El historiador Antonio Jara, en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Fabiola Pomareda
 

¿Por qué se dice que es una historia oculta?

“Es una historia oculta en el sentido de que no forma parte de lo que oficialmente se recuerda cuando nos hablan de los procesos  que se vivieron en Costa Rica a mediados de siglo, principalmente lo que fue la Guerra Civil.

Primero, la Guerra Civil es un proceso político complicado y hay una visión a veces un poco simplista de lo que ahí estaba en juego. La opinión pública lo ve como una guerra en la que se luchó por las elecciones y una vez que acabó se estableció el sistema democrático y se abolió el ejército y ya el país entró en una etapa de estabilidad. Y esto es un crimen que de alguna manera cuestiona esa visión porque sucede ocho meses después de terminada la guerra, cuando nominalmente el ejército no existía y tenemos un caso de violencia política cometido por militares. Y no sólo es cometido por militares sino que gran parte de su argumento de defensa es precisamente que ellos son militares, estaban siguiendo órdenes, debían estar cubiertos por el fuero militar y que una corte no los puede juzgar.

Ese primer elemento que como que no calza fue lo que primero me llamó la atención del caso, antes de pensar en hacer un documental”.

¿Cómo llegó a esta historia?

“Yo di con esta historia por primera vez con un trabajo cuando estaba en la Maestría aquí en la Universidad, a partir del expediente judicial. Entonces escribí un artículo. Eso fue hace muchos años y a partir de ahí quedó el interés. Yo lo comentaba con mi hermano, que se dedica a hacer videos, que yo creía que ahí había una buena historia para hacer algo más audiovisual”.

¿Cómo fue el proceso de encontrar a los familiares de las víctimas que compartieron su testimonio?

“De alguna manera la memoria oficial había borrado a estas víctimas y la memoria de la izquierda militante los había convertido en un símbolo de algo más colectivo. Pero todavía había un faltante. Las personas. Estas seis personas que murieron. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes recordaban sus vidas? ¿De dónde venían? ¿Qué habían hecho?

Cuando empezamos el proceso de asesoría para el documental con Everardo González, un documentalista mexicano que ha hecho unos trabajos bien interesantes, él nos decía: 'Bueno, ustedes tienen que ir a buscar quiénes son sus personajes. Quienes son los que pueden contar esta historia. Vayan a Limón, ¿quién recuerda esto? ' y empezamos a salirnos de los libros y de los documentos judiciales y a ir a los lugares.

Nos encontramos primero con la familia de Octavio Saénz y uno de ellos que tiene un programa de radio en Limón había entrevistado a Federico Picado y dimos finalmente con Federico Picado y como es Costa Rica, todo empieza a conectarse y al final la gente se conoce por muchas vías y pudimos ubicar a descendientes de todas las victimas poco a poco. Hemos encontrado familiares de todas las víctimas”.

¿En qué momento sintió que esta era una historia que contarla a como diera lugar?

“Creo que cuando encontramos a los familiares, además de lo que ellos nos podían hablar de sus papás, eran ellos mismos, sus voces, sus rostros, gente que había guardado una experiencia que los marcó de niños y hasta ahora sentía que la podía contar. De repente eso nos conmovía a nosotros mismos y ojalá eso se transmita en el documental; y eso es lo que nos impulsó a mostrarlo”.

¿Cuánto tiempo duró el proceso?

“Hubo una investigación del  expediente judicial que yo hice hace años que nada más sembró ahí la duda. Pero ya desde que empezamos a tratar de escribir este guión tienen que ser ya casi tres años, desde los primeros intentos”.

Foto: Cortesía Producciones La Pecera y Ceibita Films


¿Qué anécdotas de la filmación puede compartir?
“Al puro inicio de la investigación nosotros teníamos la intención de ir a buscar el lugar. Ya el tren no hace el recorrido; pero el lugar del Codo del Diablo es conocido, incluso por gente que no conoce el crimen. Lo conoce la gente que se acuerda del trayecto del ferrocarril. Era un punto de referencia porque era una curva muy pronunciada, las ruedas del tren chillaban y estaba el río aquí abajo.
Nos contactamos con Freddy Menéndez, que es militante de Vanguardia Popular y vive ahorita en Bataan. En los años setenta fue un dirigente importante de la zona y con él nos fuimos. Ahí no sólo está el tema de que Limón es una zona difícil, que tiene muchos problemas sociales y económicos. Ese mismo día estábamos yendo con nuestro equipito de filmación, que tampoco es súper grande, por la línea del tren y había varios grupos de gente que se estaban robando rieles de tren, cargándolos. Freddy sacó su gran machete llamado La Conga, así nada más para impresionar. Freddy tiene como 70 años pero es un tipo grande y nos sirvió, no sólo de guía, sino también de carta de presentación para no parecer tan indefensos.
Lo que sí nos impresionó fue que a medida que nos íbamos acercando, la línea del tren en realidad ha ido desapareciendo, no sólo porque se la han robado sino porque el mismo río se ha ido comiendo parte de la montaña. Ahorita mismo hay la construcción de una represa que ya inundó bastante de eso. En ese momento nos llamó mucho la atención que un hecho que fue muy importante en su momento, incluso fue un escándalo, desaparece y ahora el mismo lugar físico desaparece también”.
¿Qué barreras tuvieron?
“Pues algunos de los familiares prefirieron no hablar, no querían personalmente hablar del asunto. Y por otro lado, había un par de materiales de archivo que nos hubiera gustado poder usar, que por cuestiones de permiso no se pudo. Había un discurso de Óscar Arias del 88, que cerraba muy bien algo que queríamos decir sobre cómo recordábamos este periodo. Nos hubiera gustado usarlo, era un discurso muy bueno donde decía que en Costa Rica, desde el 48 ninguna mujer tuvo que llorar a su hijo por culpa de un soldado con botas, que nadie fue a la cárcel por lo que pensaba, que nunca nadie tuvo que salir del país por persecución política y lo que nos estaba contando esta gente era que varios de ellos tuvieron que salir del país después del crimen. Los padres de algunos de ellos estuvieron presos por haber tenido una militancia comunista y la denuncia principal la hacen las madres de los que murieron y sus testimonios están ahí en el documento judicial”.
¿Por qué en el país se hace tanto énfasis en la abolición del ejército y se niega este tipo de violencia política?
“Yo creo que es una manera un poco triunfal de plantear el asunto. De entrada estoy totalmente a favor de la abolición del ejército. Creo que a la larga ha sido un elemento importantísimo para el desarrollo político e institucional de Costa Rica, que no por eso es perfecto; tiene otro montón de problemas, pero sí es un elemento importante. Sin embargo, creo que tal vez se ha constituido en una narrativa un poco heroica. El triunfo de [José] Figueres viene acompañado por la democratización y la desmilitarización y entonces cualquier elemento que de alguna manera no calza con esa visión, es mejor bajarle el volumen o decir 'no fue importante'. Incluso hay formas de normalizar la violencia, decir 'bueno, es que fue una época complicada' o 'a saber en qué andaba metida esta gente', o 'no, es que esta gente allá en Limón eran muy violentos', casi que convertirlo en un hecho extraordinario y esa es una manera fácil de evitar cuestionar qué era lo que estaba pasando en ese momento.
La abolición del ejército fue un proceso político que tuvo un costo, en el que se marginó y se expulsó de la arena política a un grupo importante de gente. Esa separación de la política de las organizaciones de trabajadores y partidos de izquierda se hizo de una manera arbitraria y violenta y marcó la cancha del espacio político de Costa Rica por muchas décadas después. Es decir, el anticomunismo se vuelve parte de cómo se ve la política en Costa Rica”.
Documental El Codo del Diablo

Lunes 1 de diciembre
8:30 pm
Cine Magaly
https://www.facebook.com/elcododeldiablo