viernes, 10 de abril de 2015

A 15 años del Combo del ICE, los ecos de la resistencia


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD
 

Por Fabiola Pomareda

La lucha contra el Combo del ICE fue el momento en que el desencuentro se radicalizó en Costa Rica. Las manifestaciones contra la aprobación legislativa del proyecto de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hace 15 años mostraron la profunda desvinculación entre la dirigencia política de Costa Rica y la gente. Hoy hacemos memoria.

 

Muchas veces se ha dicho que las protestas sociales empezaron a mediados de marzo del 2000 cuando los agricultores bloquearon la carretera a Cartago en el Alto de Ochomogo; pero todo empezó a gestarse mucho antes.

 

Antes del año 2000 hubo varios intentos de debilitar, vender o regalar el ICE, como con el caso Millicom a fines de los 80s y principios de los 90s. Fue en el primer gobierno de Oscar Arias cuando mediante un decreto ejecutivo, se le permitió a Millicom operar en el país, usando la frecuencia para operar telefonía celular. A fines de 1993 la Sala Constitucional emitió un dictamen y se ordenó a Millicom suspender operaciones en el país. En todo momento la dirigencia sindical y los y las trabajadoras del ICE, mantuvieron una constante oposición y procuraron el apoyo nacional.

 

En 1999 empecé a trabajar como reportera en el Semanario UNIVERSIDAD y recuerdo que desde ese año el periódico ya se dedicaba de lleno a cubrir  cualquier posibilidad de apertura, privatización de los mercados o venta de activos del ICE, las denuncias acerca de los peligros ambientales provocados por la generación eléctrica privada o la producción geotérmica en Parques Nacionales y la posibilidad de un aumento desmesurado en las tarifas eléctricas.

 

Pero la gota que derramó el vaso fue la introducción a la corriente legislativa del proyecto de “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, un plan que fundía tres proyectos y que venía a desmantelar al ICE, a privatizar las telecomunicaciones  y a ampliar la participación privada en la generación de energía.

 

Las luchas contra el Combo simbolizaron el hartazgo de esa época y el final desencuentro entre los estamentos políticos y la realidad de la gente. Todo el país se levantó.

 

Lo que pasó: 17 días de protestas

 

Cubrimos los días del Combo en el Semanario UNIVERSIDAD, los periodistas William Vargas, María Florez-Estrada, Eduardo Ramírez, , Rafael Ugalde; y en los días de las protestas sociales se sumó todo el equipo, Fabiola Ruiz, Lisbeth Huertas, Carlos Alvarado, Bértold Salas, Paulo Aguilar, Gilberto Lopes y muchos otros.

 

Estábamos en el gobierno neoliberal de Miguel Ángel Rodríguez cuando el 20 de marzo del 2000 se aprobó en primer debate el "Combo energético", con el voto de 45 diputados del "PLUSC" (PUSC +PLN). Para esto se usaron tácticas que se pueden calificar de autoritarias para forzar el debate y la aprobación en la Asamblea Legislativa, cuya implementación estuvo a cargo del presidente del directorio legislativo en ese momento, Carlos Vargas Pagán, con el respaldo de la mayoría mecánica del "PLUSC". Me refiero a la realización de sesiones maratónicas, el desalojo de las barras donde el público observa las sesiones del plenario, la toma de las instalaciones legislativas por fuerzas policiales y la misma votación del 20 de marzo.

 

Esto constituyó en última instancia el detonante de la desobediencia civil masiva. La explosión fue inorgánica y casi espontánea. Se manejaron unos niveles de conciencia como nunca antes.

 

El documental “Combo Callejero”, producido por Pablo Cárdenas, es una memoria de esta movilización social:



 

Empezó entonces la quemazón de llantas. Se dio un levantamiento popular y de resistencia. Se usaron métodos de desobediencia civil pacífica como los paros laborales, las huelgas, las concentraciones y marchas, las vigilias de oración, las caravanas de automóviles, los bloqueos de calles, la huelga de hambre, la recolección de firmas, la publicación de manifiestos en periódicos y la distribución de volantes.

 

La gente bloqueó el puente sobre el río Tempisque, la calle frente a la sede de la UCR en Liberia, hubo tomas de puentes en Pérez Zeledón, en el Alto de Ochomogo. Decenas de comunidades hartas de lo que estaba pasando políticamente salieron a la calle en Guanacaste, Limón, Puntarenas y la Zona Sur. Y que se diga en San José.

 

Los y las protagonistas: Trabajadores del ICE y del resto del sector público, ambientalistas, estudiantes universitarios y de secundaria, pastorales sociales, agricultores, artesanos, intelectuales y profesionales.

 

La marcha del 23 de marzo del 2000 ha sido una de las manifestaciones más importantes de la historia.

 

Se quebró el sistema. Llegó a haber hasta 17 bloqueos simultáneos en todo el país. Luego vino la violencia; todas las acciones de bombardeos con gases lacrimógenos, garrotazos y arrestos, ordenadas por el entonces Ministro de Seguridad Rogelio Ramos.

 

Toda esta movilización obligó al poder político a retirar de la agenda legislativa el controversial proyecto. El día 4 de abril el Gobierno accedió a conformar una Comisión Especial Mixta para analizar el futuro del ICE. Posteriormente, una resolución de la Sala IV declaró inconstitucional el primer debate en que se había aprobado el proyecto, por razones de procedimiento.

 

No fue la batalla final

 

José Merino del Río, quien en esa época era diputado de Fuerza Democrática, lo resumió muy bien en una compilación publicada por la Revista Aportes, en el año 2000, y titulada “De Combo en Combo, lecciones importantes”.

 

Escribió Merino, presidente fundador del Frente Amplio: “La lucha popular se dio en el contexto de un profundo malestar de un creciente número de personas con las políticas neoliberales y la corrupción”.

 

En esos años, los políticos tradicionales estaban bajo una permanente sospecha de la población, que los hacía responsables por el deterioro de sus condiciones de vida -la economía crecía; pero la riqueza no se redistribuía-, y por numerosos casos de corrupción que comenzaron con el fraude del Fondo de Emergencias, con los Incentivos Turísticos, el Fondo de Desarrollo Agrícola (FODEA), el Banco Anglo, BICSA, Aviación Civil, FODESAF, Compensación Social y los CAT. Y que aún continúan.

 

“Es evidente que la existencia de este descontento social creciente dio un gran aliento a la lucha contra el Combo”, apuntó Merino, fallecido en el año 2012.

 

Luis Paulino Vargas, hoy director del Centro de Investigación y Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), también relató en la Revista Aportes: “Los opositores éramos representados como una manga de ignorantes, retardados al punto de ni tan siquiera poder estudiar, mucho menos entender, esas leyes. Y se reiteraba que eran estúpidos, tanto los estudiantes de secundaria y universidad o los sindicalistas y empleados públicos, como los catedráticos universitarios y las gentes de las más variadas y remotas comunidades de Costa Rica” que se opusieron al Combo del ICE.

 

Días después de la conformación de la Comisión Especial Mixta se realizó el foro “Combo del ICE, lecciones aprendidas y alcances para la sociedad civil”. Ese día Rodrigo Carazo expresó: “Yo no creo que con el Combo dimos la batalla final; creo que falta mucho por hacer y que para poder hacer esto, la educación es fundamental, la participación popular alrededor de una agenda que nos lleve a nuestros agricultores, que nos lleve a quienes combaten la minería a cielo abierto, las exploraciones petroleras, todos aquellos que en estos momentos están sufriendo la amenaza de una mercantilización de nuestra sociedad, de una materialización absoluta de nuestra institucionalidad…”

 

Han pasado tantas cosas en estos 15 años.

 

Esta semana se llevaron a cabo varias actividades para conmemorar estas luchas. Eva Carazo, activista política y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) en ese entonces, hablo en una entrevista con Voces Nuestras de la importancia de mantener en la memoria el aprendizaje que supuso la lucha contra el Combo.

Entrevista a Eva Carazo - Voces Nuestras


Está claro que el triunfo social del año 2000 ocurrió en un contexto muy distinto del actual. “En la lucha contra el Combo logramos articular una enorme diversidad de sectores de la sociedad, gente de zonas rurales, de zonas urbanas, trabajadores del ICE, comunidades organizadas, sector estudiantil empresarial, académico”, dijo Carazo, y agregó: “Otro aspecto positivo que tuvo la lucha contra el Combo fue vincular la discusión con la idea de desarrollo, el tipo de estado, el tipo de país en el que vivimos”.

 

“Para los movimientos populares es muy importante recordar la historia, recordar los caminos que hemos recorrido, los aprendizajes, las lecciones, las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal también. Y es parte de lo que somos y tendemos a tener memorias muy cortas, a vivir muy en lo inmediato y a olvidar que muchas de las luchas que estamos dando tienen raíces profundas”, declaró Carazo.

Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
 
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.

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Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.



 




 

 

lunes, 6 de abril de 2015

La costa es su hogar. Habitantes de territorios costeros siguen a la deriva de desalojos

Manuel Chacón, habitante de Tárcoles, Puntarenas. Foto: Fabiola Pomareda


Artículo publicado originalmente en Voces Nuestras: Gobierno convoca proyecto de ley para habitantes de territorios costeros

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Los habitantes de las zonas costeras y territorios insulares del país siguen enfrentando los desalojos ordenados por las Municipalidades, que de unos años para acá decidieron poner en orden las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). En días pasados el Gobierno tomó acción para que avance en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para beneficio de estos habitantes. No obstante, mientras, estas familias siguen a la deriva.

Manuel Chacón Rojas nació en Tárcoles, Puntarenas, y tiene 55 años de vivir allí. Le cuida las lanchas a sus hijos, que llevan gente en recorridos por el río Tárcoles a que vean a los cocodrilos. En Tárcoles, donde viven alrededor de 1.800 personas, la mayoría siempre ha vivido de la pesca, dijo Chacón; y otros del turismo.

“Nosotros vivimos en la parte costera y la otra parte la tienen abarcada los hoteles y las fincas. No hay dónde poder vivir. La tierra la tienen los grandes”, contó.

Cuando los padres de Chacón llegaron a Tárcoles, lo que había eran terrenos baldíos y la gente fue levantando sus casas ahí. Actualmente los únicos que tienen escritura son los finqueros, según el hombre. La gran parte de los habitantes de estos territorios costeros viven con la incertidumbre de que les llegue una orden de desalojo.

“En cualquier momento la Municipalidad puede echar a cualquiera o deshabitarlo porque ellos tienen otros proyectos, que no sabemos con qué beneficio o con qué lucro. La Municipalidad tiene plan regulador pero es al antojo de ellos”, dijo Chacón.

“No es estable en ciertas partes del área lo del plan regulador. Porque hoy el mar está cerca y mañana está largo. Cuando hay mareas grandes o inundaciones suceden esas cosas”, explicó.

Es decir, hay pobladores cuyas viviendas a veces están dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y a veces están fuera.

La Ley de ZMT de 1977

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), del 2 de marzo de 1977, los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público. No se permite construir dentro de los primero 50 metros; pero los otros 150 metros pueden ser concesionados por un período determinado de tiempo.

Costa de Pájaros. Foto: Cortesía Frente Nacional de Comunidades Costeras.


Un territorio costero comunitario  es aquel que está en los 150 metros que se pueden dar en concesión, tanto en la costa Pacífico como Caribe. Las familias que viven ahí deben someterse al plan regulador que haga la Municipalidad, solicitar una concesión y pagar un canon por la concesión.

Estos intentos recientes de hacer cumplir la ley de ZMT han dejado a miles de habitantes de las costas en un limbo. Muchos de ellos son pescadores artesanales de bajos recursos. Esta gente ha heredado el lugar donde viven de generación en generación; pero debido a lo dispuesto en la ley de ZMT no pueden dárseles títulos de propiedad ni decirles que tienen derecho de posesión. Algunas Municipalidades están implementando ahora sus planes reguladores y han ejecutado órdenes de desalojo.

La moratoria

En el año 2012, se aprobó la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, mejor conocida como la moratoria, que pide suspender el desalojo de las personas que viven en estas zonas costeras y la demolición de sus casas.

Según el documento, se suspendería por 24 meses el desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades y proyectos en la ZMT, la zona fronteriza y en zonas de patrimonio natural del Estado.

La moratoria venció en octubre de 2014 y actualmente hay intentos legislativos por renovarla.

Pero esa moratoria no excluía dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas si se estaba causando daño ambiental. Tampoco significaba otorgar derechos de ningún tipo a los ocupantes de esas zonas. Asimismo, la normativa autoriza a las Municipalidades a aplicar la moratoria según acuerde el concejo municipal respectivo.

Para Rigoberto Umaña, vecino de Dominicalito de Osa, da igual que exista o no la moratoria. Esto por cuanto no se obliga a las municipalidades a acogerse a ella; sólo se les recomendaba hacerlo y si no había un acuerdo municipal al respecto, los desalojos continuarían.

“Por lo menos en Osa, en el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó la moratoria y se dieron desalojos. La moratoria terminó en octubre pasado y ahorita en Dominicalito y en Dominical de Osa están notificando a la gente de los desalojos. Pero da igual que exista o no porque le dejaron ese portillo abierto a las Municipalidades”, señaló Umaña.

“Hoy me siento decepcionado. No sé por qué el gobierno da tantas vueltas con esta 'carambada'. Mientras tanto tenemos gente que está enfrentando los desalojos y enfrentando los tribunales”, expresó el hombre.

El proyecto de ley TECOCOS

Desde el año 2009, el partido Frente Amplio y las comunidades costeras introdujeron a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, más conocido como TECOCOS. La legislación reconoce el derecho de habitar en la ZMT a quienes demuestren que han vivido allí más de 10 años.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras, indicó que el objetivo del proyecto de ley es crear un régimen especial para las comunidades que ya están en esos territorios costeros por medio de una concesión por 35 años, prorrogable.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras.


El proyecto otorga a las personas el derecho a solicitar un bono de vivienda y a construir una casa nueva, entre otras cosas.

A fines de marzo el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias dicho proyecto, cuyo nombre se ha modificado a Ley de Creación de un Régimen Especial para el Otorgamiento de Concesiones en Territorios Costeros Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios.

La convocatoria fue apoyada por diputados del Frente Amplio, del PAC, del Movimiento Libertario y el presidente del Congreso, Henry Mora. El proyecto ya está en el plenario, listo para que se negocie y el FA espera que se apruebe este mes.

De acuerdo con el documento, las municipalidades serán las que declararán qué zonas son territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios y serán las encargadas de dar los contratos de concesión “de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico”.

El trámite de la declaratoria lo podrán iniciar el 50% de los ocupantes de un territorio. La Municipalidad tendrá seis meses después de que entre en vigencia la ley para hacer un censo de ocupación de los territorios a concesionar. Luego la Municipalidad podrá empezar la formulación o actualización del plan regulador.

El plan regulador deberá preservar la identidad cultural, el uso sostenible de los recursos naturales y las características propias de las comunidades, se lee en el documento.

Las Municipalidades no podrán dar en concesión las áreas de uso común, las que están en zona pública, las que bloqueen el libre acceso a la zona pública, ni las que afecten el patrimonio natural del Estado.

Para recibir una concesión los habitantes tendrán que haber “ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo no menor de diez años”. Una vez aprobada esta ley se emitirá un reglamento que definirá el monto del canon a pagar en cada zona, con base en criterios técnicos sobre el valor del terreno, uso autorizado y el valor de las viviendas y construcciones.

No podrán otorgarse concesiones a personas no contempladas en el censo de ocupación que se haga; a personas que vivan en el extranjero; a personas extranjeras con condición administrativa irregular ni en condición de rentistas; a personas que ya tengan concesión según la Ley 6043 de ZMT; ni para la operación de marinas turísticas.

“Aquí se mueven muchas presiones y muchos intereses”, dijo Wilmar Matarrita. Las cámaras que se han manifestado en contra del proyecto son la de Turismo, la de la Construcción, y grupos de empresarios. “Pero hemos logrado avanzar muchísimo”, dijo el dirigente. “No estamos en la situación oscura de antes”.




sábado, 14 de marzo de 2015

El fenómeno de Piketty y las dinastías familiares en Costa Rica


 
Podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza –herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica; y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país, sobre todo teniendo claro que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

La pregunta de ¿a dónde va a parar la riqueza?, que plantea el libro “El Capital en el siglo XXI” del francés Thomas Piketty y el análisis de fuentes históricas y estadísticas que hace sobre el capital, ayudan a entender la realidad mundial y lo que está ocurriendo en Costa Rica, reflexionaron expertos reunidos en días pasados en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El joven economista francés Piketty escribió un libro de 700 páginas sobre desigualdad económica y cuyo principal argumento es que el capital invertido en la bolsa de valores, en propiedades o en maquinaria, crecerá más rápido que el ingreso. Obviamente que para tener capital invertido, ya hay que tener dinero y si usted depende sólo de un salario, como la mayoría de personas, nunca podrá ponerse al corte con la riqueza de los que ya son ricos.

Es un libro que no sólo cuestiona una de las premisas básicas del capitalismo, sino que puede explicar las causas de la creciente desigualdad. Costa Rica presentó en el 2013 la desigualdad más alta de los últimos 28 años, según el XX Informe del Estado de la Nación.

El libro de Piketty, por su parte, documenta la creciente concentración de los ingresos en las manos de una pequeña élite económica –a nivel mundial- y explica las causas.

 

Lo que menos interesa en la actualidad para alcanzar y acumular riqueza es el mérito, según Piketty. No interesa el talento, ni la capacidad, ni el esfuerzo, ni el trabajo duro y honrado. Lo que interesa para alcanzar y acumular riqueza es la propiedad.

Piketty utiliza una definición amplia del capital, de modo que sea la misma que la riqueza. Todo lo que sea maquinaria, propiedades, acciones bursátiles o dinero en efectivo constituye el capital o la riqueza de las personas.

 

Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se refirió a esta dinámica sistémica de “patrimonialización de la riqueza” o capitalismo patrimonial.

 

Según Vargas, “el capitalismo que estamos viviendo se está moviendo hacia un orden donde lo que menos importa es el mérito”. “Lo que queda claro es que el que hereda un patrimonio tiene todas las de ganar. Ahí el mérito no interesa para nada. Desaparece la retribución al riesgo y a la innovación. Ya no es el discurso de que el que arriesga e innova es el que va a recibir riqueza”.

Así, Piketty se trae abajo la tesis de los conservadores, de muchos economistas estadounidenses, de políticos y empresarios costarricenses, y de motivadores por excelencia, que basan todo en la meritocracia; es decir, en esa idea de que la riqueza la gana quien la merece.

Paul Krugman, economista y profesor estadounidense, ha indicado que Piketty argumenta muy bien que estamos en una época en la que se ha regresado al “capitalismo patrimonial”, donde los más altos estratos económicos están ocupados, no por personas talentosas, sino por dinastías familiares.

 

Esos dueños del planeta tienen nombre

 

Alejandro Muñoz Villalobos, académico e investigador de la Universidad Nacional (UNA), recalcó que el libro de Piketty es una densa exploración en el tema de los salarios, y coincide con el francés en que “sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida con certeza, porque se sabe exactamente qué hace cada uno”. Mientras tanto, a los super ejecutivos con altos salarios es muy difícil medirles la productividad; “sus salarios son antojadizos, arbitrarios y responden a una construcción ideológica”, dijo Muñoz.

 

El investigador hizo un pequeño ejercicio para mostrar cómo se manifiesta este fenómeno de los salarios en Costa Rica. Presentó un cuadro sobre desigualdad, con base en los ingresos, que abarca el período entre el año 2002  y el 2014. Las cifras fueron tomadas de la Encuesta General de Propósitos Múltiples y de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Hay una variación muy tremenda en los datos”, subrayó Muñoz. “Pueden ver lo que decía Piketty en Costa Rica. Un 16 por ciento de la población costarricense se apropia del más del 50 por ciento del ingreso nacional; y le dejan sólo un 50% por ciento al resto de la población –al otro 84%-, que son más de 3 millones de personas”.

Según Muñoz, si estos datos se desagregaran aún más “le pondríamos nombre a los dueños del país”. Asimismo, este análisis sólo tomó en cuenta los ingresos; pero si se incluyera todo lo que Piketty llama capital o riqueza -propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- probablemente esas diferencias serían muchísimo mayores, agregó el académico.

Los datos del XX Informe Estado de la Nación 2014 son similares. En el 2013 los ingresos netos promedio del 20% de los hogares más ricos de Costa Rica fueron 13 veces mayores que los del 20% de hogares más pobres. Al dividir la población por ingresos en cinco grupos, cada uno llamado quintil, se muestra que el ingreso mensual de las familias del último quintil llegó a ¢2,5 millones, mientras que el de las familias del primer quintil fue de ¢196.758.

 

Las políticas que apoyan el capitalismo patrimonial

Algunas de las maneras que propone Piketty para romper esta dinámica, ya han sido planteadas en el país. Piketty, por ejemplo, propone un mecanismo político basado en una reforma al régimen de impuestos.

Alejandro Muñoz mencionó que Piketty propone un impuesto progresivo aplicado en todas las economías mundiales. “Pero una iniciativa como esta requiere una gran capacidad de gestión política y aplicar un impuesto de este tipo requeriría una coordinación fiscal que puede considerarse utópica. Si queremos realizar cambios se requiere una nueva ética en la economía, fundada en una nueva conciencia”.

“La única forma de romper este círculo es la vía política”, dijo Luis Paulino Vargas, y agregó: “Es necesario expresarse a través de acuerdos internacionales de los estados, de la movilización social, de la participación ciudadana, de las leyes”.

Pero también se necesitan reformas, mecanismos o iniciativas a nivel internacional en cuanto a la contabilización de la riqueza y en los indicadores de la acumulación.

En los comentarios que el economista Paul Krugman ha escrito al respecto del libro de Piketty destaca que el francés ha dejado claro que las políticas públicas pueden hacer una diferencia, si los estamentos políticos de un país deciden frenar el poder de estas dinastías familiares. Sobre todo cuando a veces pareciera que más bien una parte sustancial de la clase política está trabajando activamente para restaurar el capitalismo patrimonial que describe Piketty. Krugman puntualizó además que esto se deja ver cuando se miran las fuentes de las donaciones de campaña y el poder detrás del cabildeo, que viene de estas dinastías familiares.

Hace muchos años que los que concentran mucho del ingreso, concentran la riqueza en Costa Rica y, como reconocieron los expositores, en los tiempos que vienen, los que van a dominar el mundo van a ser los capitalistas de las herencias, no los de la producción, mediante un mecanismo en el que “el pasado devora el porvenir”.


Estando claros en la forma en que los intereses de ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas económicas, podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas de recolección de información del capital o riqueza herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica y continuar así el análisis con base en la sistematización e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos del país.

martes, 10 de marzo de 2015

Milano sigue consumiendo agua contaminada por piñeras

Xinia Briceño, presidenta de la ASADA de Milano. (Fotos: Fabiola Pomareda)

Los habitantes de la comunidad de Milano, en el cantón de Siquirres, siguen consumiendo agua contaminada con residuos de plaguicidas, 12 años después de que se detectara el problema causado por las empresas piñeras.

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com
Este artículo fue publicado originalmente en Voces Nuestras:

“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32. Poco después de cruzar el río Destierro, pasando Pocora, hay una ancha entrada a mano izquierda, con extensos sembradíos de piña: es el camino que lleva a Milano.

En la entrada está la planta de Corrugados del Atlántico, donde se fabrican empaques de cartón para banano, piña, melones y sandía. Luego de cruzar la línea del tren empiezan a verse pequeñas parcelas con viviendas y algún ganado, perros y gallinas. Abajo a la izquierda se distingue un bosque y una de las tantas quebradillas que hay en la zona. Briceño vive con su esposo y su hija en una de esas parcelitas, rodeados de varios árboles frutales.


Después de casi 12 años de que se detectara la contaminación por bromacil en las fuentes de agua de Milano, sus habitantes siguen consumiendo agua contaminada por la industria piñera.


Los más recientes resultados de análisis de agua de las cinco nacientes y del tanque de almacenamiento de Milano muestran que el nivel detectado del herbicida bromacil es de hasta 3,47 microgramos por litro (ugL). El nivel permitido para consumo humano es de 0,70 ugL.

 

Las pruebas fueron hechas en septiembre pasado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa Rica (UCR), a pedido del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA).

Además de bromacil, los análisis también detectaron hasta 0,22 ugL y y 0,13 ugL de los fungicidas triadimefón y metalaxil, respectivamente.

Los habitantes de esa comunidad siguen exponiendo su salud al no tener acceso a agua potable. Mientras, las empresas piñeras que operan en la zona no se han hecho responsables, ni las autoridades han encontrado mecanismos para sancionarlas por violar el derecho humano de acceso al agua.
“De aquí hasta donde empiezan las montañas, todo lo que se ve verde es piña”, dijo Xinia Briceño, mientras mostraba los sembradíos al borde de la Ruta 32.
 

Todos se bañan con esa agua

Briceño es presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Milano. Explica que toda la gente del pueblo usa el agua del acueducto –que está contaminada- para bañarse. El agua de los camiones cisterna que gestionó Aya y que llegan a Milano cada dos o tres días, sólo la usan para cocinar o para tomarla.

“Todas las personas de la comunidad tenemos que bañarnos con esa agua porque el agua que nos dan con el camión cisterna es relativamente poca para utilizarla para bañarnos”, explicó Briceño en una entrevista con Voces Nuestras realizada el pasado 7 de marzo.

En el pueblo de Milano viven unas 700 personas. La mayoría trabaja en Corrugados del Atlántico, como peones en fincas, en una porqueriza o en la planta de FruitLight. Unos pocos trabajan en las piñeras.

 

Según Briceño, los pobladores de Milano ya experimentan problemas en la piel, muchos dolores de cabeza y dolores musculares. También se han dado abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“Pero nosotros no tenemos algo que nos pruebe a ciencia cierta que eso es ocasionado por el agua. Las que hemos podido consultar a un médico nos hemos dado cuenta de que cuando le decimos que en nuestra comunidad el agua está contaminada nos dice que puede ser eso; pero nadie nos da un dictamen médico que lo afirme”, aclaró.

También contó que en el 2013, de los 67 estudiantes que había en la escuela, diez niños tenían gastritis y creen que eso tiene relación con los químicos.
 

De acuerdo con Cle­mens Rue­pert, es­pe­cia­lis­ta del IRET-UNA, existe una discusión sobre cuál es el nivel seguro de bromacil en el agua. Los países de la Unión Europea no quieren que las poblaciones de sus países consuman agua que contenga más de 0,1 ugL; pero esta cantidad no está basada en un análisis toxicológico, sino en un concepto de precaución, dijo a Voces Nuestras.

Para el investigador, las preguntas que deberían plantearse son si el estado quiere aceptar que las aguas están siendo contaminadas por la producción de piña y si está prohibido o no contaminar las aguas subterráneas del país.

“Se quiere presentar agua potable con residuos de plaguicidas a la población, independientemente del nivel del plaguicida encontrado o no se quiere?”, cuestionó Ruepert.

 

Las primeras alertas

 

Desde 1996 el ingeniero Moisés Bermúdez advirtió sobre el riesgo de contaminación en el acueducto de Milano, afirmó Soledad Castro, consultora ambiental en CEDARENA.

 

En el 2003, el IRET realizó pruebas que comprobaron la contaminación con los agroquímicos diurón, bromacil y triadimefón.

 

El acueducto que abastece a Milano se conecta con el acuífero de Milano y cinco nacientes, en el sector de Finca Babilonia, donde sembraba piña la empresa Frutex. Posteriormente la finca fue comprada por Corporación Del Monte. Por la ubicación, la pendiente y el uso intensivo de plaguicidas en el monocultivo de la piña, los residuos de éstos se conectan directamente con el manto acuífero que da origen a las nacientes.

 

En el 2004, estudios hidrogeológicos del Aya mostraron que podía haber contaminación; sin embargo, no se tomaron medidas por parte de las autoridades.

En el 2007 se hizo público el caso. La Ministra de Salud de esa época, María Luisa Ávila, dijo que el agua no podía usarse para tomar y se ordenó al Aya a repartir agua con camiones cisterna. El 22 de agosto del 2007 fue la primera vez que el camión cisterna entró a Milano.

La piña estaba sembrada a 20 metros de las fuentes de agua, explicó Briceño. Actualmente está sembrada a 100 metros de distancia, por orden del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). También se le ordenó a la compañía reforestar la zona para proteger las nacientes de agua; pero lo que sembraron fue eucalipto, según se comprobó en una visita al sitio.

“Lo que sembraron fue eucalipto, que no son árboles aptos para 'sembrar' agua, ni son de la zona. En vez hubieran sembrado guarumo, gavilán o algún tipo de espavel”, consideró la mujer.
 

Los responsables

A lo largo de los últimos años, varias empresas piñeras han sido denunciadas en Costa Rica por operar fincas sin viabilidad ambiental, por invadir zonas de recarga acuífera, por destruir áreas de protección de las nacientes y quebradas, por violar derechos laborales y por contaminar las aguas, superficiales y subterráneas.

 

Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, enfatizó el caso de las comunidades de Siquirres: "Desde julio del 2007 tenemos a más de 6.000 personas abastecidas en El Cairo, Francia, Luisiana y Milano con un camión cisterna del AyA todos los días, a un costo estimado de 27.000 dólares mensuales. A la fecha, el Estado no ha entablado ninguna acción legal contra los responsables de la contaminación de los acuíferos”.

 

Se le consultó al MINAE al respecto y a través de su departamento de prensa se informó que la Dirección de Aguas del MINAE sólo otorga permisos de vertidos, para que las empresas puedan verter sus aguas residuales a un cuerpo de agua superficial (río o quebrada). Se indicó que la Corporación Del Monte no cuenta con permiso de vertidos ya que ellos reutilizan el agua tratada, y que el permiso para este proceso lo otorga Ministerio de Salud.

 

Soledad Castro, de CEDARENA, destacó que el principio de quien contamina paga no aplica en este caso, porque ese principio se aplica en el canon por vertidos, sólo al solicitar permisos de manera preventiva.

 

“En este caso aplica el tema de responsabilidad por daños ambientales. Sin embargo, lo que sucede es que se necesita una condena en tribunales y luego solicitar la ejecución de la sentencia, por lo que ha sido difícil lograr el pago de dichos daños”, dijo Castro. 


El 29 de mayo del 2009 la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso interpuesto contra Frutex S.A., el Ministerio de Salud, el AYA, el MINAE y la Municipalidad de Siquirres.

 

En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación del MINAE, del Ministerio de Salud y del Aya de hacer un plan de acción y atender la contaminación del agua en esta zona. También se indicó que el  Ministerio de Salud podría prohibir a las empresas el uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, si incumplieran las órdenes que se les dieran. No obstante, el Ministerio de Salud no ha llegado a esto.

 

Según informó el Aya a través de su vocero de prensa, dos estudios hidrogeológicos realizados en la zona –uno por la empresa Hidrogeotecnica y otro por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), concluyeron que el problema en la zona no era sólo por el bromacil, sino que “debido a las características de los suelos, podría aparecer cualquier plaguicida en el agua”.

 

Por otro lado, el Aya sólo dijo que ya están listos los planos y el diseño del acueducto integrado El Cairo-Herediana; pero este no incluye a la comunidad de Milano.
 
 

Comunidad ha puesto más de 16 millones de colones

Hartos de la falta de acción por parte de las autoridades y de la impunidad para con las empresas piñeras, los habitantes de Milano no se iban a quedar esperando.

Briceño detalló que en el 2009 la ASADA de Milano empezó a negociar con el Aya para hacer una nueva captación de agua en el cantón. Encontraron 12 nacientes; pero sólo una resultó apta por las condiciones hidrogeológicas. Se empezó a negociar la compra del terreno con el dueño de la finca,  don Walter Abarca.

Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo para la compra porque Abarca pedía ¢50 millones por una hectárea y el avalúo del terreno fue de ¢20 millones por esa área. Abarca accedió a venderla por ¢35 millones; pero aun así no podía hacerse la compra con dineros públicos por un monto superior al determinado por el avalúo. Finalmente, después de dos años de negociaciones, la ASADA solicitó al Aya que se empezara el trámite de expropiación.

Actualmente la ASADA está esperando que se apruebe el trámite de expropiación. Hasta la fecha se han pagado casi ¢16 millones por el depósito que debe darse para la expropiación del terreno donde está la fuente de agua; un terreno para el tanque de almacenamiento; y una servidumbre de paso.

Estos fondos fueron pagados por la comunidad, a través de un alza en el servicio de agua y algunas donaciones de la empresa privada, declaró Briceño.

¿Y la piñera?

“La piñera hizo un aporte de 400 mil colones y un pedazo del área de servidumbre de paso”, agregó.

El acueducto sería construido por el Aya con fondos de Asignaciones Familiares.

Todo esto ha generado un conflicto interno “increíble” en la comunidad, reconoció Briceño. Esto por cuanto han tenido que sacar dinero de donde no tienen y además la cuota del servicio por agua –que está contaminada- tuvo que aumentarse de ¢3.000 mensuales a ¢5.000.

“La comunidad siempre ha dicho que ellos no son responsables y que no tienen por qué pagar por el servicio si el agua que está llegando a sus casas está contaminada. Pero si nosotros no hacemos el menor esfuerzo, estando en la situación que estamos, en que no se está condenando a quien se debería condenar, que es a las empresas que vinieron a hace el daño, nosotros tenemos que hacer algo, porque si no, vamos a seguir en lo mismo”, opinó Briceño.
 

Denuncia a nivel internacional

 

Como la situación de varias comunidades como Milano continúa sin resolverse, CEDARENA trabajó con Francisco Rivera, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara en California, Estados Unidos, y se logró que esta problemática se tradujera en una denuncia a nivel internacional.

 

El próximo 20 de marzo se verá el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

 

Allí, vecinos y representantes del acueducto rural de Milano expondrán sus quejas y el Gobierno costarricense deberá explicar qué está haciendo para garantizar el suministro de agua potable en esas zonas.

 

“La idea es sentar un precedente y que esto no siga pasando en otros sectores como vemos que está pasando. Pasó en Milano, pasó en El Cairo, pasó en Luisiana”, expresó Briceño, quien es una de las personas que testificará en la audiencia.

Para Briceño, las autoridades de gobierno son responsables por haber dado los permisos y las piñeras lo son por contaminar los recursos naturales. “Saben lo que están haciendo, que es matando a la comunidad día con día con los agroquímicos que están llegando a nuestras casas. ¿Qué va a pasar con esta comunidad a futuro?”.
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viernes, 9 de enero de 2015

Automotores Orletti: Memorias de la dictadura argentina


Charla en el Espacio-memoria Automotres Orletti. Foto: Josué Arévalo
Por Fabiola Pomareda
 
El lugar se conserva muy parecido al año 1976, aunque en claro deterioro. En la planta baja funcionaba el taller mecánico y consiste en un oscuro y frío salón de unos 8 metros de ancho por 30 de largo, con cables y ganchos fijados en el techo, un parlante atado a una viga metálica y horribles bombillos fluorescentes. A mano derecha unas escaleras viejas de madera llevan a la segunda planta. Al entrar sentimos escalofríos; pero no es nada comparado con lo que dentro de poco veríamos y escucharíamos al recorrer la parte de arriba.


El ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti, funcionó en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, en un antiguo taller mecánico ubicado en el número 3519-21 de la calle Venancio Flores, frente a las vías del tren. El barrio es Floresta, tranquilo, de casas bajas, predominantemente residencial. Es aquí donde yacen las memorias de la última dictadura militar en la Argentina y aquí donde están los recuerdos de las atrocidades a las que sometieron a quienes pasaron por este lugar.
 


La cortina metálica del taller Orletti, en diciembre pasado. Foto: Fabiola Pomareda
 
Los detenidos sólo recuerdan que los traían con los ojos vendados y los bajaban del carro. Los subían por una escalera y los metían en una especie de celda. Años después recordarían los detalles y los ruidos, ya que no sabían a dónde los habían llevado. Recordarían el sonido de la cortina metálica del taller, que se enrollaba al abrirse; el ruido del tren que aún pasa enfrente; y las voces y las risas de los niños cuando salen al recreo en el patio de la escuela Mauro Fernández, que colinda con el edificio.
Cuando llegamos, las cortinas metálicas estaban bajadas a la mitad. Nos recibe Alba Pereyra, argentina que trabaja junto a otros activistas en este lugar, denominado Espacio-memoria.
“Esto fue un centro clandestino de detención y la base de la Operación Cóndor”, dijo. Se calcula que aquí estuvieron secuestrados unos 300 ciudadanos uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, cubanos y argentinos. La mayoría continúan desaparecidos.
Orletti ha quedado inmortalizado en los textos producidos por diversos organismos de derechos humanos como la sede de la Operación Cóndor.
El centro funcionó entre el 12 de mayo de 1976 y el 3 de noviembre de 1976, precisamente el año en que se organizó la Operación Cóndor, un plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con la CIA de los Estados Unidos, y que se extendió hasta los años 80s. Consistió en la vigilancia, detención, tortura, traslados entre países y desaparición de personas consideradas subversivas o contrarias al pensamiento político de las dictaduras. Se calcula que durante este período desaparecieron 50,000 personas en el Cono Sur.
Durante la dictadura militar que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 y hasta 1983, Orletti fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio instalados en el país y uno de los 45 que operaron en Buenos Aires. Estuvo bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y la Secretaría de Inteligencia de Estado argentina (SIDE) y fue base de las fuerzas de inteligencia extranjeras, entre ellas el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), ambos uruguayos, y la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DIS).
Celdas, cuartos de interrogatorios y salones de tortura en la segunda planta. Foto: Josué Arévalo
 
Los testimonios, el horror
La segunda planta de Orletti fue en el pasado una vivienda familiar que se conectaba con el taller. Subimos por una escalera y vemos el papel de las paredes descascaradas que llevan a un descansillo y luego a una cocina. Más allá empezamos a ver los cuartos. Tenebrosos, fríos, con marcas en las paredes, focos colgando del techo. Eran habitaciones con aislamiento acústico que fueron usados para los interrogatorios.
Dos salones más grandes tienen techos altos, ventanas con rejas desde las que no se puede ver el exterior y vigas metálicas en el techo. Fueron salas de torturas, donde por más que gritaran, nunca nadie escucharía a los de adentro. Los torturadores mantenían la radio a todo volumen para asegurarse de ello.
Quien nos guía en el recorrido es Ricardo Poggio, activista que trabaja en este Espacio-memoria.
Según nos cuenta Poggio, el primero en hablar de Orletti fue el periodista uruguayo de derecha Enrique Rodríguez Larreta Piera, quien llegó a Argentina buscando a su hijo desaparecido Enrique Rodríguez Larreta Martínez. El hombre fue identificado por los servicios de inteligencia, secuestrado y posteriormente llevado a Orletti, donde tenían a su hijo.
Esta es una parte del testimonio de Rodríguez Larreta en la denuncia judicial que presentó en 1977 en Londres: “La noche siguiente me toca a mí ser conducido a la planta alta donde se me interroga bajo tortura, como a los demás hombres y mujeres que estuvimos allí. Se me desnuda completamente, y, colocándome los brazos hacia atrás, se me cuelga por las muñecas hasta unos 20 minutos a 30 cm del suelo. Al mismo tiempo se me coloca una especie de taparrabos en el que hay varias terminaciones eléctricas. Cuando se le conecta la víctima recibe electricidad por varios puntos a la vez. Este aparato al cual llaman 'máquina' se conecta mientras se efectúan las preguntas  y se profieren amenazas e insultos, aplicándose también golpes en las partes más sensibles (…) No puedo precisar con exactitud durante cuánto tiempo se me torturó. Creo que en mi caso no fue más de media hora, pero en la mayoría de los casos las torturas duraban, según mis cálculos de dos a tres horas”.
Rodríguez Larreta fue eventualmente trasladado a Uruguay y liberado, al igual que su hijo.
Poggio también nos cuenta que en Orletti se dieron muchos casos de robos de bebés, que dieron a luz mujeres detenidas. Una de esas mujeres fue Macarena Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. Vimos la habitación donde, embarazada de siete meses, estuvo detenida y fue torturada Gelman, junto a la cocina en la planta alta. Macarena Gelman, llamada igual que su madre, nació en cautiverio a fines de 1976 y fue entregada a un ex policía a principios de 1977. La joven fue recuperada en el año 2000 tras una incesante búsqueda y en el 2010 rindió testimonio en la causa judicial que se sigue por los crímenes perpetrados en Orletti.

El motivo por el cual se dejó de usar este sitio fue la fuga de Graciela Vidaillac y José Morales, el 3 de noviembre de 1976. Graciela estaba desnuda, amarrada y colgada de una de las vigas del techo, de uno de los salones por los que caminamos. Poggio nos cuenta la historia. Los represores se fueron a comer y cada 15 minutos venían a ver qué pasaba con ella. En un momento dejaron de venir. Ella escuchó que roncaban. Empezó a aflojarse las vendas y se soltó. Graciela encontró a su marido en un cuarto pequeño con otras personas y lo soltó. En ese momento los represores los vieron. Graciela le tiró a su marido una ametralladora que sus captores habían dejado allí y se produjo un tiroteo. Graciela fue herida en la axila izquierda; pero lograron bajar la escalera hasta la calle. A media cuadra había un depósito de camiones y a las 6 de la mañana y ante la vista de los vecinos ocuparon un camión y lograron huir. Después la pareja se exilió en México.
 
Foto: Fabiola Pomareda
 
La memoria histórica
 
Todos estos relatos, que aportan a la construcción de una memoria histórica en Argentina y en Latinoamérica, hacen pensar cómo el terrorismo de estado atravesó a toda una sociedad.
Desde el 2003 la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina inició una campaña legislativa para lograr la expropiación del predio donde está Orletti. El 23 de marzo de 2009 la ciudad de Buenos Aires tomó posesión del inmueble.
Alba Pereyra ha seguido todo el proceso desde sus comienzos. La mujer trabajaba en la oficina central del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y escogió ir a trabajar en el Espacio-memoria Orletti porque tiene varios familiares que estuvieron presos y otros desaparecidos. En particular su padre fue víctima de la Operación Cóndor. Ella y su familia también estuvieron exiliados en Uruguay y posteriormente en España.
En el 2009 empezaron las tareas de investigación, preservación y sistematización de la información en este espacio; pero no fue sino hasta junio de 2014 que el grupo empezó a trabajar allí, organizando visitas guiadas, talleres, debates y ciclos de cine.
“El hecho de que se hayan expropiado estos lugares tiene que ver con una lucha de más de 30 años”, expresó Pereyra. “Es importante que estemos trabajando en estos lugares y hablando de lo que ocurrió aquí. Se ha logrado mucho del 2003 hasta hoy. Yo creo que la sociedad va a tratar de sostener lo que se ha logrado, que sigan apareciendo nietos, que se sostengan los juicios. Todo eso es una fortaleza para resistir a la derecha, porque hay una embestida nuevamente de la derecha en todo el continente”, continuó.
Georgina Andino es otra activista que trabaja en Orletti. Su padre, Jorge Andino, de 79 años,  fue detenido y estuvo encarcelado en un centro similar durante la dictadura. “Es importante que esto esté abierto y que invite a la gente a entrar”, opinó Andino.
Mientras que para Liliana Ferro, la transformación cultural que ha vivido la Argentina durante  los últimos 10 años es irreversible. “Hemos ganado una batalla cultural. Ahora los derechos humanos se enseñan en las escuelas, ahora lo que hizo el terrorismo de estado se enseña en las escuelas; cuando yo fui a la escuela no pasaba eso”, anotó la mujer, quien también guía los recorridos en el sitio.
En cuanto a la discusión de la diferencia entre lo que es un Espacio-memoria como Orletti y un museo, esto aún es un debate abierto en la sociedad argentina, así como la respuesta a la pregunta de ¿Qué contenido se le da a estos Espacios-memoria?
Para Pereyra, “un museo de la memoria puede estar en cualquier lugar y tener elementos traídos de cualquier lugar; mientras que estos espacios se recuperaron. Acá fueron los vecinos con las organizaciones de derechos humanos los que empezaron a hacer actividades para que todos conocieran dónde habían estado estos lugares”.
Poggio señaló que “un museo cuenta hechos precisos que sucedieron a lo largo de un tiempo; mientras que un espacio es un lugar que tiene vida y todo el tiempo se va enriqueciendo con los testimonios, las experiencias, las vivencias”.
“Hay marcas puntuales que hablan de que este es un sitio de memoria. La escalera vieja es uno de los sitios mencionados en todos los testimonios. La cortina metálica, con su sonido. Son confirmaciones del espacio. El gancho que quedó colgando aún es una prueba material que nos dice lo que estaba pasando ahí”, agregó Poggio.
Y enfatizó: “Estamos en una etapa de denuncia permanente y cuando decimos 'nunca más', eso significa denunciar a los responsables.
En marzo de 2011, un Tribunal de Buenos Aires condenó a penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua a cuatro represores que operaron en Automotores Orletti. Desde marzo de 2013 hasta la fecha el mismo tribunal ha juzgado a 25 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor, en perjuicio de 106 víctimas.
Muchas veces las personas desconocen que estos hechos se produjeron y de ahí la importancia de las marcas que invitan a reflexionar sobre el pasado.
Cuando íbamos entrando a Orletti, esa tarde de verano, unos chicos conversaban en un espacio verde al frente del taller. Uno de ellos le dijo al otro: “Ahí mataron gente”.
La cortina metálica del taller Orletti estuvo bajada durante muchos años. Ya no más.