Thursday, December 11, 2014

La vida de una trabajadora, después del cierre de Cartex


Flor Marín Jiménez, en la cocina de su casa, en Quircot, Cartago. (Foto: Fabiola Pomareda)
 

Por Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com
Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times:

Flor Marín Jiménez tenía la sala de su casa llena de escarcha, fieltro y bolas de estereofón, con los que estaba fabricando decenas de adornos navideños que le encargaron de la escuela Guadalupe para la Fiesta de la Alegría. La mujer, de 36 años, vive en Quircot, de Cartago en una casa que comparte con su esposo, su tía y su primo y en este momento su única entrada es lo que le pagan por estas manualidades navideñas. Ella es una de las 1.250 trabajadores que fueron despedidas de la empresa textilera Hanes Brands Inc.

 

El pasado 7 de noviembre la empresa Hanes Brands Inc concretó el cierre de sus operaciones en Costa Rica. Esto significó el cierre de las plantas Cartex Manufacturera Gretex, en Grecia, y Cartex Manufactura Cartago, después de 28 años de producir ropa interior masculina en el país.

Los 1.250 trabajadores dejaron gran parte de su vida en estas plantas y la mayoría de los afectados son mujeres jefas de hogar y personas jóvenes.

 

Marín entró a trabajar a Cartex el 4 de junio del 2004 y durante 10 años cosió “boxers” (calzoncillos). Antes de eso trabajó en una empresa empacadora de palmito y luego en la textilera Bali, donde cosía brassiers. Fue por su experiencia como costurera que inmediatamente fue contratada en Cartex, contó.

 

La empresa, ubicada en el Parque Industrial de Cartago, ocupaba ocho naves, con aproximadamente 200 máquinas de coser en cada una, describió Marín.

“La mayoría éramos mujeres, madres solteras, jefas de hogar, de 18 años para arriba”, dijo.

Cumpliendo un horario de lunes a viernes, de 7 am a 5pm, Marín ganaba el salario mínimo de ¢52,000 a la semana. De ahí le rebajaban seguro, invalidez vejez y muerte, capitalización, y le quedaban aproximadamente ¢45,000 libres a la semana (unos $337 por mes). Pero si un trabajador sacaba más producción del mínimo que les exigían, recibía un incentivo monetario.

En septiembre la compañía Hanes Brands Inc. anunció que cerraría nueve plantas en cinco países y que recortaría el 12% de su fuerza laboral, ya que iba a reestructurar sus operaciones. En total eliminó 8.100 puestos de trabajo en Estados Unidos y Centroamérica (El Salvador, Honduras y Costa Rica), al tiempo que planeaba agregar 2.000 puestos en Asia.  

En Costa Rica la empresa informó de los cierres y explicó que se mudarían a Asia para reducir sus costos de producción, ya que los proveedores de telas se encontraban en China.

Los 1.250 trabajadores fueron despedidos con todos los derechos legales (liquidación, vacaciones y una bonificación extra para que se mantuvieran un tiempo mientras encontraban otro trabajo). Sin embargo, la situación económica es difícil y más aún para una trabajadora como Marín, quien enfrenta una lesión producto de su trabajo en la textilera.

La mujer contó que al principio hacía sólo una operación, que era el trasero del “bóxer”. Después de dos años hacía también el tiro del “bóxer”. Entonces hacía las dos operaciones, a veces medio día una y medio día la otra. En el 2010 la reentrenaron y fue multiuso o lo que llaman “multifuncional”.

 

 

Fue cuando me empecé a enfermar del hombro, debido a ese cambio que hacían conmigo, que me ponían en las dos operaciones”, contó Marín.

“Tal vez yo estaba medio día en una operación y me tocaban el hombro y me decían 'vaya y haga la otra' y yo tenía que ir, diay era mi trabajo. Ya me habían reentrenado para esa operación; pero no me daban la ergonomía en las máquinas. Yo me sentaba en cualquier máquina. Podían haber máquinas de un tamaño, más grandes que yo y aún así tenía que sentarme”, explicó la trabajadora.

“Yo tenía que amoldar el cuerpo mío a la máquina, con los pies guindando, porque yo trabajaba como jorobada por la máquina. El folder, donde uno mete la tela, estaba al final. Entonces yo tenía que inclinarme. Hay veces me tocaba ahí ocho horas (…) Era demasiado el esfuerzo que yo tenía que hacer y la cambiadera de cuerpo y de posición y las máquinas era totalmente diferente”, indicó la mujer.

Y continuó: “Ahí, vea, yo no aguantaba ni la espalda ni el hombro. Pero ya en la noche, vea, yo me ponía a llorar del dolor del lado izquierdo. Pero ya grave grave, que yo decía 'lo que me va a dar es un infarto', porque yo no aguantaba el pecho ni la paleta [omoplato]”.

“Había otras muchachas igual que yo y más de una se fue porque aguantaron mucho pero no aguantaron como aguanté yo”, se lamentó.

Marín explicó que ya para el 2012 constantemente la cambiaban de una operación a otra y, por lo tanto, de una máquina otra constantemente. “Ya fue cuando me agarraron de su changuito, que vaya aquí, que vaya allá”, dijo.

Fue en ese momento cuando la mujer ya no soportó más el dolor y asistió a una Feria de la Salud, donde pagó para que le hicieran un ultrasonido. Luego acudió al médico de la empresa a contarle de su padecimiento y enseñarle el ultrasonido; posteriormente la remitieron al Instituto Nacional de Seguros (INS). Ahí le dijeron que la iban a incapacitar por 15 días y a hacer otro ultrasonido. Marín fue diagnosticada con bursitis (hinchazón e irritación de un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos) e inflamación del tendón supraespinoso.

“[La doctora ] dijo que yo ya no podía coser más”, afirmó Marín.

En agosto de este año el INS envió una carta a la empresa solicitando la reubicación de la trabajadora. La compañía decidió estudiarla. Marín duró alrededor de tres meses incapacitada.

“Cuando regresé de la incapacidad decidieron despedirme porque según ellos ya no les servía, porque según ellos ya no tenían espacio para mí”, relató.

Marín fue despedida el 26 de agosto. Una semana después anunciaron el cierre de la empresa.

Actualmente Cartex Manufactura cerró sus puertas para siempre en el Parque Industrial de Cartago. Las trabajadoras despedidas buscan empleo donde sea para poder mantener a sus familias. Marín también; sin embargo, al mismo tiempo tiene que lidiar con su lesión, la terapia, los medicamentos y ver si le corresponde una posible indemnización por este daño físico que fue causado mientras trabajaba en la textilera.

Marín recibe un tratamiento que consiste en que le infiltran el brazo; es decir, le introducen una aguja hasta el hueso para inyectarle líquido regenerativo. Su próxima infiltración será en febrero. También está recibiendo terapia física en el INS de Cartago y debe tomar celebra (antiinflamatorio) y amitriptilina. En este momento está a la espera de que cierren su caso en el INS.

“Igual, yo no espero mucho de eso, porque eso es dependiendo, si usted queda ya inválido, ya ellos estudian mucho el caso y ven qué pueden hacer por usted pero en el caso mío, que yo todavía tengo el brazo, que lo puedo mover, es mínimo lo que le van a dar a uno allí”, explicó refiriéndose a una posible indemnización.

“Yo lo que hago es seguir, porque diay, hay que seguir, al menos yo aquí hago la comida, hago oficio, todo lo normal que hace una mujer”, expresó.

Marín está buscando empleo haciendo labores domésticas. Hace años sacó un curso de computación y otro de manipulación de alimentos en el INA. Ahora piensa sacar uno de repostería. “A mí me gusta mucho cocinar; es lo que más me gusta”, afirmó.

Al preguntarle ¿Qué le dejó su trabajo en Cartex? Responde: “Vea, yo no puedo ofender a dios ni nada. Ahí se ganaba con el esfuerzo suyo y yo siempre me esforcé mucho por hacer más del cien, por ganar un poquitito más porque mi sueño siempre fue tener casa”.

 

Sunday, November 30, 2014

Documental El Codo del Diablo: repensar la narrativa del pasado democrático costarricense

Foto: Cortesía Producciones La Pecera y Ceibita Films


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times:

‘El Codo del Diablo’ forces viewers to rethink narrative of Costa Rica’s democratic past


El recientemente estrenado documental histórico costarricense El Codo del Diablo, un viaje que revela parte de la historia oculta de Limón y los detalles de un terrible crimen que consternó a Costa Rica en 1948, fue premiado como mejor largometraje documental centroamericano, en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro.

 

El próximo lunes 1 de diciembre se exhibirá a las 8:30 pm en el Cine Magaly.

 

El largometraje documental narra la historia de Setico, un niño de 12 años que toma un tren desde Limón a San José en busca de su padre, uno de seis prisioneros políticos que fueron asesinados en un siniestro lugar por donde transcurría sinuoso el ferrocarril que comunicaba San José con el Atlántico.

 

La noche del 19 de diciembre de 1948, seis presos políticos de Limón fueron ejecutados a sangre fría por un grupo de militares en ese punto conocido como el Codo del Diablo. El hecho se dio después de la Guerra del 48, durante el gobierno de la Junta, dirigida por José Figueres Ferrer.

 

En ese momento los asesinos presentaron una débil coartada y si bien el crimen se investigó y se condenó a quienes lo ejecutaron, ninguno cumplió su condena. Todos fueron ayudados a escapar del país por las autoridades y se ha sugerido que nunca se quiso investigar el papel que habrían jugado altas personalidades políticas como Gonzalo Facio y Edgar Cardona.

 

El documental, dirigido por los hermanos Antonio y Ernesto Jara, se centra en el drama humano que vivieron los familiares de las víctimas, especialmente esposas e hijos, y quienes han preservado la memoria histórica de estos hechos.

 

Aquí se puede ver el tráiler:

Trailer El Codo del Diablo from Ceibita Films on Vimeo.


Se filmó en la ciudad de Limón, en Cieneguita, Siquirres, Estrada y el puente sobre el río Matina y fue producido por Producciones La Pecera y Ceibita Films, con un equipo de producción integrado por Alejo Crisóstomo, Kattia González, Clea Eppelin y Marcela Esquivel, entre otros.
 
Contó con el apoyo del Centro Cultural de España, el fondo Cinergia, el programa Proartes del Teatro Melico Salazar y del programa Ibermedia.
 
A continuación un extracto de la entrevista con el historiador Antonio Jara.

El historiador Antonio Jara, en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Fabiola Pomareda
 

¿Por qué se dice que es una historia oculta?

“Es una historia oculta en el sentido de que no forma parte de lo que oficialmente se recuerda cuando nos hablan de los procesos  que se vivieron en Costa Rica a mediados de siglo, principalmente lo que fue la Guerra Civil.

Primero, la Guerra Civil es un proceso político complicado y hay una visión a veces un poco simplista de lo que ahí estaba en juego. La opinión pública lo ve como una guerra en la que se luchó por las elecciones y una vez que acabó se estableció el sistema democrático y se abolió el ejército y ya el país entró en una etapa de estabilidad. Y esto es un crimen que de alguna manera cuestiona esa visión porque sucede ocho meses después de terminada la guerra, cuando nominalmente el ejército no existía y tenemos un caso de violencia política cometido por militares. Y no sólo es cometido por militares sino que gran parte de su argumento de defensa es precisamente que ellos son militares, estaban siguiendo órdenes, debían estar cubiertos por el fuero militar y que una corte no los puede juzgar.

Ese primer elemento que como que no calza fue lo que primero me llamó la atención del caso, antes de pensar en hacer un documental”.

¿Cómo llegó a esta historia?

“Yo di con esta historia por primera vez con un trabajo cuando estaba en la Maestría aquí en la Universidad, a partir del expediente judicial. Entonces escribí un artículo. Eso fue hace muchos años y a partir de ahí quedó el interés. Yo lo comentaba con mi hermano, que se dedica a hacer videos, que yo creía que ahí había una buena historia para hacer algo más audiovisual”.

¿Cómo fue el proceso de encontrar a los familiares de las víctimas que compartieron su testimonio?

“De alguna manera la memoria oficial había borrado a estas víctimas y la memoria de la izquierda militante los había convertido en un símbolo de algo más colectivo. Pero todavía había un faltante. Las personas. Estas seis personas que murieron. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes recordaban sus vidas? ¿De dónde venían? ¿Qué habían hecho?

Cuando empezamos el proceso de asesoría para el documental con Everardo González, un documentalista mexicano que ha hecho unos trabajos bien interesantes, él nos decía: 'Bueno, ustedes tienen que ir a buscar quiénes son sus personajes. Quienes son los que pueden contar esta historia. Vayan a Limón, ¿quién recuerda esto? ' y empezamos a salirnos de los libros y de los documentos judiciales y a ir a los lugares.

Nos encontramos primero con la familia de Octavio Saénz y uno de ellos que tiene un programa de radio en Limón había entrevistado a Federico Picado y dimos finalmente con Federico Picado y como es Costa Rica, todo empieza a conectarse y al final la gente se conoce por muchas vías y pudimos ubicar a descendientes de todas las victimas poco a poco. Hemos encontrado familiares de todas las víctimas”.

¿En qué momento sintió que esta era una historia que contarla a como diera lugar?

“Creo que cuando encontramos a los familiares, además de lo que ellos nos podían hablar de sus papás, eran ellos mismos, sus voces, sus rostros, gente que había guardado una experiencia que los marcó de niños y hasta ahora sentía que la podía contar. De repente eso nos conmovía a nosotros mismos y ojalá eso se transmita en el documental; y eso es lo que nos impulsó a mostrarlo”.

¿Cuánto tiempo duró el proceso?

“Hubo una investigación del  expediente judicial que yo hice hace años que nada más sembró ahí la duda. Pero ya desde que empezamos a tratar de escribir este guión tienen que ser ya casi tres años, desde los primeros intentos”.

Foto: Cortesía Producciones La Pecera y Ceibita Films


¿Qué anécdotas de la filmación puede compartir?
“Al puro inicio de la investigación nosotros teníamos la intención de ir a buscar el lugar. Ya el tren no hace el recorrido; pero el lugar del Codo del Diablo es conocido, incluso por gente que no conoce el crimen. Lo conoce la gente que se acuerda del trayecto del ferrocarril. Era un punto de referencia porque era una curva muy pronunciada, las ruedas del tren chillaban y estaba el río aquí abajo.
Nos contactamos con Freddy Menéndez, que es militante de Vanguardia Popular y vive ahorita en Bataan. En los años setenta fue un dirigente importante de la zona y con él nos fuimos. Ahí no sólo está el tema de que Limón es una zona difícil, que tiene muchos problemas sociales y económicos. Ese mismo día estábamos yendo con nuestro equipito de filmación, que tampoco es súper grande, por la línea del tren y había varios grupos de gente que se estaban robando rieles de tren, cargándolos. Freddy sacó su gran machete llamado La Conga, así nada más para impresionar. Freddy tiene como 70 años pero es un tipo grande y nos sirvió, no sólo de guía, sino también de carta de presentación para no parecer tan indefensos.
Lo que sí nos impresionó fue que a medida que nos íbamos acercando, la línea del tren en realidad ha ido desapareciendo, no sólo porque se la han robado sino porque el mismo río se ha ido comiendo parte de la montaña. Ahorita mismo hay la construcción de una represa que ya inundó bastante de eso. En ese momento nos llamó mucho la atención que un hecho que fue muy importante en su momento, incluso fue un escándalo, desaparece y ahora el mismo lugar físico desaparece también”.
¿Qué barreras tuvieron?
“Pues algunos de los familiares prefirieron no hablar, no querían personalmente hablar del asunto. Y por otro lado, había un par de materiales de archivo que nos hubiera gustado poder usar, que por cuestiones de permiso no se pudo. Había un discurso de Óscar Arias del 88, que cerraba muy bien algo que queríamos decir sobre cómo recordábamos este periodo. Nos hubiera gustado usarlo, era un discurso muy bueno donde decía que en Costa Rica, desde el 48 ninguna mujer tuvo que llorar a su hijo por culpa de un soldado con botas, que nadie fue a la cárcel por lo que pensaba, que nunca nadie tuvo que salir del país por persecución política y lo que nos estaba contando esta gente era que varios de ellos tuvieron que salir del país después del crimen. Los padres de algunos de ellos estuvieron presos por haber tenido una militancia comunista y la denuncia principal la hacen las madres de los que murieron y sus testimonios están ahí en el documento judicial”.
¿Por qué en el país se hace tanto énfasis en la abolición del ejército y se niega este tipo de violencia política?
“Yo creo que es una manera un poco triunfal de plantear el asunto. De entrada estoy totalmente a favor de la abolición del ejército. Creo que a la larga ha sido un elemento importantísimo para el desarrollo político e institucional de Costa Rica, que no por eso es perfecto; tiene otro montón de problemas, pero sí es un elemento importante. Sin embargo, creo que tal vez se ha constituido en una narrativa un poco heroica. El triunfo de [José] Figueres viene acompañado por la democratización y la desmilitarización y entonces cualquier elemento que de alguna manera no calza con esa visión, es mejor bajarle el volumen o decir 'no fue importante'. Incluso hay formas de normalizar la violencia, decir 'bueno, es que fue una época complicada' o 'a saber en qué andaba metida esta gente', o 'no, es que esta gente allá en Limón eran muy violentos', casi que convertirlo en un hecho extraordinario y esa es una manera fácil de evitar cuestionar qué era lo que estaba pasando en ese momento.
La abolición del ejército fue un proceso político que tuvo un costo, en el que se marginó y se expulsó de la arena política a un grupo importante de gente. Esa separación de la política de las organizaciones de trabajadores y partidos de izquierda se hizo de una manera arbitraria y violenta y marcó la cancha del espacio político de Costa Rica por muchas décadas después. Es decir, el anticomunismo se vuelve parte de cómo se ve la política en Costa Rica”.
Documental El Codo del Diablo

Lunes 1 de diciembre
8:30 pm
Cine Magaly
https://www.facebook.com/elcododeldiablo

 

 

 

 





 

Monday, November 24, 2014

Violencia contra las mujeres y nuevas tecnologías: Expresiones de la misma violencia

Foto: APC.org

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times: Violence against women in the age of new technology

“Te escribí por Whatsapp y no me has contestado, pero vi que estabas en línea”;

“¿Qué haces, con quién estás?”;

“¿De veras estás en el brete? Mandáme una foto”;

“He visto que te has conectado al Facebook de madrugada ¿Con quién chateabas?”;

“¿Quién es ese que ha agregado al Facebook?”;

“Si no me contestas voy a colgar una foto tuya sin ropa en Facebook”.

 

Estos son sólo algunos ejemplos de violencia contra las mujeres ligadas a las nuevas tecnologías.

Cada vez son más comunes los relatos de mujeres que encuentran en sus celulares, cuentas de correo, redes sociales, mensajería instantánea, nuevas expresiones de la violencia que se traducen en violación a la intimidad y control por parte de sus parejas o ex parejas.

 

Margarita Salas, activista feminista costarricense, aclaró a Tico Times que estas son nuevas expresiones del mismo fenómeno. 

 

“Esto no es nuevo, en el sentido de que las mujeres hemos sido sujetos de violencia por parte de los hombres y por parte de la sociedad en general desde hace muchísimos años. Ahora esta violencia se extiende al ámbito de los espacios digitales y lamentablemente con pocos mecanismos para combatirla porque todavía hace falta conciencia sobre el papel que están jugando estas redes sociales sobre la vida de las personas”, dijo Salas.

 

La activista citó varios ejemplos, incluyendo páginas de Facebook y una página web donde se publican fotos de mujeres costarricenses incluyendo menores de edad. The Tico Times se abstuvo de publicar el nombre del sitio web, por su contenido ofensivo y de menores de edad. Algunas de estas páginas han existido por algunos años y exhiben mujeres con poca ropa en situaciones denigrantes, haciendo mención discriminatoria a su estatus socioeconómico.

 

Otro fue el caso de una estudiante de secundaria, que estaba siendo acosada por sus compañeros de colegio. Un grupo de compañeros creó un perfil de Facebook falso de ella usando la foto de su cara pero superponiéndola a imágenes pornográficas. También pusieron anuncios que indicaban que ella ofrecía buscaba encuentros sexuales y vendía sexo, con su número de teléfono. Los jóvenes fueron procesados judicialmente, indicó Salas.

 

Y también hay varios casos de hombres que difunden en las redes fotos o videos de sus ex-parejas desnudas como mecanismos de venganza.

 

“Hay que comprender que todo esto se enmarca dentro de una sociedad machista, que tiene una doble moral con respecto a las mujeres. Porque ¿por qué las mujeres no toman fotografías de sus ex-parejas desnudas y las difunden? Pues porque la penalización que pesa sobre los hombres con relación a sus cuerpos es mucho menor que la que pesa sobre las mujeres. Las mujeres estamos constantemente bajo la lupa de juicio sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo, por tener que demostrar la virginidad, o la pureza, o la castidad. Si una foto de una mujer desnuda en redes tuviera el mismo peso que tiene una foto de un hombre desnudo en redes, no estaríamos frente a estos mecanismos de extorsión”.

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres están invitando a todo el país a protestar por esta y todas las formas de violencia hacia las mujeres en una gran marcha mañana martes 25 de noviembre.

 

Para Ana Hildalgo, coordinadora del área de violencia de género del INAMU, el uso de los celulares y la Internet como mecanismo de vigilancia y control sobre la vida de las mujeres no es un fenómeno nuevo.

 

“Esto ya se daba cuando sólo existía el teléfono. Hay hombres que utilizan el teléfono de manera continuada y permanente para controlar a las mujeres, para saber a dónde están, para tratar tener control de todo el uso de su tiempo y su ubicación permanentemente. Y cuando no existe alguna relación, hay unos que continúan su relación de acoso contra las mujeres con el celular”, afirmó Hidalgo, en entrevista con Tico Times.

 

“De lo que se trata es del control durante la relación y este mecanismo sigue la misma lógica de manifestar la posesión, el control, el poder sobre esa persona y el efecto que tiene en ella es que le genera temor ante la imposibilidad de resguardar su intimidad. Es una forma de violencia emocional, psicológica”, añadió Hidalgo.

 

Sin embargo, la funcionaria indicó que en Costa Rica aún no existen datos sistematizados sobre la incidencia de esta violencia.

 

De acuerdo con la campaña internacional “Dominemos la Tecnología”, “el hostigamiento en línea o ciberacoso es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para monitorear, rastrear y acosar a alguien, provocando angustia y temor por su seguridad personal”.

 

Esto incluye enviar amenazas o acusaciones falsas vía blogs, chats o celular; enviar comunicación no deseada y frecuentemente, con insinuaciones sexuales; robar la  identidad o información personal; y espiar, registrar o rastrear el uso de la computadora o Internet sin permiso.

 

El “Informe sobre los vínculos entre la Violencia de género y la tecnología”, elaborado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) señala que quienes cometen este tipo de violencia usan los servicios de localización de los celulares, obtienen contraseñas y vigilan los mensajes de texto y las llamadas entrantes. También usan las TICs para obtener y distribuir fotos y grabaciones íntimas y sexuales de mujeres sin su autorización. Y en algunos casos se han utilizado avisos o mensajes falsos en Internet para atraer a las mujeres hacia situaciones en las que sufren agresiones sexuales.

 

Isabel Rojas, investigadora social en la Cooperativa Sulá Batsú, que trabaja el tema de TICs y mujeres en Costa Rica, explicó que en el uso de la tecnología se debería usar la misma lógica que en la vida cotidiana.

 

En algunos casos todo empieza por solicitar la contraseña. “Muchísimas veces se escucha en las parejas que se piden la contraseña como una muestra de confianza y para demostrar que no se está haciendo nada que se tiene que esconder”, dijo Rojas.

“Pero igual que usted  no tiene por qué darle las llaves de su casa a una persona, tampoco tiene que darle a otro su contraseña de correo ni la contraseña para accesar a su teléfono, porque todo esto está violentando su privacidad. Se tiene que tener claro el límite de lo personal y lo privado y no se tiene que transgredir este límite. Solicitar o intercambiar contraseñas es incorrecto”, agregó la profesional.

 

“Usted no debería tener que justificar lo que está haciendo, a la hora en que lo esté haciendo en las redes sociales. O si no puede contestar un mensaje inmediatamente no tiene por qué justificar esas cosas ante ninguna otra persona”, enfatizó Rojas.

 

En este sentido, Salas comentó que hay una confusión frecuente de plantear los comportamientos de posesión, conocidos como celos, como si fueran manifestaciones de cariño.

 

“El comportamiento que estamos viendo aquí tiene que ver con reclamos orientados al control. No se trata de que yo estoy preocupado por vos. Se trata de que estoy molesto porque vos no contestaste cuando yo indiqué que tenías que contestar. Es importante que recordemos que las mujeres tenemos derecho pleno a la autonomía y a estructurar nuestro tiempo y nuestras vidas de la manera en que creamos conveniente”, destacó Salas.

 


El daño que experimentan las mujeres por este tipo de violencia es principalmente psicológico y emocional e incluye miedo, enojo, estrés y depresión.

 

Rojas dijo que el daño se manifiesta de la misma forma que cuando una persona está sintiendo una agresión verbal, física o emocional.

 

“Las personas están ansiosas, preocupadas, no están disfrutando realmente lo que están haciendo en ningún momento. Están en todo momento pensando 'tengo que contestar', 'tengo que estar pendiente de los mensajes que me llegan', 'no pueden tomarme fotos en ninguna parte', 'no pueden etiquetarme'. Todas estas cosas son señales de que las personas están sufriendo algún tipo de violencia usando estas tecnologías”, señaló Rojas.

 

Algunos agresores piensan que como están cometiendo actos de violencia en forma anónima y a distancia de las mujeres a los que van dirigidos, es más difícil identificarlos y denunciarlos ante la justicia. No obstante, los actos dejan rastro en el teléfono o en el ordenador y pueden ser perseguibles.

 

Hidalgo dijo que esta violencia se puede denunciar y para reportar esos abusos, la persona afectada puede guardar los mensajes de texto, de voz o de Facebook, que se pueden usar como pruebas.

 

En el caso de las llamadas telefónicas, se puede denunciar que se está cometiendo el delito de llamadas perturbadoras y solicitar a un juez que ordene a la compañía telefónica el registro de las llamadas entrantes. Este registro se puede usar como prueba.

 

“A veces se hace una separación entre el mundo real y el mundo virtual y no hay que equivocarse; lo virtual es absolutamente real. Igual que es importante recabar pruebas de cualquier forma de hostigamiento para plantear las denuncias respectivas, en este caso también lo es. Cabe la denuncia ante las mismas instancias que manejan las denuncias de violencia contra las mujeres”, dijo Salas.

 

La activista informó que toda compañía proveedora de servicios de Internet, por ejemplo, está obligada a guardar durante cierto tiempo la información que transita por sus servidores y a un usuario se le podría suspender su servicio de Internet  si se comprueba que está usándolo violando las normas éticas.

 

Según Salas, “cuando se firma un contrato con una compañía para servicios de Internet, la persona se compromete a que no lo utilizará para actos delictivos o contrarios a las buenas costumbres; entonces la violencia contra las mujeres es definitivamente una causal para suspenderle el servicio a un usuario”.

 

“Que no se equivoquen las personas. Es posible detectar dónde está ubicada una computadora que está siendo utilizada para el envío de este tipo de mensajes”, recalcó.

 

Asimismo, cuando se está frente a fenómenos más complejos como suplantación de identidad y no se sabe exactamente quién es el agresor, hay una Fiscalía de Delitos Informáticos, ante la que se puede denunciar este tipo de violencia.

 

Para Rojas, más que vacíos legales para procesar estos delitos en el país, lo que hay es desconocimiento.

 

“La mayoría de la gente desconoce que puede denunciar a una persona que está cometiendo esta violencia y la gente desconoce que puede ser denunciada por estar cometiendo este tipo de delitos. La gente cree que detrás del teléfono y detrás de la computadora deja de existir como persona y no puede ir a la cárcel, y lo que hace no tiene implicaciones legales; pero sí las tiene.

 

Marcha “Sin retroceso: Defensa y avance de los derechos”

Fecha: Martes 25 de noviembre, 9 am.

Lugar: Sale del Parque de la Merced hacia la Asamblea Legislativa


 

 

 

 

 

Monday, November 17, 2014

Costa Rica: Poca vigilancia de lavado de dinero en sector bienes raíces

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Este artículo fue publicado originalmente en The Tico Times:
Costa Rica criticized for lack of oversight of money laundering in the real estate sector


Actualmente Costa Rica está siendo evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y a las autoridades les preocupa específicamente el problema del lavado en el sector bienes raíces.


Se calcula que el lavado de dinero en Costa Rica representa el 22% del Producto Interno Bruto, según el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2001-2010”, dela entidad Global Financial Integrity.


El informe valora el porcentaje del PIB calculando la relación entre el PIB de cada país en el 2011 (según el Banco Mundial), y el promedio de los flujos ilícitos de dinero de cada país entre el 2002 y el 2011.

De acuerdo con el mismo informe, entre el 2001 y el 2010 el flujo de dinero ilícito en el país fue de $64 mil millones. En México, por ejemplo, fue de $476 mil millones en ese mismo periodo y en Panamá sumó $40 mil millones.

El pasado 4 de noviembre el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Cámara de Bienes Raíces y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos impartieron un taller en San José, dirigido a agentes de bienes raíces, para capacitarlos y evitar que sean utilizados para el lavado.

Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD, habló sobre obligaciones legales para prevenir el lavado y riesgos a los que está expuesto el sector.

 
Lavar dinero o legitimar capitales es un proceso en el que se disfraza la fuente ilegal, el destino o el uso de bienes o fondos productos de actividades ilegales, y éstos son integrados a la economía de un país para darles una apariencia legítima.


Chavarría explicó que en Costa Rica no se están aplicando medidas para restringir la importación de dinero en efectivo, a diferencia de otros países de la región. “Por eso es que están utilizando Costa Rica, porque no tenemos esas restricciones; buscan a los países que no se han blindado”, dijo.

La última vez que el GAFI –organización intergubernamental con sede en París y fundada en 1989- evaluó a Costa Rica para ver cómo controlan las autoridades el trasiego de dinero fue en el 2006. En este momento el país está en plena evaluación y el objetivo es determinar si las disposiciones, normativas u otras medidas aprobadas son acordes con las recomendaciones que se dieron en el 2006 y si son efectivas. 

Aquí puede ver una copia del informe del 2006:


Cuáles son las debilidades del país ante el lavado de dinero en el sector bienes raíces? Según Chavarría, una de las malas calificaciones de Costa Rica en la pasada evaluación del GAFI fue con los testaferros -personas que prestan su nombre para que se realice un contrato, negocio o servicio que pertenece a otro individuo-. Esta persona puede estar siendo usada sin saberlo para comprar y vender bienes, ocultando a los verdaderos dueños de las sociedades y del dinero.


“Nos hemos encontrado con miles de personas que son el mensajero de la empresa o el guarda, y que están inscritos como los fiscales de las sociedades. Es responsabilidad del corredor de bienes raíces saber quién es verdaderamente el beneficiario final, y quiénes son los accionistas detrás de esas sociedades”, comunicó el profesional.


También hubo mala calificación con la seguridad para realizar transacciones en negocios y profesiones no financieras. Chavarría recomendó aplicar normas de prevención como conocer al cliente, mantener registros del cliente y tener respaldo fidedigno de la información que da el cliente.

El experto destacó que “no es lo mismo hacer negocios con una persona de nacionalidad 'X', que con una persona de nacionalidad 'Y'”.


“A estas alturas del partido no es aceptable que alguien llegue a un escritorio jurídico inmobiliario o a un bufete, contrate servicios y que ponga $50.000, $100.000, $150.000 sobre la mesa para que le busquen una propiedad y que no le interese dónde esté la propiedad. Y encima la nacionalidad de esa persona que viene con esa cantidad de efectivo es de países de alto riesgo, donde hay carteles o son productores de droga”, continuó.

“Ahí es donde tienen que ir subiendo las connotaciones de riesgo y la forma de hacer negocios responsables y seguros para evitar que ustedes sean utilizados para lavar dinero. Hay que exigir mejores y más claros documentos”, prosiguió Chavarría.

Otra de las malas calificaciones fue con el reporte de operaciones sospechosas, ya que en este momento los corredores de bienes raíces no tienen un mecanismo habilitado para reportarlas y no es obligatorio que los negocios y profesiones no financieras reporten operaciones o transacciones sospechosas ante la UIF del ICD.

 
Las entidades financieras -bancos, puestos de bolsa, operadoras de pensión y financieras- sí tienen un mecanismo para reportar estas operaciones sospechosas, de acuerdo con la Ley 8204 contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo.

Según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), las entidades financieras denuncian aproximadamente 300 casos anuales de actividades sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos y la legitimación de capitales ante la UIF del ICD.

Chavarría informó que las agencias de vehículos ya tienen habilitado un mecanismo para reportar operaciones sospechosas y que el 27 de noviembre habrá una reunión entre personal del ICD y agentes de ese sector.

El profesional también señaló que se está haciendo un plan nacional contra el lavado de dinero, con apoyo del Banco Mundial, que incluye a profesionales, contadores, abogados, agentes de bienes raíces, la policía judicial y dueños de armerías.

“El estado no puede solo; el sector privado tiene que sumarse”, dijo.

Asimismo, en el presente los sectores catalogados de alto riesgo en Costa Rica son bienes raíces, casinos, abogados, notarios, contadores y comercializadores de metales y piedras preciosas; pero Chavarría piensa que el país podría definir varios más donde fluye el dinero en efectivo como clubes de futbol, subastas y casas de compra y venta.

 

 

 

 

 

Tuesday, November 11, 2014

Empresarios creen que pequeño grupo quiere sabotear logros del país

Eduardo Lizano y Richard Beck. Foto: Fabiola Pomareda


Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico Tico Times:

Business Leaders, industrialists worried about Costa Ricas political problem

Economistas, empresarios, banqueros y políticos que participaron en el foro “Costa Rica: ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por la Revista Summa, hablaron sobre los factores de riesgo que enfrenta la economía costarricense y externaron su preocupación, ya que creen que, más que económico, el problema del país es político y tiene que ver con “los políticos extremistas que hay en Costa Rica ahora”. A juzgar por sus comentarios, los problemas económicos del país tienen menos relación con las políticas instauradas por las anteriores administraciones y tienen todo que ver con un partido político en particular: El Frente Amplio.



Al foro, realizado en el Hotel Barceló San José Palacio, asistieron en promedio 350 personas. La conferencia magistral fue “¿Señales de alarma?”, impartida por Alberto Trejos, socio de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), ex ministro de Comercio Exterior en el Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), miembro de la junta directiva del Grupo Cuestamoras y de la del BAC San José. En la audiencia estaban personalidades como el expresidente Oscar Arias y el diputado del Partido Acción Ciudadana Ottón Solís. Durante el día se realizaron varios paneles: ¿Hacia el estancamiento económico y social?, “Nación con visión común o polarizada?” y “Alternativas de solución”.
También participaron como panelistas Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP); Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR); Jorge Sequeira, director de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); Carlos Camacho, presidente de Grupo Camacho; Gabriela Llobet, experta en competitividad; y Leonardo Luconi, presidente de la Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA).
Durante el panel “¿Hay riesgo de caer en una crisis como la de los 80?”, parte del foro realizado el pasado 3 de noviembre, los expositores dijeron que, si bien el país no estaba en crisis; sí estaba estancado y urgía una solución para el déficit fiscal.
Richard Beck, empresario e industrial estadounidense que vive en Costa Rica desde hace más de 50 años, dijo: “Yo no veo esto como una crisis”.
“Yo tengo otro problema que creo que va a afectar toda la parte económica y financiera de este país y el futuro costarricense desde el punto de vista político. El problema ahora son los políticos extremistas que hay en Costa Rica, muchos de ellos en el congreso, respaldando a los sindicatos extremistas que están con una clara y muy fuerte meta de conseguir lo que buscan. Representan un factor de inestabilidad increíble”, afirmó el inversionista, de 81 años.
Beck, quien conoció Costa Rica por invitación de su prima hermana Karen Olsen Beck –esposa del ex-presidente José Figueres Ferrer, se casó con Elena Terán Ferrer, e hizo aquí su vida.
Richard Beck. Foto: Fabiola Pomareda
 
“Tenemos que reconocer que en la Asamblea Legislativa hay diputados que definitivamente están con su agenda respaldada por un partido político bastante nuevo y que ese partido político tiene una meta muy clara”, siguió Beck.
“Se puede dialogar. Pero cómo vamos a dialogar con gente que ha dicho por ejemplo que nuestro enemigo principal es el solidarismo? Uno de los movimientos más ejemplares que hemos tenido en el país. Cómo vamos a tener entendimiento con líderes y políticos que han dicho que hay que ir a las calles para resolver los problemas?”, preguntó.
Beck es un reconocido empresario ya retirado fundador de Atlas Eléctrica S.A., el Banco Agro Industrial y de Exportaciones S.A. (Banex), Capitales Empresariales Centroamericanos S.A. (CEC) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Se ha distinguido por su apoyo al Centro de Formación en Tecnologías de Información (Cenfotec), del cual es co-fundador, y a a empresas de tecnología como Artinsoft, Predisoft, Lidersoft y World Magic.
En su intervención también dijo que “La situación se está complicando y se va a complicar aún más si no resolvemos las situaciones de las que estamos hablando ahora. Perdonen pero quién carajos quiere tener una crisis que pudiera dar una vuelta total a nuestra democracia y terminar con algo muy diferente de lo que tenemos hoy día y en el pasado?”
También se quejó de los términos con los que otros sectores identifican a los empresarios e industriales. “Ya somos neoliberales nosotros, cualquier empresario, cualquier industrial, cualquier agricultor, comerciante es el que está concentrando las riquezas en sus manos. Y ellos quieren un nuevo socialismo del siglo XXI. Las intenciones están claras. La lucha está muy dada, muy abierta y yo creo que tenemos que reconocer eso. Hay que recordar que lo que hemos visto en América Latina y que está cogiendo fuerzas de verdad es este asunto”.


En su libro de 1994, “Hostile Acts: U.S. Policy in Costa Rica in the 1980s,” la periodista Martha Honey incluyó a Beck en una lista de los “más influyentes empresarios locales, líderes de las varias cámaras de industria, comercio y exportaciones”, que estaban “ideológicamente comprometidos y que personalmente se beneficiaron por los programas del sector privado [de la USAID]”.


Honey incluyó a Beck en una lista de personas que pertenecían al círculo cercano al poderoso ex director de la AID, Daniel Chaij. Otros pertenecientes a este círculo, escribió Honey, incluían a Ernesto Rohrmoser, Luis Liberman, Samuel Yankelewitz y Alberto Dent Jr.

Según Honey:

“La AID también ayudó al gobierno a construir un relativamente pequeño y estable equipo de ministros y tecnócratas costarricenses -Eduardo Lizano, Carlos Manuel Castillo, Fernando Naranjo, Federico Vargas, Jorge Manuel Dengo y Armando Arauz, entre otros- que supervisaron la implementación de las políticas de la AID. Estos colaboradores de la AID en el gobierno eran neoliberales que veían al modelo económico existente en Costa Rica –basado en bienes de consumo, industrias, producción para el mercado local y regional, un amplio sector público y pocos productos agrícolas de exportación- como incapaz de sacar al país de su crisis económica. La red de la AID funcionó de forma paralela y en algunos casos se superpuso a la red manejada por la CIA de colaboradores costarricenses que se buscaron para apoyar los objetivos políticos y militares de los Estados Unidos durante los 80s”.
En opinión de Beck, el presidente Luis Guillermo Solís debe aprovechar la oportunidad actual con el problema de la huelga en Limón y el contrato con la empresa portuaria APM Terminals, para “demostrar de una vez que hay un líder en la Casa Presidencial”. En su criterio el presidente debe imponer sanciones a los huelguistas y también dejar atrás la ambigüedad en sus decisiones.

Gerardo Corrales. Foto: Fabiola Pomareda
 
Gerardo Corrales, gerente general del banco BAC San José, coincidió con Beck. “Hay sectores que quieren que efectivamente el país entre en una crisis para lograr sus propósitos”.
“Sinceramente creo que nosotros hemos estado muy ocupados en las tareas micro de nuestros negocios y le hemos dejado la cancha de las decisiones fundamentales a la gradería de sol”, dijo.
Corrales explicó que es muy difícil conseguir que los empresarios aporten de su bolsillo para financiar una campaña a su favor. “Cuesta muchísimo levantar una cuota de cinco mil dólares anuales, diez mil dólares anuales. Nadie quiere poner un cinco para iniciar una campaña educativa a la opinión pública  de que el sector privado no es malo, que el sector privado produce, que el sector privado genera empleo, que no es malo  que nos digan que somos capitalistas. Por qué? Yo respondo igual: “y usted es un comunista”. Cuál es el temor?”
“Tenemos que enfrentar las situaciones de ese pequeño grupito que quiere hoy sabotear lo que este país ha logrado en las últimas dos décadas”, declaró Corrales, economista graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del INCAE.
En el panel “¿Hay riesgo de caer en una crisis como la de los 80?” también participó Eduardo Lizano, socio de la Academia de Centroamérica y ex presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien dijo que el problema actual que vive el país “no es económico”. “El problema que tenemos es un problema político”.
Eduardo Lizano. Foto: Fabiola Pomareda
Mientras que Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), destacó que durante el problema de la huelga en Limón y el contrato con la empresa portuaria APM Terminals, el partido Frente Amplio emitió un comunicado en el que señalaba que respaldaría las exigencias del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).
“Yo me pregunto si ese respaldo incluye también ir a sacar el garrote para empezar a hacer lo que claramente eso significa y eso se llama subversión, se llama sublevación, se llama desobediencia, se llama irrespeto a la legalidad y se llama afectar la seguridad jurídica del país. Perdonen que sea tan franco pero ya es hora de decir las cosas como son y por supuesto que coincido con los presentes aquí de que esa quizás es nuestra mayor preocupación, nuestra mayor amenaza”, afirmó Egloff.

Enrique Egloff (izq.) y Eduardo Lizano. Foto: Fabiola Pomareda