viernes, 10 de abril de 2015

A 15 años del Combo del ICE, los ecos de la resistencia


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD
 

Por Fabiola Pomareda

La lucha contra el Combo del ICE fue el momento en que el desencuentro se radicalizó en Costa Rica. Las manifestaciones contra la aprobación legislativa del proyecto de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hace 15 años mostraron la profunda desvinculación entre la dirigencia política de Costa Rica y la gente. Hoy hacemos memoria.

 

Muchas veces se ha dicho que las protestas sociales empezaron a mediados de marzo del 2000 cuando los agricultores bloquearon la carretera a Cartago en el Alto de Ochomogo; pero todo empezó a gestarse mucho antes.

 

Antes del año 2000 hubo varios intentos de debilitar, vender o regalar el ICE, como con el caso Millicom a fines de los 80s y principios de los 90s. Fue en el primer gobierno de Oscar Arias cuando mediante un decreto ejecutivo, se le permitió a Millicom operar en el país, usando la frecuencia para operar telefonía celular. A fines de 1993 la Sala Constitucional emitió un dictamen y se ordenó a Millicom suspender operaciones en el país. En todo momento la dirigencia sindical y los y las trabajadoras del ICE, mantuvieron una constante oposición y procuraron el apoyo nacional.

 

En 1999 empecé a trabajar como reportera en el Semanario UNIVERSIDAD y recuerdo que desde ese año el periódico ya se dedicaba de lleno a cubrir  cualquier posibilidad de apertura, privatización de los mercados o venta de activos del ICE, las denuncias acerca de los peligros ambientales provocados por la generación eléctrica privada o la producción geotérmica en Parques Nacionales y la posibilidad de un aumento desmesurado en las tarifas eléctricas.

 

Pero la gota que derramó el vaso fue la introducción a la corriente legislativa del proyecto de “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, un plan que fundía tres proyectos y que venía a desmantelar al ICE, a privatizar las telecomunicaciones  y a ampliar la participación privada en la generación de energía.

 

Las luchas contra el Combo simbolizaron el hartazgo de esa época y el final desencuentro entre los estamentos políticos y la realidad de la gente. Todo el país se levantó.

 

Lo que pasó: 17 días de protestas

 

Cubrimos los días del Combo en el Semanario UNIVERSIDAD, los periodistas William Vargas, María Florez-Estrada, Eduardo Ramírez, , Rafael Ugalde; y en los días de las protestas sociales se sumó todo el equipo, Fabiola Ruiz, Lisbeth Huertas, Carlos Alvarado, Bértold Salas, Paulo Aguilar, Gilberto Lopes y muchos otros.

 

Estábamos en el gobierno neoliberal de Miguel Ángel Rodríguez cuando el 20 de marzo del 2000 se aprobó en primer debate el "Combo energético", con el voto de 45 diputados del "PLUSC" (PUSC +PLN). Para esto se usaron tácticas que se pueden calificar de autoritarias para forzar el debate y la aprobación en la Asamblea Legislativa, cuya implementación estuvo a cargo del presidente del directorio legislativo en ese momento, Carlos Vargas Pagán, con el respaldo de la mayoría mecánica del "PLUSC". Me refiero a la realización de sesiones maratónicas, el desalojo de las barras donde el público observa las sesiones del plenario, la toma de las instalaciones legislativas por fuerzas policiales y la misma votación del 20 de marzo.

 

Esto constituyó en última instancia el detonante de la desobediencia civil masiva. La explosión fue inorgánica y casi espontánea. Se manejaron unos niveles de conciencia como nunca antes.

 

El documental “Combo Callejero”, producido por Pablo Cárdenas, es una memoria de esta movilización social:



 

Empezó entonces la quemazón de llantas. Se dio un levantamiento popular y de resistencia. Se usaron métodos de desobediencia civil pacífica como los paros laborales, las huelgas, las concentraciones y marchas, las vigilias de oración, las caravanas de automóviles, los bloqueos de calles, la huelga de hambre, la recolección de firmas, la publicación de manifiestos en periódicos y la distribución de volantes.

 

La gente bloqueó el puente sobre el río Tempisque, la calle frente a la sede de la UCR en Liberia, hubo tomas de puentes en Pérez Zeledón, en el Alto de Ochomogo. Decenas de comunidades hartas de lo que estaba pasando políticamente salieron a la calle en Guanacaste, Limón, Puntarenas y la Zona Sur. Y que se diga en San José.

 

Los y las protagonistas: Trabajadores del ICE y del resto del sector público, ambientalistas, estudiantes universitarios y de secundaria, pastorales sociales, agricultores, artesanos, intelectuales y profesionales.

 

La marcha del 23 de marzo del 2000 ha sido una de las manifestaciones más importantes de la historia.

 

Se quebró el sistema. Llegó a haber hasta 17 bloqueos simultáneos en todo el país. Luego vino la violencia; todas las acciones de bombardeos con gases lacrimógenos, garrotazos y arrestos, ordenadas por el entonces Ministro de Seguridad Rogelio Ramos.

 

Toda esta movilización obligó al poder político a retirar de la agenda legislativa el controversial proyecto. El día 4 de abril el Gobierno accedió a conformar una Comisión Especial Mixta para analizar el futuro del ICE. Posteriormente, una resolución de la Sala IV declaró inconstitucional el primer debate en que se había aprobado el proyecto, por razones de procedimiento.

 

No fue la batalla final

 

José Merino del Río, quien en esa época era diputado de Fuerza Democrática, lo resumió muy bien en una compilación publicada por la Revista Aportes, en el año 2000, y titulada “De Combo en Combo, lecciones importantes”.

 

Escribió Merino, presidente fundador del Frente Amplio: “La lucha popular se dio en el contexto de un profundo malestar de un creciente número de personas con las políticas neoliberales y la corrupción”.

 

En esos años, los políticos tradicionales estaban bajo una permanente sospecha de la población, que los hacía responsables por el deterioro de sus condiciones de vida -la economía crecía; pero la riqueza no se redistribuía-, y por numerosos casos de corrupción que comenzaron con el fraude del Fondo de Emergencias, con los Incentivos Turísticos, el Fondo de Desarrollo Agrícola (FODEA), el Banco Anglo, BICSA, Aviación Civil, FODESAF, Compensación Social y los CAT. Y que aún continúan.

 

“Es evidente que la existencia de este descontento social creciente dio un gran aliento a la lucha contra el Combo”, apuntó Merino, fallecido en el año 2012.

 

Luis Paulino Vargas, hoy director del Centro de Investigación y Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), también relató en la Revista Aportes: “Los opositores éramos representados como una manga de ignorantes, retardados al punto de ni tan siquiera poder estudiar, mucho menos entender, esas leyes. Y se reiteraba que eran estúpidos, tanto los estudiantes de secundaria y universidad o los sindicalistas y empleados públicos, como los catedráticos universitarios y las gentes de las más variadas y remotas comunidades de Costa Rica” que se opusieron al Combo del ICE.

 

Días después de la conformación de la Comisión Especial Mixta se realizó el foro “Combo del ICE, lecciones aprendidas y alcances para la sociedad civil”. Ese día Rodrigo Carazo expresó: “Yo no creo que con el Combo dimos la batalla final; creo que falta mucho por hacer y que para poder hacer esto, la educación es fundamental, la participación popular alrededor de una agenda que nos lleve a nuestros agricultores, que nos lleve a quienes combaten la minería a cielo abierto, las exploraciones petroleras, todos aquellos que en estos momentos están sufriendo la amenaza de una mercantilización de nuestra sociedad, de una materialización absoluta de nuestra institucionalidad…”

 

Han pasado tantas cosas en estos 15 años.

 

Esta semana se llevaron a cabo varias actividades para conmemorar estas luchas. Eva Carazo, activista política y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) en ese entonces, hablo en una entrevista con Voces Nuestras de la importancia de mantener en la memoria el aprendizaje que supuso la lucha contra el Combo.

Entrevista a Eva Carazo - Voces Nuestras


Está claro que el triunfo social del año 2000 ocurrió en un contexto muy distinto del actual. “En la lucha contra el Combo logramos articular una enorme diversidad de sectores de la sociedad, gente de zonas rurales, de zonas urbanas, trabajadores del ICE, comunidades organizadas, sector estudiantil empresarial, académico”, dijo Carazo, y agregó: “Otro aspecto positivo que tuvo la lucha contra el Combo fue vincular la discusión con la idea de desarrollo, el tipo de estado, el tipo de país en el que vivimos”.

 

“Para los movimientos populares es muy importante recordar la historia, recordar los caminos que hemos recorrido, los aprendizajes, las lecciones, las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal también. Y es parte de lo que somos y tendemos a tener memorias muy cortas, a vivir muy en lo inmediato y a olvidar que muchas de las luchas que estamos dando tienen raíces profundas”, declaró Carazo.

Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD


Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
 
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.

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Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.
Foto: Cortesía Semanario UNIVERSIDAD.



 




 

 

lunes, 6 de abril de 2015

La costa es su hogar. Habitantes de territorios costeros siguen a la deriva de desalojos

Manuel Chacón, habitante de Tárcoles, Puntarenas. Foto: Fabiola Pomareda


Artículo publicado originalmente en Voces Nuestras: Gobierno convoca proyecto de ley para habitantes de territorios costeros

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Los habitantes de las zonas costeras y territorios insulares del país siguen enfrentando los desalojos ordenados por las Municipalidades, que de unos años para acá decidieron poner en orden las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). En días pasados el Gobierno tomó acción para que avance en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para beneficio de estos habitantes. No obstante, mientras, estas familias siguen a la deriva.

Manuel Chacón Rojas nació en Tárcoles, Puntarenas, y tiene 55 años de vivir allí. Le cuida las lanchas a sus hijos, que llevan gente en recorridos por el río Tárcoles a que vean a los cocodrilos. En Tárcoles, donde viven alrededor de 1.800 personas, la mayoría siempre ha vivido de la pesca, dijo Chacón; y otros del turismo.

“Nosotros vivimos en la parte costera y la otra parte la tienen abarcada los hoteles y las fincas. No hay dónde poder vivir. La tierra la tienen los grandes”, contó.

Cuando los padres de Chacón llegaron a Tárcoles, lo que había eran terrenos baldíos y la gente fue levantando sus casas ahí. Actualmente los únicos que tienen escritura son los finqueros, según el hombre. La gran parte de los habitantes de estos territorios costeros viven con la incertidumbre de que les llegue una orden de desalojo.

“En cualquier momento la Municipalidad puede echar a cualquiera o deshabitarlo porque ellos tienen otros proyectos, que no sabemos con qué beneficio o con qué lucro. La Municipalidad tiene plan regulador pero es al antojo de ellos”, dijo Chacón.

“No es estable en ciertas partes del área lo del plan regulador. Porque hoy el mar está cerca y mañana está largo. Cuando hay mareas grandes o inundaciones suceden esas cosas”, explicó.

Es decir, hay pobladores cuyas viviendas a veces están dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y a veces están fuera.

La Ley de ZMT de 1977

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), del 2 de marzo de 1977, los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público. No se permite construir dentro de los primero 50 metros; pero los otros 150 metros pueden ser concesionados por un período determinado de tiempo.

Costa de Pájaros. Foto: Cortesía Frente Nacional de Comunidades Costeras.


Un territorio costero comunitario  es aquel que está en los 150 metros que se pueden dar en concesión, tanto en la costa Pacífico como Caribe. Las familias que viven ahí deben someterse al plan regulador que haga la Municipalidad, solicitar una concesión y pagar un canon por la concesión.

Estos intentos recientes de hacer cumplir la ley de ZMT han dejado a miles de habitantes de las costas en un limbo. Muchos de ellos son pescadores artesanales de bajos recursos. Esta gente ha heredado el lugar donde viven de generación en generación; pero debido a lo dispuesto en la ley de ZMT no pueden dárseles títulos de propiedad ni decirles que tienen derecho de posesión. Algunas Municipalidades están implementando ahora sus planes reguladores y han ejecutado órdenes de desalojo.

La moratoria

En el año 2012, se aprobó la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, mejor conocida como la moratoria, que pide suspender el desalojo de las personas que viven en estas zonas costeras y la demolición de sus casas.

Según el documento, se suspendería por 24 meses el desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades y proyectos en la ZMT, la zona fronteriza y en zonas de patrimonio natural del Estado.

La moratoria venció en octubre de 2014 y actualmente hay intentos legislativos por renovarla.

Pero esa moratoria no excluía dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas, ni ejecutar resoluciones judiciales o administrativas si se estaba causando daño ambiental. Tampoco significaba otorgar derechos de ningún tipo a los ocupantes de esas zonas. Asimismo, la normativa autoriza a las Municipalidades a aplicar la moratoria según acuerde el concejo municipal respectivo.

Para Rigoberto Umaña, vecino de Dominicalito de Osa, da igual que exista o no la moratoria. Esto por cuanto no se obliga a las municipalidades a acogerse a ella; sólo se les recomendaba hacerlo y si no había un acuerdo municipal al respecto, los desalojos continuarían.

“Por lo menos en Osa, en el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó la moratoria y se dieron desalojos. La moratoria terminó en octubre pasado y ahorita en Dominicalito y en Dominical de Osa están notificando a la gente de los desalojos. Pero da igual que exista o no porque le dejaron ese portillo abierto a las Municipalidades”, señaló Umaña.

“Hoy me siento decepcionado. No sé por qué el gobierno da tantas vueltas con esta 'carambada'. Mientras tanto tenemos gente que está enfrentando los desalojos y enfrentando los tribunales”, expresó el hombre.

El proyecto de ley TECOCOS

Desde el año 2009, el partido Frente Amplio y las comunidades costeras introdujeron a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, más conocido como TECOCOS. La legislación reconoce el derecho de habitar en la ZMT a quienes demuestren que han vivido allí más de 10 años.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras, indicó que el objetivo del proyecto de ley es crear un régimen especial para las comunidades que ya están en esos territorios costeros por medio de una concesión por 35 años, prorrogable.

Wilmar Matarrita, coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras.


El proyecto otorga a las personas el derecho a solicitar un bono de vivienda y a construir una casa nueva, entre otras cosas.

A fines de marzo el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias dicho proyecto, cuyo nombre se ha modificado a Ley de Creación de un Régimen Especial para el Otorgamiento de Concesiones en Territorios Costeros Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios.

La convocatoria fue apoyada por diputados del Frente Amplio, del PAC, del Movimiento Libertario y el presidente del Congreso, Henry Mora. El proyecto ya está en el plenario, listo para que se negocie y el FA espera que se apruebe este mes.

De acuerdo con el documento, las municipalidades serán las que declararán qué zonas son territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios y serán las encargadas de dar los contratos de concesión “de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico”.

El trámite de la declaratoria lo podrán iniciar el 50% de los ocupantes de un territorio. La Municipalidad tendrá seis meses después de que entre en vigencia la ley para hacer un censo de ocupación de los territorios a concesionar. Luego la Municipalidad podrá empezar la formulación o actualización del plan regulador.

El plan regulador deberá preservar la identidad cultural, el uso sostenible de los recursos naturales y las características propias de las comunidades, se lee en el documento.

Las Municipalidades no podrán dar en concesión las áreas de uso común, las que están en zona pública, las que bloqueen el libre acceso a la zona pública, ni las que afecten el patrimonio natural del Estado.

Para recibir una concesión los habitantes tendrán que haber “ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo no menor de diez años”. Una vez aprobada esta ley se emitirá un reglamento que definirá el monto del canon a pagar en cada zona, con base en criterios técnicos sobre el valor del terreno, uso autorizado y el valor de las viviendas y construcciones.

No podrán otorgarse concesiones a personas no contempladas en el censo de ocupación que se haga; a personas que vivan en el extranjero; a personas extranjeras con condición administrativa irregular ni en condición de rentistas; a personas que ya tengan concesión según la Ley 6043 de ZMT; ni para la operación de marinas turísticas.

“Aquí se mueven muchas presiones y muchos intereses”, dijo Wilmar Matarrita. Las cámaras que se han manifestado en contra del proyecto son la de Turismo, la de la Construcción, y grupos de empresarios. “Pero hemos logrado avanzar muchísimo”, dijo el dirigente. “No estamos en la situación oscura de antes”.




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