Guacimal: Se mantiene fuerte defensa del río Veracruz

Río Veracruz. Fotos: Fabiola Pomareda

Fabiola Pomareda / pomaredafabiola@gmail.com

Guacimal, Puntarenas.- Verdes y densas montañas con bosque, y parcelas donde pasta ganado rodean a la comunidad de Guacimal, donde vive el río Veracruz. Sus aguas son un torrente que baja en medio de grandes piedras grisáceas.

Lo que se conoce como la cuenca del río Guacimal, que tiene 35 kilómetros de largo, es alimentada por varias quebradas y ríos. Las quebradas Sucia y Máquina drenan los centros urbanos más grandes de la zona, que son Santa Elena y Cerro Plano; mientras que la quebrada Cuecha, viene directamente de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Las quebradas Cambronero y Socorro drenan las tierras de bosque y pastoreo de las comunidades de Monteverde y San Luis. Más abajo, tres ríos alimentan la cuenca de Guacimal: los ríos San Luis, Acapulco y Veracruz.

Precisamente habitantes de Guacimal y pueblos cercanos se mantienen en defensa del río Veracruz, ya que un grupo solicitó una concesión para un proyecto de riego; pero éste no cuenta con permisos de construcción ni viabilidad ambiental.

Imágenes tomadas del documento “Water Resources of the Upper Rio Guacimal Watershed”, Justin Welch. University of Georgia Costa Rica Campus, Monteverde.

 

Fue en el año 2010 que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal pidió una concesión para tomar 163 litros por segundo del río Veracruz, durante 10 años, para un proyecto de riego que cubriría 175 hectáreas de 30 agricultores que tienen cítricos, hortalizas, maíz, pasto y actividad lechera. El proyecto sería desarrollado por el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).

Daniel Villalobos, joven activista y miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, hizo un recuento de cómo comenzó la lucha.

“La comunidad se sintió violentada. Esta Sociedad llegó y pidió una concesión para un proyecto de riego que supuestamente iba a beneficiar a Guacimal y a Los Ángeles pero el proyecto no se propuso en la comunidad. Al final los permisos se tramitaron para un proyecto el triple de grande que iba a llevar agua hasta fincas en Coyolar y Sardinal de Puntarenas. Iba a explotar una gran cantidad de agua que iba a amenazar la condición crítica de los ríos de la zona, que han sido muy afectados sobre todo en época seca por el cambio climático”, explicó Villalobos. 

Pero no sólo por el cambio climático. Mucha de la gente tiene miedo de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones porque básicamente han visto morir a otros ríos y han experimentado el sufrimiento de no tener agua. Un triste ejemplo es el río Acapulco, uno de los que alimentaba la cuenca del Guacimal.

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MINAE otorgó concesión y empezó la disputa

La Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (MINAE) otorgó a la Sociedad citada una concesión sólo por 74 l/s. La Sociedad apeló esa concesión y en el 2011 el MINAE les dio la concesión que querían por 163 l/s. Obtuvieron el permiso de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) únicamente con una declaración jurada de compromisos ambientales.

 

Verónica Sheehan, activista y co-fundadora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guacimal, criticó esas declaraciones juradas y la falta de control por parte de la SETENA.

“Hasta ahorita lo único que se han hecho son declaraciones juradas de compromisos ambientales, donde el desarrollador dice en un formulario 'sí, yo juro que no hay afectación a la flora y fauna; yo juro que no hay oposición de los vecinos, yo juro que no hay problema con este proyecto' y esa declaración de uno se utiliza como un instrumento para dar la viabilidad”, dijo Sheehan.

Después de que ocurrió eso, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal interpuso un recurso de amparo y en el 2014 la Sala IV anuló la concesión de 163 l/s y dejó vigente sólo la de 74 l/s. La Sala IV también anuló la viabilidad ambiental y ordenó hacer el estudio de impacto ambiental.

“El pueblo no estaba satisfecho”, continuó Villalobos, “entonces interpuso el recurso de amparo por la amenaza al derecho a un ambiente sano, porque la gran concesión amenazaba con dejar seco el río Veracruz, que es un río muy preciado por la comunidad por la calidad de su agua, porque es un río de agua limpia, que proviene de zonas donde no hay asentamientos poblacionales”.

Es un río sano y de gran riqueza

Tom Shahady es un estadounidense que lleva varios meses realizando biomonitoreo para ver qué tan sanos son los ríos de la zona. Conocimos a Shahady, quien es profesor de la Universidad de Lynchburg, en Virginia, tomando muestras de agua a las orillas del río Veracruz.

El investigador, con ayuda de estudiantes y en alianza con la Universidad de Georgia (Estados Unidos), analiza la calidad del agua, su temperatura, caudal, insectos, nivel de oxígeno, entre otras cosas.

Shahady está monitoreando los ríos Guacimal, Aranjuez y Lagarto, que forman parte del Corredor Biológico Pájaro Campana (desde Monteverde hasta Chomes en la costa). También está analizando la presión de las fincas, la contaminación y los conflictos de agua en las comunidades. Los resultados de esta investigación estarán listos este año.

Según Shahady, el río Veracruz es uno de los ríos más sanos de la zona, de acuerdo con los resultados preliminares.

“Actualmente el río Veracruz es muy sano, según la información que tenemos. Esto es importante para la comunidad porque ellos tienen una buena fuente de agua de excelente calidad y es muy difícil de encontrar en otros ríos. La comunidad puede desarrollar herramientas para protegerlo y usar esta información”, apuntó Shahady.

De hecho la comunidad ha denunciado sobre todo los efectos ambientales del proyecto de riego que se quiere construir y cómo afectaría la flora y fauna de la zona, como la nutria, especie amenazada de extinción, y el pez machín.

En una reciente visita a Guacimal, conversamos con vecinos que asistían a la Feria Rural. Algunos de ellos temen que si se construye el proyecto, es muy posible que se seque el cauce del río Veracruz. Doña Juana Emilce Loría, por ejemplo, vive en el pueblo de El Alto Fernández, en Guacimal.

“Resulta que ahora el río se lo quieren llevar, pero no para uso humano, sino para engrandecerse ellos con más dinero del que ya tienen. La idea de nosotros es pelear con las uñas pero que este río no se mueva de aquí. Si fuera para beneficio de la gente está bien, pero es para unos ricachos”, dijo doña Juana.

Su esposo, Juan Rafael Sánchez Elizondo habló de de los usos que le da la comunidad al río vivo.

“Algunos traen el ganado a beber agua, y se usa para pescar, para pasar las calores del verano, llevar los nietos para que almuercen ahí, y se bañen; los nietos aprendieron a nadar en este río”, contó.

El más reciente argumento

A pesar de la poca viabilidad social, la Sociedad de Usuarios abrió otro expediente ante la SETENA con un nuevo nombre: Proyecto de Riego SUDAGUA.

La comunidad volvió a interponer denuncias, a recoger firmas y a presionar a la SETENA para que no aprobara el proyecto. Finalmente la SETENA les dijo a los desarrolladores que necesitaban el estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, el nuevo argumento de los desarrolladores es que el proyecto de riego está ahora bajo la sombrilla del Decreto Nacional de Emergencias (No 38642-MP-MAG), emitido por el Gobierno en el 2014. Este dice que los proyectos incluidos en el Plan General de Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país “están exentos de trámites ordinarios ante las entidades competentes” y que no tienen que cumplir ningún procedimiento ambiental para ser construidos.

En julio de 2015 la SETENA resolvió no evaluar ambientalmente el proyecto, después de que los desarrolladores le solicitaron cancelar esta evaluación. 

Así fue como la Sociedad de Usuarios se preparó para iniciar la construcción del proyecto lo más pronto posible. En una visita reciente a Guacimal, pudimos observar más de 20 tubos de color verde claro y de unos 40 cm de diámetro apilados en una de las fincas cercanas, listos para el inicio de la construcción.

 

Pero Verónica Sheehan destacó que en el Plan General de Emergencia el proyecto tiene una categoría “ordinaria”, no de “excepción” y que en el 2010 la Sala IV se pronunció sobre un caso parecido, “donde se pretendía usar un decreto de emergencia como carta blanca para hacer cualquier cosa”.

“La Sala indica que emergencias son necesidades urgentes o imprevista en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, son situaciones transitorias y urgentes, y son para mantener los servicios públicos. El proyecto no responde directamente a la sequía ni es proporcional el supuesto daño ocurrido para operar con esta urgencia sin viabilidad ambiental. Sin embargo la Comisión Nacional de Emergencia insiste en respaldar esta medida de excepción sin una verificación de campo”, indicó en un comunicado la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del Cantón Central de Puntarenas, a la que pertenece Sheehan.

El 14 de diciembre más de 120 personas bloquearon parcialmente la carretera Interamericana, para exigir a la Municipalidad de Puntarenas la documentación de los permisos del proyecto de riego.

Danny Villalobos confirmó: “Con la documentación logramos confirmar que el proyecto no tiene permiso de construcción de parte de la Municipalidad, y eso es un requisito de ley. En una reunión comunal decidimos que íbamos a paralizar los trabajos hasta que alguna autoridad diera respuesta de por qué estaban permitiendo construir sin autorización de la Municipalidad y sin la viabilidad ambiental, que es lo que desde hace tiempo veníamos reclamando”.

Cuando los vecinos se enteraron de que estaban descargando maquinaria pesada y grandes tuberías cerca del cruce a Santa Rosa, a 4 kilómetros de Guacimal, bloquearon el paso de la maquinaria y exigieron a la Municipalidad que paralizara las obras. Esto ocurrió el 7 de enero. Ese día, finalmente, el Gobierno intervino.

Gobierno convoca a proceso de diálogo

Foto: Josué Segura

 

El pasado lunes 18 de enero se realizó una reunión en Casa Presidencial, como parte de un proceso de diálogo entre la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico de Puntarenas, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal, autoridades del SENARA, Dirección de Aguas del MINAE, Municipalidad de Puntarenas, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de la Presidencia.

Ese día SENARA accedió a mantener la paralización de las obras por 15 días más. En la reunión también participaron Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), y Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa del Frente Amplio. Ellos informaron que se acordó hacer un monitoreo de las concesiones actuales que tiene el río, legales e ilegales. El proceso de diálogo continuará el 25 de enero, con la audiencia de los argumentos de la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles.

En varias ocasiones hemos intentado comunicarnos con Anais Madrigal, representante legal de la Sociedad de Usuarios, pero no ha contestado el teléfono ni devuelto los mensajes.